Los taxistas de toda España han sido llamados este miércoles a una nueva huelga en todo el país y a una gran manifestación en Madrid contra los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) ofertados por plataformas como Uber y Cabify. Es una convocatoria casi idéntica a la que dejó sin taxis durante 24 horas a Barcelona, Madrid y otras grandes ciudades el 27 de julio sin que, desde entonces, a juicio de los sindicatos del sector, la situación haya mejorado.

Se ha dictado una doble sentencia del Tribunal Supremo, que ha concedido un total de 80 autorizaciones VTC que habían sido denegadas en 2014 por la Comunidad de Madrid. El Supremo en su auto alega que no entra a determinar la legalidad o no del decreto 1057/2015, que establece el actual reglamento de la Ley del Transporte Terrestre, puesto que las solicitudes para conseguir las licencias VTC examinadas se presentaron anteriormente a su aprobación

El conflicto de las empresas de transporte que dan servicios de vehículo con conductor (VTC), y los taxistas viene de lejos. En el año 2006, Bruselas aprueba la Directiva Bolkestein, que persigue eliminar trabas burocráticas del sector servicios, entre ellos los del transporte. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2009, se vio obligado por las leyes comunitarias a aprobar la Ley Ómnibus, Ley española 25/2009, de 22 de diciembre de 2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley europea sobre liberalización de diferentes sectores, entre ellos el del transporte, donde se engloban a los taxistas y a las empresas VTC 

Los taxistas reclaman al Gobierno que cumpla con la proporción 1/30 que fija la ley entre las licencias de profesionales y las que utilizan empresas como Cabify o Uber. En España hay 67.089 licencias de taxi y 5.890 de VTC, según el Ministerio de Fomento. Generalizando y haciendo una media estatal, en España hay un vehículo de alquiler con conductor por cada 11 taxis.

En la manifestación, los taxistas gritaban en sus consignas señalando el edificio del Congreso de los Diputados : “ahí está la cueva de Alí Babá y sus 300 ladrones” y acusan al PP de ser el culpable de la situación ante la pasividad del Gobierno después de dos legislaturas respecto a su problema.

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