Las instituciones que forman parte del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género han conocido el Informe del Grupos de Expertos que analiza las sentencias dictadas por los Tribunales de Jurado y las Audiencias Provinciales en el año 2015, en relación a homicidios y asesinatos cometidos entre los miembros de la pareja o expareja y de los menores a manos de sus progenitores.

En el Informe se han analizado 38 resoluciones de violencia de género, de estas 36 resultaron condenatorias, 29 por asesinato y 7 por homicidio, falleciendo como resultado de estos crímenes 39 mujeres.

Cabe destacar que en el 2014 la media de la pena de prisión en asesinatos de violencia machista fue de 18 años frente a los 20 años de cárcel en el 2015.

El Informe también destaca la reducida o nula afectación de alteraciones psíquicas y de consumo de alcohol en los autores de crímenes de violencia machista, mientras que alerta sobre el porcentaje de entrega voluntaria del autor, lo que demuestra que se beneficia de la atenuante del artículo 21 del Código Penal, cuya supresión para supuestos de violencia de machistas viene reclamando el Grupo de Expertos.

En estos 38 casos analizados, el responsable de los crímenes era español en 25 sentencias y extranjero en las 13 restantes. Si nos referimos a las víctimas 28 eran españolas y 11 extranjeras. La edad media de los autores fue de 42 años y medio y la de las víctimas experimentó un notable descenso con respecto a 2014 y se situó en torno a los 32 años, la media más baja registrada hasta ahora, ya que dos de las víctimas eran adolescentes.

También ha aumentado el porcentaje de crímenes en situaciones en que se mantenía la relación de afectividad o convivencia de la pareja. Además un 73% de las víctimas tenían hijos. De los 37 hijos que se recogen en las sentencias analizadas, 23 eran menores de edad y diez de ellos tenían menos de 10 años. En cuatro casos estos menores fueron testigos del homicidio o asesinato de su madre.

El Grupo de Expertos ha subrayado el escaso porcentaje de las denuncias previas a los agresores (un 3%) y resalta la necesidad, por una parte, de mejorar la información a las víctimas acerca de los cauces para denunciar y los instrumentos y herramientas legales para su protección, y por otra parte, de mejorar los canales de detección de situaciones de riesgo.

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