Las “puertas giratorias” no sólo funcionan en la política. La Justicia, probablemente es el sector donde se producen más fenómenos de este tipo: jueces y fiscales que abandonan su carrera para entrar en el sector privado. Incluso en la política. Lo que hacen allí forma parte de la especulación porque nadie puede demostrar que ejerzan influencia sobre sus antiguos compañeros. Eso sí. Es más fácil comunicar con un ex colega que con un abogado desconocido o poco relacionado. De ahí que los grandes bufetes se rifen a estos profesionales “en situación de excedencia”.
En las diferentes piezas del Caso Gürtel, donde se investigan a altos cargos del Partido Popular por el cobro de comisiones, y la presunta existencia de una caja B, algunos de los investigados y en algunos casos ya acusados formalmente, han escogido como abogados en la Audiencia Nacional a ex fiscales y ex jueces que ejercieron en este organismo.
Algunos de ellos pertenecieron a los llamados “fiscales indomables”, un grupo de presión que llegó a actuar con una dureza inusitada contra sus superiores, y a quienes se llegó a calificar de “impulsores de la politización de la Audiencia Nacional”. Jesús Santos representa al ex gerente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Ángel Cañas. Ignacio Gordillo también defiende a investigados en esta causa y, a su vez, representa a la acusación particular en los casos ERE, y los Cursos de Formación en Andalucía.
María Dolores Márquez de Prado, compañera del ex juez Miguel Ángel Gómez de Liaño, Ignacio Peláez, Luis Jordana de Pozas, acusador público en el juicio a Lola Flores por delito fiscal, y Florentino Ortí, primer fiscal del Caso Banesto, completan la nómina de defensores de los imputados en las piezas de la trama Gürtel. Defienden, entre otros, al arquitecto que reformó la sede del PP en la madrileña calle Génova, Gonzalo Urquijo, al ex gerente popular, Cristóbal Páez, al jefe de la oficina valenciana de Turismo, Rafael Bertoret, a la esposa de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, a los ex alcaldes de Majadahonda y Arganda, y al ex diputado, Javier Merino.
Los jueces Javier Gómez de Liaño y José Antonio Choclán defienden, o han defendido en algún momento de la Causa, a los principales acusados de la trama Gürtel, Luis Bárcenas y Francisco Correa.
Ex jueces y ex fiscales también defienden a encausados en sumarios de corrupción como los ERE. La ex ministra Magdalena Álvarez, imputada, está asesorada por Horacio Oliva, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. Oliva no ha pasado por la carrera judicial pero, según dicen en la Audiencia Nacional, “manda más que los jueces”. Su influencia llega hasta tal punto que cuando se presenta en un despacho consigue “lo que otros no consiguen”. A Oliva siempre se le ha vinculado al PSOE. De hecho, defendió, en algún momento, a sus más destacados líderes.
En el otro sentido, retorno del sector privado, también se encuentran varios ejemplos. José de la Mata, titular del juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional es el que acumula los asuntos más conflictivos. De la Mata fue director general de Justicia con Rodríguez Zapatero en La Moncloa. Eloy Velasco, titular del juzgado nº 6, que también instruye algunos de los casos más relevantes de corrupción, fue director general de Justicia de la Generalitat valenciana.
En materia de incompatibilidades, donde más polémica se ha generado es en la sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, precisamente, ahora mismo está juzgando una de las piezas separadas de la trama Gürtel. La que iba a ser la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, además de ser amiga de María Dolores de Cospedal, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. Ha sido apartada de esta pieza separada aunque insiste en estar presente en los otros procedimientos.
Otros jueces y magistrados han actuado estando vinculados al PSOE o al PP. En el Constitucional, el régimen de incompatibilidades es menos riguroso que en la justicia ordinaria, de ahí que algunos de sus miembros se muestren abiertamente vinculados al partido que presentó su candidatura. Y en el consejo General del Poder Judicial, su presidente, Carlos Lesmes, fue director general con José María Aznar.
