Ya he comentado repetidas veces lo que significaría la independencia de Cataluña en esta operación de convertir España en una constelación de minúsculos Estados, súbditos de la OTAN, como lo que ha acontecido en Yugoslavia. Pero la propaganda independentista, astutamente organizada, ha llevado a la mayoría de la izquierda a reclamar el referéndum de autodeterminación pretendiendo que este es un ejercicio de democracia que ningún demócrata puede negar. Como al parecer el fondo de la cuestión: dividir las naciones es una operación del imperialismo para hacer más débiles a los otros Estados, no tiene importancia para una izquierda presa del discurso de los independentistas que lo fía todo a la democracia formal, será necesario entrar a analizar a donde se ha llegado con esa mistificación de la democracia.

Conocemos la declaración de Gobbels de que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Ciertamente no hacía falta que viniera el Ministro de Propaganda del III Reich a decírnoslo, puesto que el poder desde tiempos remotos la ponía en práctica. Los términos del lenguaje sirven también para eso: para propagar mentiras, convencer a las gentes de disparates, agitar los odios, enfrentar a las personas y a los colectivos sociales.

En estos tiempos no hay término más utilizado en España que el de democracia en boca de los políticos. Al parecer tantos años privados de ella nos ha hecho adictos a ella. Pero, ¿para todos tiene el mismo objetivo? Y, ¿realmente el pueblo llano sabe qué significa?

Sin remontarnos a los tiempos de su invento griego –que hay que recordar tenía muy poco de ella ya que excluía de las decisiones políticas a las mujeres, los extranjeros y los esclavos- es bueno releer a Rousseau, puesto que es el padre teórico de la organización política que hemos heredado de la revolución francesa. De él leímos que sin igualdad no era posible hablar de libertad, aunque sus sucesores se hayan encargado bien de olvidarlo.

Ciertamente si la democracia ha de ser el gobierno del pueblo que elige a sus representantes, ese pueblo deberá encontrarse en iguales condiciones para elegirlo sea cual sea su sexo, clase social, origen étnico. De otro modo, poco podremos defender que una votación ha sido democrática cuando se da entre gentes que no tienen la misma educación, que están atemorizadas por el poder más inmediato que les domina, que obedecen las órdenes del marido y a las que se ha engañado con mensajes e informaciones falsas. Si hablamos de igualdad en la situación económica habremos de concluir que en ningún país “democrático” la ciudadanía puede votar democráticamente. Pero este es el dilema de elegir entre el poder burgués o el socialismo, que dejaremos para otra ocasión.

Difícilmente podemos aceptar que hay democracia donde las clases dominantes han dividido a la ciudadanía entre ricos y pobres, entre poseedores de medios de producción y explotados, entre hombres y mujeres, entre extranjeros y españoles, entre migrantes y nacionales. Aún así, las luchas revolucionarias que duran más de doscientos años han impuesto al poder unas mínimas reglas para impedir los abusos y excesos anteriores y determinar cómo se ejerce la democracia política, mediante votaciones rituales que tienen unas exigencias formales.

Esas reglas suponen que todas las opciones poseen las mismas oportunidades: se dirigen a una ciudadanía que conoce el tema que se le propone a votar y las consecuencias de hacerlo en un sentido o en otro, que ha tenido ocasión de ser instruida en el contenido de las opciones que se le plantean, y que todas disponen de igualdad de oportunidades para difundir su ideario. Condiciones éstas que deberán cumplirse en el caso de realizarse un referéndum con todas las garantías legales, como está pidiendo simplonamente la oposición de izquierdas.

Durante los 37 años que duran los gobiernos independentistas en Cataluña, desde que en 1980 ganó las primeras elecciones Jordi Pujol, el relato, nunca mejor dicho, que se ha difundido a la ciudadanía catalana es el de una historiografía falsa inventada por sus ideólogos. Se llega al delirio cuando en un vídeo difundido por las redes sociales se afirma que Cataluña era una República en el siglo XII que fue conquistada por el ejército de Castilla. Durante ocho siglos, por tanto, los ejércitos castellanos, y españoles más tarde, han conquistado y dominado al pueblo catalán. La Guerra civil fue la guerra de Franco contra Cataluña. Estos y otros disparates semejantes entran en el programa escolar desde los 6 años, en una operación de formación ideológica de la infancia que me recuerda la que se impartía en las escuelas israelíes en los territorios ocupados de los Altos del Golán, donde los niños del parvulario cantaban a coro “Samaria es Israel, Samaria es nuestra tierra”. Esta épica gloriosa y victimista se ha difundido por todos los medios de comunicación subvencionados por la Generalitat, que son la mayoría. Un amigo se sorprendía de que La Vanguardia apoyara el “procés” y el referéndum, cuando ese grupo periodístico pertenece a la familia del conde de Godó, monárquico y centralista notorio. Lo que no es tan notorio es que ese holding es uno de los más beneficiados por las ayudas públicas.

En los últimos años ha tenido mucho éxito el mantra de que “España nos roba”, breve y rotundo eslogan que permite atraer a la reclamación de independencia a una multitud de gentes desahuciadas –de su casa y de la vida- a la que los sucesivos gobiernos catalanes ha ido empobreciendo y marginando a medida que privatizaban la sanidad, las escuelas, los servicios sociales, las autopistas, e impulsaba una escandalosa subida del mercado inmobiliario, de la que los gobernantes eran los primeros beneficiados. El éxito era seguro cuando se afirmaba que la causa del déficit público se debía al expolio de que el Estado español hacía víctima a Cataluña, y que, en consecuencia, cuando la independencia pusiera en las manos del gobierno de la Generalitat el caudal robado por España, todos los catalanes serían ricos y felices, incluidos los pobres.

La cantidad que manejan día tras día –desde hace diez años- los dirigentes catalanes sobre el expolio fiscal de Cataluña alcanza la astronómica cifra de 16.000 millones de euros. Y a pesar de que ha sido varias veces desmentida públicamente, por varios expertos, entre otros Josep Borrell, Oriol Junqueras, el vicepresidente económico, sigue repitiéndola como prueba de los agravios que sufre Cataluña, para derivar contra el gobierno central el fuego de la indignación popular cuando se cierran ambulatorios, los ferrocarriles de cercanías no funcionan, y los discapacitados reciben una miserable ayuda después de muertos.

En esa épica, va incluida la memoria de los años dictatoriales en que fue perseguido y reprimido el idioma, signo distintivo y catalizador de la pertenencia a una nación. Con esa trasnochada reivindicación que se repite y repite en todos los discursos políticos y reclamaciones públicas, es posible enmascarar la realidad actual en que el catalán es la lengua única de la administración de la Generalitat, de los Ayuntamientos, de la escuela, e incluso de las grandes empresas. Gas Natural y la Caixa, esas que ahora se enteran del desaguisado y huyen, envían todas sus cartas en catalán a Madrid donde tienen clientes. Incluso la Consellería de Comercio sanciona a las tiendas en donde los rótulos no aparezcan en catalán, haciéndoles inspecciones mensuales.

No es posible en un artículo relatar pormenorizadamente la imposición del idioma que ha llevado cabo la política de la Generalitat, relegando el castellano de la educación, los documentos oficiales, las cadenas de televisión, las radios, los periódicos y revistas, las asociaciones y centros culturales, los actos públicos y privados. Mientras siguen reclamando respeto a los derechos lingüísticos, en la televisión estatal española tienen que traducir las declaraciones de los políticos catalanes porque pocas veces se deciden a dirigirse al público español en castellano.

Desde hace 10 años ininterrumpidos esta ha sido la campaña de agitación y propaganda que han llevado a cabo los independentistas. Pero ahora le venden a la ciudadanía que el referéndum es un acto supremo de democracia.

Los no independentistas hace una década que no tenemos acceso a las televisiones y radios públicas, que no nos publican un artículo los periódicos subvencionados, que no nos han invitado a ningún evento institucional. A mí, por cierto, nunca en los 37 años de imperio pujolista y nacionalista.

La campaña por el SI en el referéndum, que han financiado, organizado y dirigido la Generalitat, los Ayuntamientos por la independencia y las instituciones privadas, generosamente sostenidas con fondos públicos, como la Asamblea Nacional de Cataluña y el Omnium Cultural, amén de una miríada de asociaciones, clubes, bibliotecas, centros cívicos, ha ocupado todos los espacios de difusión y propaganda. Con dificultades y bastante miedo, las asociaciones privadas que se han posicionado por no participar han tenido escasos recursos proporcionados por sus socios y apenas visibilidad, y están vilipendiadas y acosadas continuamente. Un representante del PdCat ha tenido la desfachatez de tachar de espectáculo la manifestación organizada por Sociedad Civil Catalana contra la independencia, cuando ellos llevan 30 años organizando manifestaciones continuas y multitudinarias, con autobuses y viáticos pagados por la Generalitat. Al parecer sólo ellos tienen la exclusiva de convocar manifestaciones.

Una de las victoriosas estrategias gobbelsianas de los dirigentes independentistas ha sido identificar el rechazo a sus planteamientos con la adscripción a la derecha. Todo aquel que se manifiesta en contra de plantear la separación de Cataluña de España no es demócrata, es de derechas y hasta fascista. Y en este chantaje han sido pilladas las izquierdas. Con una mala fe manifiesta escritores, políticos y comentaristas, que incluso se adscriben a la izquierda, acusan a unionistas e incluso federalistas, de apoyar al PP, de estar satisfechos con el discurso del Rey, de querer a España una, grande y libre. Cuando después del discurso de Puigdemont al acabar el “referéndum”, que aseguró pomposa y enfáticamente que Cataluña es un “sol poble”, eliminando en dos palabras la diversidad cultural y nacional de la ciudadanía catalana, quedaba claro que a su Cataluña es a la que se le puede atribuir la enseña franquista de una, grande y libre.

En este sucinto repaso de las condiciones en que se convocaría el referéndum legal y con garantías, tan demandado, espero que quede claro que la más ausente es la democracia.

Esa izquierda es la cómplice más peligrosa de los delirios independentistas de los gobernantes catalanes. Empeñados en apoyar la deriva independentista simplemente porque es contraria al gobierno de Rajoy, con su apoyo están legitimando lo que no es más que la operación de falsedad más importante que se ha llevado a cabo en una comunidad, para encubrir el expolio y la corrupción continuada de que han hecho víctima al pueblo. Y además están propiciando la victoria de Rajoy y de Rivera. Y del rey. En vez de unirnos todos los grupos y partidos de izquierda de España en la reclamación de la III República, con esta operación independentista tendremos décadas de monarquía.

Y en el colmo de la perversión de los hechos y de las ideas hay quienes a esta conjura liderada por la burguesía catalana, con los Jordi Pujol, los Artur Mas, los Mas Collell, los Junqueras y los Prenafeta, los Joan Baptista Cendrós, los Lluís Carulla, los Lluís Millet, los Pau Riera, conspicuos representantes del empresariado catalán, en el textil, en Floid, en Gallina Blanca, en el mecenazgo del Palau de la Música y doctores en Oxford y en Harvard, la mayoría cómplices y beneficiados por el franquismo, con el representante de la derecha Puigdemont al frente, le llaman revolución.

Madrid, 7 octubre 2017.

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