La factura de la luz ha vuelto a subir en mayo. El incremento de este mes ha sido de un 0,8% para el usuario medio, lo que supone que el recibo será con las tarifas de mayo un 18,2% más caro que hace doce meses, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción.

Con las tarifas PVPC del 1 al 31 de este mes, el usuario medio (366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia contratada) pagará 71,58 euros, frente a los 60,53 euros de mayo de 2016.

FACUA advierte de que en 2016, el recibo bajó en enero, febrero, marzo y abril para comenzar a subir mes a mes desde mayo hasta finalizar el año. En 2017, a la nueva subida de enero le siguieron sendas bajadas en febrero y marzo. En abril, el precio fue idéntico al del mes anterior.

El precio medio del kWh este mayo ha sido de 14,31 céntimos (11,25 más el 27,19% de impuestos indirectos), un 28,0% más caro que el mismo mes de 2016. El pasado enero llegó a situarse en 18,75 céntimos (14,74 más impuestos).

FACUA denuncia la despreocupación por los intereses de los usuarios que mantiene el Gobierno, cuyas políticas energéticas están enfocadas en proteger los del oligopolio eléctrico. La asociación lamenta la actitud complaciente con el sector que viene adoptando el ministro de Energía. Álvaro Nadal, que se niega a tomar medidas ante las desproporcionadas tarifas y los dramáticos niveles de pobreza energética para no perjudicar a las empresas del sector, que el año pasado aumentaron un 9% sus beneficios: más de 5.463 millones de euros.

Abusos

La asociación reclama la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español fomenta la especulación y los abusos. FACUA denuncia que hoy por hoy, es el sector eléctrico el que tiene intervenido al Gobierno, cuya política energética está más orientada a proteger los intereses de las compañías que los de los usuarios.

Se trata, advierte FACUA, de un sector donde nunca ha existido la competencia que se prometió engañosamente a los consumidores cuando se inició su liberalización, por lo que la única solución es emprender medidas similares a las adoptadas hace años en la UE con las tarifas móviles de roaming, de manera que sea el Gobierno el que fije los precios para los consumidores domésticos.

Además, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, impropio de un servicio esencial. En este sentido, reclama al Gobierno que baje el IVA de la luz al tipo mínimo permitido por la normativa europea, legislación que también debe ser modificada para facilitar una bajada mayor.

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