La Ley del Deporte, Ley 10/1990 de 15 de octubre, en su artículo 47 afirma lo siguiente: “Es obligación de los deportistas federados asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales para la participación en competiciones de carácter internacional, o para la preparación de las mismas”. En su artículo 76 se considera como falta muy grave “la falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales”. La sanción para esta falta se especifica en el artículo 79: “Inhabilitación, suspensión o privación de licencia federativa, con carácter temporal o definitivo, en adecuada proporción a las infracciones cometidas”.
Estas disposiciones serían de aplicación adecuada en el caso de los deportistas amateurs pero en ningún caso en lo referido a los deportistas profesionales. Éstos tienen firmados contratos con empresas o clubes privados y, por lo tanto, sus derechos y obligaciones laborales se rigen por la legislación laboral vigente. Cada vez que un deportista profesional con contrato en vigor y que recibe su salario de su club —sea éste o no una sociedad mercantil— es convocado por la selección de turno las federaciones correspondientes están incurriendo en una cesión ilegal de trabajadores.
La cesión ilegal de trabajadores se regula en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores: “se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en el presente artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario”.
Las convocatorias de la selección serían de aplicación adecuada en deportistas amateurs pero no para los deportistas profesionales
En el mundo del deporte, sobre todo en lo referido a deporte de equipo, es bastante habitual que los clubes más poderosos cedan a sus deportistas a otros clubes con menos recursos. Sin embargo, en estos casos no se produce esta cesión ilegal de trabajadores ya que el club cedente asume directa o indirectamente las obligaciones laborales que tiene la entidad cesionaria tanto en materia de cumplimiento de los correspondientes convenios colectivos como en lo referido al pago del salario del deportista. Es una especie de subrogación de contrato que suele tener una duración determinada en los acuerdos de cesión entre las partes. De ahí que no se produzca la cesión ilegal.
Sin embargo, en la cesión de jugadores a las selecciones nacionales no ocurre así ya que las federaciones correspondientes no asumen ninguna de las obligaciones laborales ni salariales de los deportistas. Simplemente los mantienen por un tema de prestigio profesional, les pagan los viajes y la manutención pero nada más. Durante el tiempo en que los deportistas permanecen concentrados quienes están pagando sus salarios son los clubes. Las federaciones no pagan nada porque desde un punto de vista laboral esos deportistas tienen un contrato en vigor con su club. Por otro lado, tampoco existe una subrogación de las condiciones laborales establecidas en la legislación general y en los convenios colectivos correspondientes, además de producirse un abuso en el caso de que ese deportista sufra una lesión ya que vuelve a su club, donde no puede realizar el cometido por el que está contratado. Ese club no recibe ningún tipo de compensación, por lo que sufre un perjuicio económico —es el club quien sigue pagando el salario— y en lo referente a la productividad puesto que no puede contar con el deportista hasta que no se ha recuperado.
Las federaciones correspondientes no asumen ninguna de las obligaciones laborales ni salariales de los deportistas
Pongamos un ejemplo clarificador: lo que ocurre en el fútbol. A Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Sergio Ramos o a cualquier futbolista profesional se le están vulnerando sus derechos laborales cada vez que son obligados a ir con sus selecciones a disputar partidos o competiciones internacionales. Tanto las federaciones como la FIFA o la UEFA están incurriendo en un delito de cesión ilegal de trabajadores. Es cierto que los futbolistas tienen unos salarios elevados y que son unos privilegiados pero, al fin y al cabo, son trabajadores a los que se les están vulnerando los derechos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.
Ningún gobierno se ha atrevido a poner fin a esto por la actitud de enfrentamiento constante de la FIFA o de las confederaciones y por el miedo a que estas instituciones sancionen a la Federación Española con la retirada de las competiciones internacionales. La FIFA y la UEFA se aprovechan del escándalo que se provocaría en un país como España en el caso de que un gobierno pusiera coto a estos abusos, a pesar de que el hecho de que no lo haga ya es un escándalo para nuestro sistema democrático. Tanto la FIFA como la UEFA como la Real Federación Española de Fútbol utilizan el siguiente sistema: si un jugador se niega a ir con la selección tras ser convocado, le retiran la licencia federativa y, por lo tanto, no puede volver a ejercer su profesión; si un club se niega a ceder a un jugador a una selección, se le retira de las competiciones en las que participe; si un Estado se opone a la legislación FIFA/UEFA, se le retira la acreditación a la Federación y, en consecuencia, ese país no puede volver a participar en las competiciones organizadas por dichas entidades, tanto a nivel de selección como a nivel de clubes.
Las federaciones como la FIFA o la UEFA incurren en un delito de cesión ilegal de trabajadores en las convocatorias de las selecciones nacionales
El miedo a la repercusión que tendría en la población de la aplicación de estas sanciones ha paralizado a los diferentes gobiernos pero el hecho de que esos gobiernos estén permitiendo que se esté vulnerando la legislación laboral y los derechos de los trabajadores es una dejación de las funciones que cualquier Ejecutivo tiene hacia sus ciudadanos.
