La Junta de Andalucía, a instancias de su propia presidenta, Susana Díaz, no ha querido desaprovechar esta oportunidad de oro para acaparar protagonismo a toda costa gracias a un caso tan mediático como el de Juana Rivas, la madre maltratada de Maracena, en Granada, que se niega a entregar a sus dos hijos menores de edad al padre condenado en 2009 por agresión hacia su ex pareja. Ahora, la Administración andaluza decide, ocho meses después de que una jueza de Granada dictaminara el regreso del régimen de visitas de los menores con su padre, asesorar legalmente a la madre de los niños, que actualmente se encuentra en paradero desconocido y ya tiene asesoramiento legal en la persona de Francisca Granados.

En un fallo judicial del pasado 14 de diciembre, la titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, María del Carmen Siles Ortega, ordena “la inmediata restitución de dos menores de dos y diez años” a Italia al domicilio de su padre maltratador”. La Administración andaluza ha decidido ahora ofrecer a Juana Rivas personarse junto a ella en la causa judicial para solicitar medidas cautelares mientras también utiliza los datos que tiene de la atención a uno de sus hijos desde enero.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha anunciado vía tuit  que proporcionarán asistencia jurídica a Rivas para poner fin al régimen de visitas de los hijos. La presidenta de la Junta busca con este ofrecimiento evitar que los niños sigan sufriendo una “tensión psicológica que les afecte a su normal desarrollo”, como ha apuntado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y de paso patrimonializar un caso que ha acaparado la atención mediática de todo el país.

Mientras tanto, el abogado de la expareja de Juana Rivas, residente en Italia, apunta que se han producido ya “dos secuestros” de los menores, una vez que el pasado miércoles 26 la madre no acudiera al punto de encuentro para entregar a sus hijos al padre condenado por maltratar a su ex pareja y madre de los pequeños.

Este caso es de carácter civil y no penal ya que el maltratador denunció a su ex mujer por traslado ilícito de menores y no por secuestro, que sí sería un caso de tipo penal y obligaría a las autoridades judiciales a imponer una orden de búsqueda y captura de la madre de los niños, algo que no sucede con el requerimiento civil de entrega de los menores.

De ahí que ni la jueza ni el progenitor hayan reclamado la entrega de los menores. El último requerimiento judicial se dictó el pasado lunes 24 de julio, por el que la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada daba un plazo de 48 horas para la entrega de los menores sin posibilidad de suspensión, aunque ampliaba a cinco días el plazo para recurrir dicha suspensión.

La abogada de Rivas, Francisca Granados, denuncia a la Administración de justicia por “incompetente” para defenderla como víctima de violencia de género, ya que su ex marido fue condenado en 2009 por maltratarla. Juana lo volvió a denunciar el pasado verano de 2016.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada “mantiene vigente” el auxilio realizado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que busquen a los menores tanto en Maracena como en aquellos lugares donde puedan encontrarse, después de que se le comunicara la no comparecencia de Rivas con ellos en el Punto de Encuentro Familiar de Granada donde debían ser recogidos por su progenitor, que tampoco acudió al punto de encuentro.

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