La política española ha sido penetrada por las extremosidades de un humus de intereses donde hay de todo menos política, lo que desmedra la centralidad de la ciudadanía como fuente de poder. Esta emergencia democrática  ha provocado una ascendente secessio plebis en la que las mayorías sociales se han instalado en el Aventino de la desconfianza y la vindicación de su visibilidad social y política. La depredación de las élites económicas y estamentales se ha fundamentado en la creencia de que el sistema era impermeable a cualquier alternativa que agrietara el pacto de la Transición como arcana imperii, razón de Estado, donde el centrum mundi, conformador de una realidad inconcusa, no era sino los intereses, la irracionalidad y la supremacía de las minorías influyentes y sus capilaridades políticas y mediáticas que al imponer como realidad sus paradigmas ideológicos dejaban para la esgrima de la vida pública el limitado territorio de un pragmatismo de la no ideología transformada en ideología en sí como uniformador argumento áureo. El poder económico, como avisaba Galbraith, es el único capaz de actuar libremente bajo los autoritarismos, pero también de superponerse y condicionar la libertad política de los sistemas democráticos. Es decir, derivar la democracia a una apariencia y a un prejuicio.

El grosero aprovechamiento de la crisis por las élites para segmentar la sociedad, empobrecer a la ciudadanía, agredir hasta la extenuación al mundo del trabajo, llevar a la marginación a las clases populares, considerar la nación como un instrumento de sus negocios, con la ciega seguridad de que el relativismo moral presentado como tolerancia, y tolerancia equivalente a que todo vale y todo es negociable, seguirían teniendo ese efecto balsámico para el régimen de que las acciones más rechazables adquieren una rara respetabilidad cuando las perpetran las élites, las clases instaladas. Sin embargo, no previeron que cuando la radicalidad de los actos supera la tramoya de la justificación argumental se agranda la perspectiva que los desacredita y la irracionalidad proyectada como moderación los hace insoportables.

La libertad, nos dice Jean-Paul Sartre, es la posibilidad de alejarse de una situación para asumir un punto de vista sobre ella. El drama social que padecen amplios sectores de la población les ha hecho ganar esa libertad que les procura una perspectiva que trasciende al atrezzo fatalista de una sociedad descohesionada que intenta convertir en escoria conceptual su soberanía cívica. Como nos advierten Serge Latouche y Didier Hapagès el fatalismo es el verdadero enemigo del pueblo ya que sin la hipótesis de que otro mundo es posible, sencillamente no hay política, sino sólo la gestión administrativa y tecnocrática de los individuos y las cosas.

Perdidos los hilvanes de la credibilidad del régimen, se nos habla a los ciudadanos de regeneración democrática en un intento de reconstruir las bambalinas del escenario en un constante intento de enjalbegar los muros de un sistema cerrado en lugar de derribarlos, cuando la verdadera regeneración sólo puede consistir en salvar el Estado de derecho de la degeneración a que lo ha conducido el positivismo jurídico y los intereses de los estratos dominantes, los cuales lo han convertido en una idea que o no significa nada o es incapaz de encarar los dos frentes en que se despliega la irracionalidad: por un lado, la irracionalidad del sistema neoliberal, generadora de un nuevo feudalismo económico del que es encubridor el Estado formal de Derecho; de otro lado, la irracionalidad autoritaria. Ante ello, sólo una democracia radical, con empuje social desde abajo, puede dotar al Estado de un contenido económico y social para realizar dentro de su marco un nuevo orden de igualdad y de distribución de bienes que sea una alternativa válida frente a la anarquía económica y las tentaciones autoritarias. En definitiva, devolver la soberanía a los ciudadanos.

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