Vivimos en unos tiempos en los que la máxima de Lenin «miente, miente, que algo quedará» está siendo utilizada con cada vez más peligrosa asiduidad para lograr fines espurios y favorecer intereses corruptos. Hace pocos años la publicación por parte de los medios de comunicación de noticias que rozaban la injuria, la superaban o que, directamente, eran mentira, estaba acotada a la prensa amarilla. Que a un medio se le incluyera en esa categoría era una infamia y generaba el desprestigio de la cabecera. Sin embargo, en la actualidad, con la globalidad que da a la información el formato digital con el soporte de las redes sociales está provocando que el fenómeno de las fake news tenga mucha más penetración entre la gente y esté por encima de la información veraz que se le exige a cualquier medio serio y digno que trabaja bajo los parámetros fundamentales de la deontología periodística y de la ética.

La utilización del sensacionalismo, la manipulación o, directamente, la mentira, es un modo de desacreditar al cuarto poder y de estafar a la sociedad en su conjunto. Podrá ser más o menos divertido, pero, desde luego, eso no es periodismo.

La vicepresidenta Carmen Calvo afirmó que «la libertad de expresión no lo resiste todo, no lo acoge todo». A raíz de esto han sido muchos los medios de comunicación que se han lanzado a afirmar sin ningún tipo de análisis de estas palabras es que el gobierno de Pedro Sánchez pretende amordazar la libertad de prensa.

La realidad es que esa regulación que la vicepresidenta afirmó tenía más que ver con la lucha contra el fenómeno de las fake news y, por supuesto, nada que ver con una restricción de las libertades reconocidas en la Carta de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución.

Hay una corriente de pensamiento que afirma que la mejor ley para regular la libertad de expresión es la que no existe, algo que, evidentemente, nos lleva a la anarquía. Ya hay límites establecidos dentro de la libertad de expresión y se encuentran en el Código Penal en sus artículos 205 y 208. Si se hace una lectura detenida de ellos podremos encontrar la siguiente definición para el delito de injurias: «la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por grave» y, respecto a las calumnias, el Código Penal indica que «es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad». Además, el artículo 211 hace referencia a las calumnias propagadas a través de los medios de comunicación y la responsabilidad de la comisión de dicho delito recae en «la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria».

Por tanto, ya existe una regulación de la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Hay que endurecerla aún más? No. ¿Hay que reformar el Código Penal para que sea mucho más exacto en las definiciones de los actos delictivos que se pudieran cometer con las fake news? Probablemente, teniendo en cuenta la situación actual de algunos medios de comunicación, haya que realizar dichas reformas. No se trata de coartar o amordazar la libertad de prensa. Hablamos de otra cosa.

Para mejorar nuestra salud democrática es fundamental que un gobierno valiente como el de Pedro Sánchez y Carmen Calvo actúen ante la cantidad de suciedad que está impregnando algunos medios y que está contagiando a los que históricamente se han caracterizado por, desde líneas editoriales totalmente antitéticas, el rigor y la ética profesional. La libertad de prensa representa, no sólo ser libre a la hora de publicar tal o cual contenido, sino que implica la responsabilidad de dar al pueblo una información veraz y contrastada porque los ciudadanos, además, tienen el derecho al acceso libre a la información. La publicación de noticias falsas o tendenciosas son, por tanto, un atentado contra esa libertad de prensa y de expresión.

Paradójicamente, son muchos de esos medios que caen en la tendenciosidad para favorecer intereses espurios los que ahora están siendo más virulentos contra la vicepresidenta. Tal vez pretendan convertirse en los paladines de la defensa de unas libertades en las que ni siquiera ellos creen.

La campaña de difamación orquestada contra el Gobierno porque no se pliega a las pretensiones de la derecha más rancia, del ultranacionalismo de Albert Rivera o de los intereses de quienes no podrán sacar beneficios de las políticas sociales del Ejecutivo Sánchez es insostenible. Muchos medios parece que funcionan como sicarios de quien les paga. Esa es la verdadera mordaza que se le está poniendo a la libertad de prensa: la que compra con treinta monedas de plata el silencio, la libertad y la ética de algunas cabeceras.

Algún día hablaremos de esas mordazas largo y tendido. Hoy no es el momento.

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