¿Sabe Usted quien era el secretario de Estado de infraestructuras y transportes cuando se produjo el accidente ferroviario de Angrais? Ni más ni menos que Rafael Catalá, el actual ministro de Justicia, que estos días está en el punto de mira de todos por sospechas, bastante fundamentadas según las asociaciones profesionales, de estar interviniendo directamente en la Justicia. La purga llevada a cabo por el nuevo Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, en las fiscalías Anticorrupción, Audiencia Nacional y Murcia, los lugares “calientes” en materia de corrupción se atribuye a Catalá al que se acusa de interferir en la autonomía de las carreras fiscal y judicial.

Rafael Catalá no es un ministro cualquiera. Estuvo colaborando para Faes, la fundación que presidía José María Aznar. Y allí es donde conoció a los mejores expertos del Partido Popular en materia de Justicia que, al final, acabaron por ocupar altos cargos en las instituciones: Carlos Lesmes, actual presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, y Enrique López, ex magistrado del Tribunal Constitucional y, actualmente, juez de la Audiencia Nacional que fue recusado por las acusaciones del Caso Gürtel en cuyos juicios intenta colarse como miembro del tribunal.

Catalá los conoció en los años en los cuales gobernaba el PSOE de Rodríguez Zapatero. Entonces participaba en seminarios y jornadas de Faes en las que hizo muy buenas amistades.

Pero la influencia de Catalá es anterior a esa etapa. Su carrera política comenzó gracias a sus ascensos como funcionario de la Administración General del Estado. En 1985, un director general de servicios del Ministerio de Sanidad y Consumo se fija en él, y lo asciende a subdirector general de ordenación y política de personal del Ministerio. Por aquél entonces, se relacionaba con sus compañeros de promoción que también habían ganado las oposiciones. Entre ellos, Francisco Javier Zarzalejos, actual secretario general de Faes.

Es probable que todas estas relaciones le hayan ido acercando paulatinamente a la ideología conservadora. Y, por tanto, a personas como Francisco Villar García Moreno y Ana Pastor. Ambos, entonces, eran altos cargos del SERGAS, el servicio de sanidad gallego, que estaba recibiendo, en aquella época, las competencias estatales en materia de sanidad cuando Catalá era subdirector general de Ordenación de Personal del Ministerio. Las reuniones llevadas a cabo desembocaron en una amistad que Catalá aprovecharía cuando Rajoy fue nombrado por Aznar ministro de Administraciones Públicas. Villar fue nombrado secretario de Estado y Ana Pastor directora general de Muface. Catalá aprovecha sus contactos y logra la dirección general de la Función Pública.

De ahí a Educación y estrecha relaciones con Rajoy. Ana Pastor se estaba convirtiendo en una persona con mucha influencia en Génova y Catalá lo aprovecha para ampliar su campo. En 2000 logra alcanzar la subsecretaría del Ministerio de Hacienda, con Cristóbal Montoro y secretario de Estado de Justicia con José María Michavilla.

Luego vendría el relevo político de Aznar, y Catalá “pasa a la oposición”. Pero no estaría mucho tiempo en el ostracismo. Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid le hace hueco en el hospital Ramón y Cajal.

Cuando el PP se hace, de nuevo, con la mayoría parlamentaria, Ana Pastor, entonces ya muy poderosa dentro del partido y del gobierno, le llamada para hacerse cargo de la secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes. Ahora se entiende por qué en Galicia no quieren oír ni hablar de la catástrofe ferroviaria y de la situación de las vías en las cercanías de Santiago de Compostela, ni de las señalizaciones. Nada. La culpa para el maquinista, no vaya a ser que la cosa acabe por salpicar al hombre puente entre el conservadurismo más rancio del PP, asentado en Faes, y el equipo de Mariano Rajoy.

El premio es la obtención del Ministerio de Justicia cuando dimite Ruiz-Gallardón. Y es entonces cuando comienzan sus desatinos más sonados. Se producen dos precipitaciones que ponen en duda su capacidad de gestión. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Lacran, que ha puesto patas arriba los procesos de instrucción para “agilizarlos”, y el proyecto de “papel cero” en la Administración de Justicia mediante la digitalización documental, que se ha puesto en práctica sin apenas medios.

Pero lo peor de todo es que las asociaciones judiciales y fiscales, incluidas las fiscales, empiezan a denunciar las interferencias de Catalá y su equipo en la labor de los profesionales a los que representan, en menoscabo de la autonomía judicial.

Lo último ha sido la justificación de la purga que Maza ha llevado a cabo entre las fiscales que llevan el caso del presidente murciano, Pedro Antonio Ríos. Rafael Catalá es el que más defiende que la desautorización de Maza está avalada por los informes de “cuatro fiscales de sala del Tribunal Supremo”. Varios jueces se han pronunciado al respecto señalando que no existen precedentes en materia de pronunciamiento de los representantes del Ministerio Público en el Alto Tribunal.

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