La falta de respuesta del Ayuntamiento de Madrid, presidido por la alcaldesa Manuela Carmena y la nula disposición al diálogo con las asociaciones vecinales y ecologistas, negando una ampliación del plazo de alegaciones y presumiendo la desestimación de las 3500 alegaciones presentadas, llevó a Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), a presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la aprobación inicial de Madrid Nuevo Norte, la nueva Operación Chamartín, que ha sido admitido a trámite.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid decidió aprobar de manera inicial la modificación del Plan General necesaria para llevar a cabo la Operación Chamartín, sin el acuerdo necesario con las asociaciones vecinales. “Durante décadas, el urbanismo ha estado al servicio de los intereses especulativos privados y vinculado a la corrupción de administraciones y ahora había una oportunidad única para revertir esa situación”, han señalado desde la FRAVM.
Las asociaciones vecinales y ecologistas denuncian el desarrollo urbanístico de este proyecto, toda vez que deriva en “un opaco convenio entre el Ministerio de Fomento (ADIF) y la entidad DCN formada por el BBVA y el Grupo San José”.
El recuro se presentó ante la renuncia del Ayuntamiento de Madrid a un proceso colectivo y participado; a su negativa a conceder una prórroga para el estudio de la documentación y la previsible negativa a las 3500 alegaciones presentadas, tanto por Ecologistas en Acción, como por la FRAVM.
Las 3500 alegaciones presentadas eran una denuncia contra “una operación especulativa, al servicio de intereses particulares y que abandona las necesidades de vecinos y vecinas”, denuncian ambos colectivos, a los que se suman varios concejales del ayuntamiento de Madrid, entre los que destacan Mauricio Valiente o Carlos Sánchez Mato, que ya expresaron su descontento en una entrevista a este diario.
Los vecinos se quejan de que este proyecto, deja al mínimo legal el espacio dedicado a dotaciones, y no garantiza que se ejecute ninguna vivienda pública. Plantea una zona verde sobre una losa de hormigón y masifica con 22 torres, de más de 100 metros, una zona de por sí ya con elevada densidad de oficinas, aumentando el desequilibrio territorial, lo que supone incumplir el Plan de Calidad del Aire de la ciudad de Madrid.
Las asociaciones vecinales y ecologistas ha detectado importantes incompatibilidades en la modificación del Plan General, ya que el Estudio Informativo para la estación de Chamartín, incluye un volumen a edificar que supera los límites del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM). Los datos sobre locales comerciales y aparcamiento difieren de los presentados por el Ayuntamiento.
Las organizaciones sociales, ecologistas y vecinales denuncian que la operación Chamartín es “tremendamente perjudicial para la ciudad de Madrid”.
Hay importantes incongruencias e incompatibilidades entre la documentación sometida a información pública por el Ayuntamiento de Madrid y el estudio informativo del Ministerio de Fomento para la Estación de Chamartín. Entre las que se pueden destacar: Un volumen de superficie a edificar en los planes de ADIF que alcanza los 540.000m2 sin incluir 180.000m2 de uso lucrativo. Esta cifra duplica el máximo que permite el PGOU. Además, este volumen de edificación no aporta ninguna dotación de equipamiento asociada.
También denuncian que ADIF incorpora la construcción de un aparcamiento de 3600-4000 plazas al que la documentación del ayuntamiento de Madrid no dota de aparcamiento.
Todo el proceso “ha estado acompañado de una absoluta falta de transparencia”, denuncian los promotores del recurso.
Las asociaciones vecinales y ecologistas “exigen una solución al déficit de dotaciones sociales y espacios verdes”, con la máxima prioridad y como requisito para continuar con el resto del desarrollo, que debe recoger la propuesta de espacios verdes planteada por la Plataforma Zona Norte.
El Ayuntamiento de Madrid aprobó la modificación del Plan General necesaria para llevar a cabo la Operación Chamartín, sin el acuerdo de las asociaciones vecinales
Se debe exigir que la vivienda a construir sea mayoritariamente pública en régimen de alquiler y a precios asequibles, fijando plazos para su ejecución. Las administraciones deben elaborar un plan de rehabilitación acorde con las necesidades, desde la iniciativa pública e instar a la comunidad de Madrid a modificar la legislación para que el régimen de alquiler social propuesto sea totalmente garantista.
También demandan equilibrar el reparto territorial de usos entre residencia y actividad económica, de manera que el impacto en la movilidad no contradiga la política de reducción del acceso al centro en vehículo privado y no obligue a afrontar costosas obras públicas. Seguir aumentando el uso del transporte privado tiene consecuencias directas en la salud de la población, aumentando las muertes prematuras, enfermedades pulmonares e, incluso, los casos de cáncer.
Y, por último, “desarrollar un plan de fomento del transporte público y de reducción del transporte privado, en línea con las propuestas vecinales. Mantener la Cocheras de la EMT, e incorporar las dotaciones deportivas, reformándolas, a las dotaciones deportivas municipales del distrito”, señalan desde ambos colectivos.
