El presidente del gobierno repite incansablemente que su deber es hacer cumplir la ley, salvaguardar la legalidad. Se refiere a Cataluña en donde los indepes han tenido la desvergüenza de romperla, proclamando la suya propia. Hay que volver a la normalidad de la legalidad española. Es, reitera el mismo presidente, su deber, el deber de su gobierno.

Su gobierno es el del PP, una organización con más de 700 imputados y/o condenados en procesos penales, entre ellos ministros, presidentes de autonomías, alcaldes, diputados, senadores, concejales, cargos de toda laya. Una presunta asociación con ánimo de delinquir, según los jueces que, además de esquilmar las arcas públicas, se ha financiado ilegalmente e ilegalmente ganado elecciones. El partido del gobierno que va a imponer la legalidad en Cataluña.

El partido de un gobierno presidido por un hombre acusado de haber cobrado sobresueldos (como muchos de sus colaboradores, por ejemplo, su vicepresidenta) de la caja B. Un hombre que envía SMS de apoyo y aliento a supuestos delincuentes, que aparece como avalista de las cuentas de Bárcenas en Suiza y que, presuntamente, ha mentido en sede judicial al declarar como testigo que no sabía nada de las de las campañas electorales siendo secretario general cuando hay pruebas de que sí lo sabía y muy bien. El hecho de que, incomprensiblemente (o, al revés, muy comprensiblemente) aún no lo hayan procesado parece darle ánimos para encabezar la reconquista de Cataluña en nombre de la legalidad.

La legalidad que él representa. Se vale para ello del estamento judicial, al que ha convertido en avanzadilla del ataque al independentismo catalán. Un ataque sin base jurídica alguna, organizado con criterios puramente políticos, aplicando a los indepes catalanes el más crudo derecho penal del enemigo, sin perder mucho tiempo en futesas de derechos fundamentales, el juez natural, la tipificación de los delitos, la jurisdicción y otras exquisiteces garantistas que solo son frenos a la urgente ocupación de Cataluña por el nacionalismo español. Porque la separación de poderes aquí es una quimera.

España ocupa el lugar 22 de 28 países de la UE en independencia judicial y el lugar 72 entre los 148 que estudia el Foro Económico Mundial

¿Las pruebas? Según la Comisión Europea, España ocupa el lugar 22 de 28 países de la UE en independencia judicial y el lugar 72 entre los 148 que estudia el Foro Económico Mundial. Nadie puede tomarse en serio la justicia de un país con estos datos. La justicia en España se llama Audiencia Nacional (tribunal especial, sucesor del de Orden Público de Franco que, a su vez lo era del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo); se llama fiscal Maza, reprobado por el Parlamento; y se llama jueza Lamela, condecorada hace poco por el ministro del Interior. O sea, hay tantas garantías de un juicio justo y seguridad jurídica en España como en el Irán, teocracia modernizante en donde se ahorca a los gays mediante potentes grúas.

Estos dos frentes, el gubernativo y el judicial son los que han entrado a saco en la neonata República Catalana. El gobierno desmantelando todas las instituciones, consejos y organismos autonómicos/nacionales que encuentra en su camino y destituyendo a quienes los gestionan. Los jueces, sin arredrarse, metiendo en la cárcel a los destituidos y pidiendo la captura de los exiliados.

El frente nacional español, representado en el triunvirato Rajoy, Sánchez Rivera, suma 254 diputados

Faltaba un tercer pilar: el apoyo parlamentario. Garantizado. El frente nacional español, representado en el triunvirato Rajoy, Sánchez Rivera, suma 254 diputados. Lo suficiente para legitimar la ocupación de Cataluña, que es lo que el gobierno ha hecho valiéndose del artículo 155, que consagra la dictadura personal de Rajoy mientras en el Senado sean mayoría absoluta los suyos, lo que equivale a una partida de la porra dispuesta a dar vía libre a un dictador.

Sería de esperar que un resto de nostalgia izquierdista haga ver a los socialistas en dónde se encuentran y qué están haciendo: aplaudiendo y legitimando la existencia de presos políticos en España. Sería de esperar, pero es poco probable y, además, a estas alturas, ya da igual.

Esas elecciones son el referéndum que Rajoy quería evitar a toda costa

Ya está la suerte echada desde el momento en que el bloque nacional ha tenido que aceptar unas elecciones el 21D en pésimas condiciones, como ya le advierten sus publicistas más reaccionarios y más avispados. Esas elecciones son el referéndum que Rajoy quería evitar a toda costa, incluso a la de los más de 1.000 heridos por la brutalidad policial y el tremendo desgaste que eso supuso para la imagen del gobierno. Ahora resulta que es él quien tiene que organizarlo y con todas las miradas extranjeras fijas en él, por lo que no podrá hacer las habituales trampas.

Con un voto independentista muy movilizado por el objetivo de sacar de la cárcel a sus dirigentes para devolverlos a los cargos que les corresponden. A ver qué pasa entonces. Solo queda volver a aplicar el 155 ignorando el resultado de las elecciones.

Pero eso hay que ir a explicarlo a la UE, varios de cuyos Estados miembros pueden estar ya reconociendo a la República Catalana.

 

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