La Justicia anula el Plan de Gestión del Lobo en Castilla y León

Podemos ha solicitado la comparecencia urgente del Consejero de Fomento por lo que según el grupo parlamentario se trata de “actuaciones improvisadas”

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La anulación del Plan Autonómico de Gestión del Lobo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha llevado a Podemos a pedir la comparecencia urgente del Consejero de Fomento de la región, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Según la formación morada, la Consejería no ha tenido en cuenta “estudios científicos a la hora de llevar a cabo sus actuaciones sobre la especie animal”, lamentan en un comunicado. Algo que señalan muestra como “la Consejería parece actuar de forma improvisada”.

El Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León pretendía situar un marco de actuación para todas las situaciones en las que estuviera envuelta la especie. El Plan especificaba que actuaba siempre “bajo la premisa de mantener la población de lobos” en un estado de “conservación favorable”.

Desde Podemos recriminan al Suárez-Quiñones la falta de actuación ante los últimos ataques furtivos sufridos por el lobo en la provincia de Valladolid. Casos como el que se hacía eco Diario16, en el que un joven atropellaba a un animal para después subir las imágenes a redes sociales. Según la agrupación que dirige Pablo Iglesias esto indica una “intención nula en avanzar en la protección total de la especie y la convivencia con los humanos”.

Y desde Podemos insisten: “Ya son varias las sentencias que acumula esta legislatura el consejero acerca de temas de medio ambiente lo cual podría también interpretarse como un modo de operar contrario a la ley”. Algo que aseguran ha de tratar de resolver el Consejero de Fomento, pero que éste es incapaz por “falta de conocimiento o por empecinamiento”. Piden además que se cree una comisión de forma urgente, que encuentre “soluciones tanto para el lobo como para los ganaderos”.

La caza sigue siendo la principal causa de mortalidad conocida para el lobo en Castilla y León, con el 75% de los casos relacionados con la actividad cinegética entre 2014 y principios de 2017, seguida de los atropellos, con el 13% y las batidas de la Junta para controlar su población al sur del Duero (7%).

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