El proceso legal por la corrupción del caso Gürtel sigue su curso, aunque desde el punto mediático haya pasado a un segundo plano porque hoy por hoy sólo importa el conflicto soberanista de Cataluña.

Prueba de ello, es que la fiscal ha mantenido en el juicio del caso Gürtel su petición de 125 años y un mes de prisión para el presunto líder de la trama, Francisco Correa, y ha rebajado las acusaciones por delitos fiscales para el extesorero del PP Luis Bárcenas y el exconsejero de Madrid Alberto López Viejo.La fiscal ha mantenido en el juicio del caso Gürtel su petición de 125 años y un mes de prisión para el presunto líder de la trama, Francisco Correa, y ha rebajado las acusaciones por delitos fiscales para el extesorero del PP Luis Bárcenas y el exconsejero de Madrid Alberto López Viejo.

En la sesión de hoy la fiscal Concepción Sabadell ha señalado que la Fiscalía sigue acusando a los 37 enjuiciados, si bien ha rebajado la imputación a Bárcenas y López Viejo, para quienes pedía inicialmente 42 y 46 años de cárcel, respectivamente, al retirarles al primero el delito contra la Hacienda Pública por el IRPF de 2009 y al segundo todos los delitos fiscales.

Además ha rebajado la petición de pena para los tres acusados que confesaron los hechos en el juicio, el empresario Jacobo Gordon, el exconcejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández y el constructor Alfonso García Pozuelo, para quienes solicita cinco meses de prisión por blanqueo al primero, once meses por fraude y malversación al segundo y dos años por cohecho al tercero.

El 11 de octubre, será el turno para que las defensas anuncien su petición final, que previsiblemente será de absolución en la mayoría de los casos. Según el calendario previsto, los informes definitivos serán expuestos a partir del 23 de octubre, día en el que los acusados tendrán que acudir a la vista oral.

El juicio se inició el 4 de octubre y analiza las operaciones que la red de Correa desarrolló entre los años 1999 y 2005 con ayuda de Crespo, etapa en la que organizaron un entramado societario utilizando sus contactos con responsables del PP para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos, el pago de comisiones y dádivas y ocultar al fisco las ganancias que ascienden a más de 40 millones de euros, según la Fiscalía.

Estas actividades se llevaron a cabo en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona.

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