Diario16, en los distintos medios que conforman el Grupo de Comunicación MEG, lleva tiempo publicando datos sobre los distintos frentes en los que se encuentra investigado o imputado por distintos presuntos delitos relacionados con la corrupción el presidente de la Diputación de Almería y alcalde de Roquetas de Mar. Sorprende cómo Amat se está escapando de la mano de la Justicia, de una u otra forma, o cómo está logrando escabullirse a través del alargamiento de las fases de instrucción.

Sin embargo, los jueces ya se están hartando de Amat y esto ha quedado patente en el auto emitido por el juez Jesús Miguel Hernández Columna, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Almería, donde da un plazo de 5 días a la Diputación de Almería para al entrega de la documentación requerida. En concreto, el auto dice lo siguiente:

«Remítase nuevo oficio al Sr. Secretario de la Diputación Provincial de Almería para que sin más dilación remita a este Juzgado todas las facturas relacionadas en los anexos 1,2,3 y 4 del informe de la UDYCO de fecha 23 de diciembre de dos mil quince (folio 622), en documento original, identificándose respecto de cada una de ellas nombre y apellidos y categoría del funcionario, político o persona firmante o autorizante o que da conformidad del pago e interviene en el tracto de pago, concediendo un plazo de CINCO DIAS, diligencia de requerimiento que se efectuará por funcionarios adscritos a UDYCO Costa del Sol, Grupo I Blanqueo de Capitales a la mayor brevedad posible, y con las advertencias legales correspondientes, incluida en su caso, ante los reiterados requerimientos ya efectuados con resultado negativo, la posibilidad de la práctica de diligencia de entrada y registro, conforme a los arts. 546 y concordantes de la LECrim».

Este auto viene provocado por un requerimiento de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) de que se aplicaran una serie de diligencias contra Gabriel Amat y la Diputación de Almería por el reconocimiento de acuerdos extrajudiciales de crédito por valor de 4.5 millones de euros.

Como se puede comprobar en la parte dispositiva del auto del magistrado Hernández Columna, la Justicia comienza a hartarse de las maniobras de Gabriel Amat para tapar y dilatar todos los asuntos de presunta corrupción por los que está siendo investigado.

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