La lucha por unas pensiones justas

       La subida –por llamarla de alguna manera- en el conjunto de las pensiones y prestaciones económicas subirá el 0,25%, según Espacios Europeos. Esa subida –según previsiones del gobierno- alcanzará a 9.476.780 pensiones contributivas; 455.229 pensiones no contributivas y 191.240 prestaciones familiares.

    Seis de cada diez de esas  9.476.780 pensiones contributivas son de jubilación. “El coste total de la revalorización para 2017 alcanza los 288,23 millones de euros y el límite máximo de pensiones públicas se fija a partir del 1 de enero de 2017 en 2.573,70 euros por mes (el pasado año era de 2.567,28)”, según referencia del mencionado Consejo de Ministros.

    Por lo que respecta a las clases pasivas (625.332 pensiones), el coste es de la revalorización asciende a 33,81 millones de euros, según las mismas fuentes.

    La “revalorización” de las pensiones a partir del 1 de enero de este año, dejará el siguiente panorama: un pensionista de más de 65 años con cónyuge a su cargo, con una pensión de 784,9 euros mensuales pasará a percibir 786,86; es decir, unos 1,9 € al mes, una auténtica miseria. Pero a parte de esta mísera subida, las pensiones van a ver rebajado su poder adquisitivo, que cada lector haga sus cuentas y verá como su poder adquisitivo disminuye en un % elevado, en torno al 18%.

    Los sindicatos mayoritarios, en un esfuerzo inaudito, han pedido al Gobierno de España, que revalorice las pensiones en un 1,2% para este año, de acuerdo con las previsiones de inflación. Pero de eso nada.

    Nos parece una auténtica vergüenza esa “revalorizaciones” que ha hecho el Gobierno de España y el FMI; y también nos parece una vergüenza la tolerancia y silencio de los sindicatos mayoritarios. Y de los partidos políticos, qué decir, pues que han tirado mucha energía por la borda en la discusión interna por la lucha por un  sillón, por el “poder”, pero poca fuerza y adrenalina para defender unas pensiones justas y un “hucha de las pensiones” esquilmada por el Gobierno, tan sólo unos pocos partidos políticos están trabajando en la lucha de unas pensiones justas.

    Sin embargo, la sociedad civil se está uniendo en Coordinadoras, Plataformas de jubilados, yayoflautas, movimientos sociales y otras organizaciones en la lucha por unas pensiones dignas, mesas de firmas para blindar las pensiones en la Constitución para que ningún Gobierno las toque, así mismo, muchos ayuntamientos han aprobado mociones sobre el blindaje de las pensiones en la Constitución y  llevar dicha propuesta a los Defensores del Pueblo de las CCAA y nacional.

    Así, la Coordinadora Estatal por la Defensas del Sistema Público de Pensiones tiene por objetivos generales:

    -”Pedir a la ciudadanía que salgan a la calle y se movilicen en defensa al derecho a las pensiones públicas y a todos los derechos que nos están arrebatando.
-Luchar y exigir la pensión mínima fijada por la Carta Social Europea (1080euros).
-Luchar para revertir las reformas aprobadas por el Partido Popular y PSOE y exigir que la edad de jubilación máxima sea la de 65 años.
-Luchar para recuperar el poder adquisitivo perdido.
-Pago de las pensiones garantizado en la Constitución, de obligado cumplimiento por los presupuestos generales, sacando las pensiones de la lucha política y de reformas legislativas y que sean blindadas en la Constitución.
-Revalorización automática de las pensiones con el IPC real.
-Que se aborde un profundo debate para llevar acabo una verdadera reforma fiscal que revierta la actual situación de injusticia”.

    Por su parte las Plataformas, integradas en la Coordinadora Estatal, de pueblos, ciudades, ciudades provinciales, capitales de las CCAA, están trabajando en la recogida de firmas para la MEPR (Mesa Estatal Pro-Referéndum) para el blindaje de las pensiones en la Constitución Española y de este modo ningún Gobierno del signo que sea pueda tocar ni un € del dinero de los jubilados y reponer el Fondo de Reserva del Sistema Público de las Pensiones, así también proponen promover una reforma de la Constitución que prohíba la privatización del Sistema Público de Pensiones y la degradación de su poder adquisitivo. Para ello, instan al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se atienda la reivindicación de la MERP, promoviendo: “Una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a las pensiones”.