La ciudadanía española se quedará sin saber por qué el informe sobre la polémica venta de la Torre Foster de Madrid que el Banco de España debía enviar al Sepblac (la unidad de inteligencia financiera que controla el blanqueo de capitales) estuvo supuestamente paralizado durante más de un año. Y no se sabrá, entre otras cosas, porque el ex fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, dio carpetazo en solo unos días a esta gigantesca operación inmobiliaria en la que aparecen los nombres de Bankia, de relevantes empresarios españoles y de un magnate de Abu Dabi.

La historia del edificio Foster-Cepsa se remonta a septiembre del año 2016, cuando Bankia vendió la torre a Khadem Al Qubaisi, ex presidente de Cepsa. La venta costó 397,9 millones de euros, e inmediatamente después el empresario de Abu Dabi la transfirió al industrial Amancio Ortega, propietario de Inditex, por unos 90 millones más, según informaciones del diario Vozpopuli.

El 2 de febrero de 2017 se inició la investigación del Banco de España sobre este asunto. Sin embargo, hasta el 10 de abril de 2018 el organismo no dio por entregado el expediente al Sepblac. Ese mismo día, el ex gobernador del Banco de España, Luis María Linde, comparecía ante la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España del Congreso de los Diputados, donde varios representantes políticos le preguntaron sobre los detalles de la polémica operación inmobiliaria que afecta a una de las cuatro torres construidas junto a la Estación de Chamartín. Los portavoces parlamentarios se basaron en una información difundida por el diario El Mundo ese mismo día, en la que bajo el titular “El servicio Antiblanqueo investigará la venta de la Torre Foster por parte de Bankia” se informaba de que los inspectores del Banco de España habían concluido que esta entidad financiera “cometió irregularidades e incumplió la normativa antiblanqueo” en la venta del rascacielos por 397,9 millones de euros a Khadem Al Qubaisi. Según el rotativo madrileño, a la vista de los indicios de supuestas irregularidades, los inspectores decidieron trasladar el informe al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) para que investigara esta transacción, solo que tardaron más de un año en remitir el dosier. ¿Por qué se retrasó tanto el envío de esta documentación? La pregunta quedará sin respuesta después de que el fiscal haya decidido cerrar el asunto.

Los diputados que interrogaron a Linde en la Comisión de Investigación quisieron saber más sobre la operación urbanística y sobre la lentitud del Banco de España en entregar el citado informe al Sepblac. Así, Alberto Montero, portavoz del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, preguntó a Linde por qué el informe de los peritos estuvo guardado en los cajones del Banco de España en “no se sabe qué estancia ni por qué motivo”, con la consiguiente posibilidad de que se destruyeran y falsearan pruebas para que cuando llegara el momento en que el servicio de prevención de blanqueo de capitales y fiscalía intervinieran, tales pruebas hubieran desparecido. Además, Montero criticó que como consecuencia del retraso de un año en entregar el informe al Sepblac, “se haya dado lugar a la prescripción de determinados delitos”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Francisco de La Torre, citando también el artículo de El Mundo, calificó la venta de la Torre Foster como “una operación de un eventual blanqueo de capitales”, ya que el rascacielos fue vendido a una sociedad “bastante oscura” sin saber de dónde ha salido el dinero. “Yo me pregunto por qué este informe ha estado parado más de un año antes de remitírselo a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias”, preguntó De la Torre al gobernador del Banco de España.

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