Salvo que ocurra algo inesperado, los españoles serán llamados de nuevo a las urnas el 26 de junio. Sin entrar en la discusión de quién es el culpable de que no se hayan llegado a acuerdos o de que la clase política española haya demostrado su incapacidad, su irresponsabilidad y su falta de respeto hacia lo que los ciudadanos dictaminaron con sus votos el 20-D. Lo que dejaron claro los resultados de las elecciones generales fue que el sistema electoral no se adecúa a la realidad del país y urge una modificación.

Uno de los pilares sobre los que se asienta cualquier régimen democrático es la elección de los representantes del pueblo a través del sufragio universal. Los españoles sólo han tenido dos épocas con acceso al derecho a elegir a través del voto a sus gobernantes o a los representantes en los diferentes órganos legislativos: durante la II República y desde la proclamación de la democracia tras la muerte de Franco.

El momento histórico en el que se encontraba España tras la muerte de Franco obligó a que los personajes principales del proceso de transición de la dictadura a la democracia se anduvieran con pies de plomo y tuvieran que tomar decisiones o adoptar medidas que dejaban el trabajo a medio hacer porque era bastante probable que si se hubiesen implementado las reformas necesarias de un modo rupturista o en su versión más maximalista existía una probabilidad muy elevada de que se iniciara una nueva guerra civil.

Querían mantener vivo el franquismo sin Franco

La clase política franquista, aquellos que medraron gracias al régimen, no quería perder ni su poder efectivo ni de influencia. Querían mantener vivo el franquismo sin Franco, hecho éste comprobado por la desastrosa gestión de Arias Navarro y sus constantes frenazos a la reforma.

Por otro lado, se encontraban los que durante años se habían enfrentado al régimen de una manera más o menos activa y dentro de las escasas posibilidades que la época les permitía. Éstos querían una ruptura total con el pasado totalitario de la dictadura, querían la implantación de un sistema democrático similar al de los países europeos.

Dos facciones políticas enfrentadas. Dos modos opuestos de ver cómo debía ser el futuro de España. Los primeros tenían mucho poder. Los segundos aspiraban a él y a cambiar las cosas. El ruido de sables en los cuarteles y el miedo provocaron que se tomaran ciertas decisiones que dejaron el proceso de transición a medio hacer.

Dos modos opuestos de ver cómo debía ser el futuro de España

Cuando los hombres que crearon el actual Estado determinaron cómo debían organizarse los diferentes comicios se encontraron con dos dificultades principales: la primera, buscar el modo en que la gran mayoría de las sensibilidades políticas estuvieran representadas en el Parlamento; la segunda, encontrar la manera en que se formaran gobiernos con mayorías fuertes y evitar una fragmentación que haría ingobernable un país en pleno proceso de transición de una dictadura a una democracia, un país con todo por hacer y nada sobre lo que cimentar dicho cambio. Lo que se pretendía era el todo con la nada como base, lo que se buscaba era contentar a todo el mundo, cosa que es imposible.

Eso fue lo que ocurrió en la Transición al adoptar el sistema electoral sobre el que se asienta la actual democracia, un sistema que pudiera ser válido en la década de los 70 del siglo XX, pero que actualmente sólo genera injusticias al dejar fuera del Parlamento a opciones políticas a las que se denomina minoritarias pero que están apoyadas por decenas de miles de españoles o que provoca que partidos con un menor número de votos tengan una mayor representación que otros que han logrado un apoyo mayor por parte de los ciudadanos.

querer contentar a todo el mundo

Ese querer contentar a todo el mundo, generar mayorías sólidas en el Parlamento y no crear disputas que pudieran poner en peligro el proceso de transición a la democracia hizo que se adoptara un sistema de elección basado en la proporcionalidad, no en el valor del voto, no en trasladar a las Cortes la voluntad de los ciudadanos.

Había que garantizar la representación de las fuerzas nacionalistas de Catalunya, Euskadi y Galicia. Había que garantizar que el resultado final no provocara una dispersión del voto, sobre todo teniendo en cuenta que se calculaba que se podrían presentar a las elecciones más de 400 partidos. No se quería que las primeras Cortes estuvieran fragmentadas como ocurría en Italia. Se pretendía que fueran un máximo de tres o cuatro formaciones quienes se repartieran la mayoría de los escaños. Por eso se impuso un sistema proporcional basado en la Ley D’Hondt. Pero, ¿en qué consiste dicha ley?

El sistema D’Hondt es una fórmula electoral por la que se obtienen el número de cargos electos en proporción a los datos conseguidos. Tiene un alto grado de proporcionalidad en un sistema con un elevado número de escaños a distribuir por cada distrito electoral. En Europa se utiliza en Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Suiza.

El sistema electoral español no refleja la realidad de las intenciones de voto de los ciudadanos. Este hecho viene determinado por las necesidades de generar mayorías y de contentar a todos los sectores políticos que se opusieron al franquismo, sobre todo a los partidos nacionalistas. Crear este sistema proporcional garantizaba que dichos partidos tuvieran una representación en las Cámaras del Estado, principalmente los partidos catalanes y vascos. Crear este sistema proporcional garantizaba que los gobiernos tuvieran mayorías amplias que les permitieran realizar su labor sin las dificultades propias de Parlamentos excesivamente fragmentados como, por ejemplo, ocurre en el italiano.

El sistema electoral español no refleja la realidad de las intenciones de voto de los ciudadanos

Estas mayorías son las que han permitido gobernar sin sobresaltos y convocatorias electorales excepcionales a partidos como UCD (centro derecha), PSOE (izquierda) o PP (derecha). Estos partidos han tenido a lo largo de los casi cuarenta años de régimen democrático en España suficiente apoyo parlamentario para gobernar sin la necesidad de tener que gobernar en coalición. Este garantizar mayorías suficientes es muy positivo para el gobierno de países inestables desde el punto de vista democrático. Sin embargo, nos podemos encontrar con que un partido confunda una mayoría absoluta con un sistema de gobierno dictatorial o totalitario dando la espalda a los españoles y a sus verdaderos problemas, tal y como ha ocurrido en la última legislatura.

La crisis económica, la estafa de los poderes económicos a los ciudadanos, ha hecho que éstos hayan despertado y se hayan dado cuenta de que es necesario un cambio en el modo en que se elige a los representantes del pueblo en las instituciones. A pie de calle hay muchas iniciativas, muchas fórmulas para cambiar el régimen electoral. Se habla de listas abiertas, de planteamientos de democracia cuasi asamblearia, se habla de participación directa de los ciudadanos a través referéndums. Lo que el pueblo piensa es que la política le ha dado la espalda, que el sistema democrático actual se basa en que sólo se les tiene en cuenta cuando hay convocatorias electorales y que, una vez finalizadas las elecciones, los políticos elegidos se olvidan de ellos para centrarse en asuntos que no les conciernen y que no les soluciona los verdaderos problemas que les afectan.

Con el Gobierno de Mariano Rajoy se comprueba día a día porque cada decisión que tomó, cada estrategia para paralizar la actividad parlamentaria, la escudó en que la voz de los españoles habló el 20 de noviembre de 2011 y que el resultado fue su mayoría absoluta. Es decir, pusieron la soberanía popular como coartada para la imposición de un modo de gobernar más cercano al totalitarismo que a la democracia, porque un gobierno democrático debe buscar la equidad en sus decisiones y no gobernar de espalda a las verdaderas necesidades del pueblo. Ese dar la espalda a las decisiones de los ciudadanos se está viendo con la actitud irresponsable de los partidos en los procesos de negociación tras el 20-D al no llegar a acuerdos para la formación de un gobierno y que lleva a unas nuevas generales.

La actual estructura electoral española debe cambiar, debe ponerse patas arriba para adecuarse a los tiempos que corren y a las verdaderas necesidades políticas del país. Hay que evitar que los ciudadanos no crean que la elección de sus representantes es una estafa porque eso les aleja del propio sistema y los convierte en presa fácil para populismos o para soluciones totalitarias.

Lo primero que hay que cambiar es el propio sistema de elección empezando con la búsqueda de un sistema más justo que la Ley D’Hondt. La proporcionalidad en la que se basa este sistema perjudica a partidos no mayoritarios, provocando que se produzcan injusticias como la de que formaciones que se presentan a nivel nacional, que obtienen más votos que los partidos nacionalistas, no ocupen más escaños en el Congreso.

formaciones que se presentan a nivel nacional, que obtienen más votos que los partidos nacionalistas, no ocupen más escaños en el Congreso

La sociedad española ya es lo suficientemente madura como para que su voluntad esté reflejada en el número de diputados que corresponden a cada cual en proporción exacta a los votos logrados. La aplicación del sistema D’Hondt también provoca una injusticia con respecto al valor de los votos en cada circunscripción electoral. No vale lo mismo un voto de un ciudadano de Barcelona o Madrid que el voto de un soriano o de un turolense. La democracia es el sistema en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, por lo que esta desigualdad en el valor del voto ya es una prostitución del sistema político español.

Para que el sistema electoral de este país sea justo es necesaria la eliminación de las circunscripciones provinciales e implantar la circunscripción única. Hay que tener en cuenta que en España los ciudadanos no tienen la posibilidad de elegir a su presidente de Gobierno, sino que eligen al partido que quieren que les gobierne. Dentro de este partido se decide quién es la persona que encabeza la candidatura y es esa persona la que, en caso de que el partido en cuestión haya logrado un mayor número de escaños y que sea investido por el Congreso de los Diputados, se encargará de presidir el Gobierno.

Con las actuales circunscripciones electorales y con el reparto de escaños en base a la población de cada provincia no se produce un reparto equitativo de cada escaño en base a la voluntad de los ciudadanos y el reparto de los escaños por provincia no puede ser más dispar. Mientras las más pobladas aportan más del 20% de los sitiales, las menos pobladas son casi insignificantes. Mientras la Comunidad de Madrid aporta más del 10% de diputados, provincias como Soria o Teruel aportan menos del 1%. La realidad es que las provincias con menos población apenas tienen peso.

Lo mismo ocurre en lo referido a los partidos nacionalistas o regionalistas. Con menos votos disponen de una mayor representación que otras formaciones que se presentan a nivel nacional. El ejemplo lo tenemos en Unidad Popular/Izquierda Unida que sólo obtuvo dos escaños con casi los mismos votos que En Comú Podem que logró 12.

Por casos como los anteriores el cambio a la circunscripción electoral única es un camino para que la mayor referencia democrática que es el sufragio y la elección por parte del pueblo de sus representantes en el Parlamento se regenere y refleje de una manera más fiable que la actual el verdadero sentir de los ciudadanos.

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