Tengo la sensación de que el sistema que se ideó para preservar la continuidad del neofranquismo está en proceso de implosión. Los aparentes abusos en los que incurren este gobierno y el partido que lo representa, día tras día, es una afrenta a la paciencia de los ciudadanos.

En todos los temas de infracciones económicas, porque la corrupción va de eso, y las evasiones de responsabilidades políticas y judiciales, en las que intervienen los organismos e instituciones que deberían proteger el interés público, dejan a las claras que se le está tomando el pelo a la mayoría honesta del país. Veamos el caso de las eléctricas y las sanciones que reciben y la relación entre el monto aplicado y los beneficios obtenidos. Alguna legislación contiene claramente que las sanciones deben ser disuasorias hacia quienes cometen tales abusos. En algún caso entre “una y diez veces el beneficio obtenido por ellas”.

Debe tenerse en cuenta que este gobierno dejó en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia-CNMC las sanciones a las eléctricas por su publicidad engañosa. Funda esa decisión en que ese organismo cuenta con “una variedad de instrumentos” suficiente para tal cometido de protección a los consumidores. Sin embargo, pido que juzgue quién lea esto, que valore lo siguiente. El resultado fue que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 155.000 euros a las grandes energéticas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo) por los contratos fraudulentos que sus comerciales han hecho a siete usuarios, a los que han cambiado de compañía sin su conocimiento. La CNMC está analizando otras 270 denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción en relación a estas prácticas. Aunque no se crea, tras el análisis realizado por la División de Energía de la CNMC, el organismo ha resuelto sancionar con 100.000 euros a Endesa Energía. Esta es la suma de cinco multas de 20.000 euros cada una. En el caso de Iberdrola con 30.000 euros a su división Clientes. Para finalizar con 10.000 euros a Gas Natural Servicios y con 15.000 euros a Viesgo Energía. Todas ellas han cometido infracciones leves de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. La suma total de las sanciones, 155.000 euros. Sería recomendable conocer el beneficio total de esas prácticas. Porque sólo suponen sanciones por los usuarios que denunciaron el fraude. ¿Le queda claro? Porque hay indicios que sugieren una minoración al sancionar un fraude masivo por el que los comerciales acudieron a los domicilios de los usuarios para cambiarles sus contratos mediante todo tipo de engaños. Es lícito preguntarse a quién defienden los responsables del control de la gestión del mercado, ¿no?

La financiación ilegal abarca a todas las administraciones significativas en la Comunidad de Madrid. Las áreas de infraestructuras, en las que están involucrados los donantes del PP, como la de sanidad, cuya privatización se llevó por delante recursos necesarios para preservar la calidad de vida de los ciudadanos, para el único beneficio de las tramas de los patriotas de las off-shore. Según Infolibre, Esperanza Aguirre fue accionista entre 1993 y 2005 de la empresa Savial SL, donde tenía el 39% de las participaciones. En esos años, se embolsó 2,5 millones de euros en subvenciones. Además, dos empresas del marido de Aguirre acumulan 5,8 millones en subvenciones tras recibir otros 300.000 euros en 2015. Los mentideros madrileños creen que se está acorralando a la “lideresa”, con el fin de que no sirva de lanzadera de Aznar y su proyecto político. Ya se habla de su propia Caja B. De los sobrecostes aprobados en las contrataciones de los donantes y de los rescates de autopistas innecesarias… y demás temas, hablamos otro día.

En este desbarajuste está el caso del presidente de Murcia, que se aferra al cargo con el respaldo de Genova, y el errático papel de Ciudadanos en este asunto, en plena crisis de su relación con el PP quién, a su vez, minimiza la importancia del retorno del Sanchez socialista. Esa vuelta produciría un adelanto electoral. De allí la búsqueda desesperada de recuperar posicionamientos ideológicos. Sumemos el desconcierto en la política catalana y su cuatro por ciento, sólo es un escenario más de este deterioro general que está manifestando aquél sistema de la Transición. El propio “padre de la Constitución” Roca puede quedar, como metáfora de aquél proceso, involucrado en el “sistema catalán” de CIU.

La presión externa toma la forma de las movilizaciones que se han iniciado en las últimas semanas. La primavera será cada vez más reivindicativa. El Partido Popular está sufriendo una implosión que no sólo no acepta, sino que basa su confianza en un postureo desdeñoso, gracias a la probable cooptación del sistema de justicia que, en su mayoría le ha ido dando la razón, para indignación de la mayoría de españoles. Es decir, pareciera ser que los populares tienen la misma certeza que tuvo Mariano Rajoy en relación al desenlace del “caso Infanta”.

Estamos en presencia de una guerra abierta entre grupos de la derecha española. Los dosieres seguirán llenando titulares y juzgados. El atraco ha sido tan colosal, que no será tan simple evitar la implosión. Unas nuevas elecciones con un resultado menos favorable que las últimas, puede ser el punto que marque el derrumbe de las lealtades y, junto a ellas, la propia existencia de un partido que ha sido un centro de negocios durante su gestión pública.

La implosión es la acción de romperse hacia dentro con estruendo las paredes de una cavidad en cuyo interior existe una presión inferior a la exterior. Esta en forma de ocupación de calles, avenidas y plazas. El equilibrio entre ambas está siendo muy frágil. La ley Mordaza y el control de medios de difusión no son suficientes. Aunque haya quienes hablan en privado de medidas más extremas. El que será próximo presidente de Nuevas Generaciones, actual concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo, Diego Gago, participó en un debate electoral en “V Televisión”, del Grupo Voz de Galicia. El “cachorro” de las Nuevas Generaciones del PP, que aspira a ser su presidente tras el Congreso de la organización juvenil previsto para abril en Sevilla, créase o no, atribuyó la Guerra Civil a la “república y la confrontación social”. En sus convicciones democráticas declaradas, no se tuvo en cuenta el golpe de Estado de 1936. Es el claro exponente de lo que algunos pretenden.

Lo que está en juego no es la vigencia de un partido sino la propia democracia como instrumento de articulación social. Movilízate.

 

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