Un año más, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se convierte en todo el país en un acto masivo de reivindicación por los derechos de las mujeres, contra el maltrato y la violencia machista. Y un año más la fecha coincide con una serie de noticias que revelan cuánto tiene que avanzar todavía la Justicia española para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Parece imposible de creer pero en pleno siglo XXI aún hay jueces que consideran que si una mujer no cierra bien las piernas en el momento de ser violada, resistiéndose con todas sus fuerzas al ataque, es que ha prestado su consentimiento para mantener relaciones sexuales con su agresor. E incluso los hay que ven una clara provocación en el hecho de que una mujer se vista con una minifalda.

La sentencia de La Manada, dictada el pasado 26 de abril contra cinco hombres que abusaron en grupo de una joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín de 2016, ha supuesto un antes y un después en la historia del feminismo español, ya que miles de mujeres tomaron conciencia de la discriminación que sufren, se movilizaron y salieron a la calle en toda España para mostrar su repulsa contra la decisión judicial que condenó a los acusados a una pena de 9 años de prisión por abuso sexual y no por violación. Fue la sentencia más polémica de los últimos tiempos, más aún porque inicialmente la Fiscalía había pedido 22 años de cárcel para cada uno de los agresores por tan graves hechos. A pocos expertos en asuntos judiciales les queda la duda ya de que aquellos magistrados dictaron su resolución desde una ideología y unos clichés claramente machistas, sobre todo uno de ellos, que consideró que la víctima había participado por propia voluntad en la sesión sexual en un ambiente de “regocijo y jolgorio”, cuando en realidad había sido todo lo contrario, ya que la joven se vio paralizada y aterrorizada por cinco hombres corpulentos que la introdujeron en un portal para someterla a prácticas aberrantes.

La reacción indignada de miles de mujeres contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra llevó a pensar que algo podía estar cambiando en nuestra Administración de Justicia. Muchas españolas creyeron que la sentencia de La Manada supondría un punto de inflexión y que a partir de ese momento los jueces y magistrados empezarían a tomarse en serio algo tan importante para una sociedad civilizada como la igualdad de género. Por lo visto fue un espejismo. Más allá de los discursos bienintencionados que en aquellos días de manifestaciones y protestas hicieron los políticos y los altos cargos de la judicatura, poco parece haber cambiado, y las sentencias polémicas siguen sucediéndose como si nada hubiese pasado.

El pasado mes de octubre Francisco Javier Martínez Derqui, el juez que instruye el caso de la modelo María Sanjuán contra su exmarido ‒al que acusa de malos tratos psicológicos, amenazas y coacciones‒, fue sorprendido en una serie de comentarios machistas de la peor especie. “Verás el disgusto que se va a llevar la María Sanjuán cuando vea que tiene que darle los hijos al padre. Estará por la noche en el Sálvame poniéndome de vuelta y media”, soltó en un momento de relajación el magistrado, que terminó mofándose de la modelo supuestamente maltratada tildándola de “bicho” e “hija de puta”. Los comentarios hirientes del instructor, captados en un audio difundido por la Cadena Ser, supusieron un nuevo escándalo para la Justicia, y con razón, ya que Martínez Derqui es el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 7 de Madrid.

Un juez burlándose de una víctima de malos tratos después de la polémica sentencia de La Manada era lo último que le faltaba a la maltrecha y degradada Justicia española, pero el machismo imperante entre ciertos jueces y magistrados aún iba a dar nuevos episodios bochornosos. Hace solo unos días, el mismo tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra que juzgó a la pandilla de La Manada condenaba a diez meses de prisión por “maltrato ocasional” a un hombre que supuestamente intentó estrangular y acuchillar a su mujer delante de sus hijos de tres y seis años. El agresor fue absuelto del delito de homicidio en grado de tentativa porque “liberó a su pareja de forma libre y voluntaria”, rechazando el tribunal las tesis de la Fiscalía, que solicitaba 8 años y medio de cárcel y 10 de alejamiento de la víctima.

Casi al mismo tiempo, la Audiencia Provincial de Lleida consideraba abuso y no violación el ataque que un hombre y su sobrino perpetraron contra una joven en la parte trasera de una discoteca. La mujer se negó a mantener relaciones sexuales con sus agresores y llegó a implorarles que la dejaran en paz. Nada de eso ha servido para remover la sensibilidad de los magistrados. A juicio del tribunal, en este caso tampoco ha habido violencia ni intimidación, y aunque la víctima reconoció haber quedado paralizada cuando sufrió el asalto, los jueces creen probado que ella “no gritó ni se resistió”, por lo que no cabe hablar de violación. Finalmente, la Audiencia leridana ha impuesto 4 años de prisión a los acusados, otra rebaja injustificable para no pocos expertos en Derecho. Una vez más, la petición del fiscal ‒que solicitaba 15 años de reclusión, un castigo mucho más severo y acorde con los derechos de la mujer‒, fue finalmente desestimada.

Decisiones como estas y otras muchas que no llegan a las primeras páginas de los periódicos nacionales se suceden con demasiada frecuencia en la Justicia española, lo que induce a pensar que algo está fallando en el sistema. Sin embargo, en esta ocasión el error puede que no esté en las leyes vigentes sino más bien en las cabezas y en las mentalidades de quienes tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar el Código Penal. Quizá estamos ante una generación de jueces irremediablemente machistas, lo cual tiene difícil arreglo. En cualquier caso, tendrán que venir nuevas hornadas de juristas jóvenes para comprobar si la educación en igualdad que han recibido en escuelas y universidades en los últimos años surte su efecto. De momento, el Gobierno socialista –el más feminista de la historia de España‒, parece que se ha tomado muy en serio el problema del machismo en la Justicia y ya ha anunciado medidas correctoras, como una reforma para una mayor concreción de los artículos que tienen que ver con los delitos contra la libertad sexual. El Ejecutivo de Sánchez también tiene previsto introducir cursos de formación y reciclaje para jueces y magistrados que les ayuden a ejercer su función desde la perspectiva de la igualdad de sexos. Medidas sin duda positivas pero cuya implantación llevará algún tiempo y cuyos efectos beneficiosos, de producirse, solo se dejarán sentir a largo plazo. En este caso la lentitud de la Justicia va en perjuicio de los derechos de las mujeres, que tras siglos de humillación ya no están dispuestas a seguir esperando mucho tiempo más.

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