La Comisión de Selección, un órgano tripartito que conforman máximos representantes del CGPJ, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia  —son los que organizan las oposiciones a jueces y fiscales— ha decidido este mes de julio que la hija del presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Sofía Marchena, que no acudió a la escuela judicial de Barcelona por estar enferma, pueda, sin embargo, pasar a la carrera fiscal creando exclusivamente para ella una nueva plaza que no estaba prevista en las bases de la convocatoria, lo que podría ser constitutivo de un presunto delito de nombramiento ilegal de funcionario público por el artículo 405 del Código Penal.

Sofía Marchena, hija del presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo Manuel Marchena, aprobó en el año 2016 las oposiciones de jueces y fiscales, y optó por la carrera judicial.

Cuando fue a la Escuela Judicial en Barcelona, que es el trámite obligatorio previo para poder ingresar luego en la carrera judicial, cayó gravemente enferma y tuvo que ser hospitalizada por lo que no pudo pasar el primero de los cursos.

Por esa razón, la directora del centro propuso a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que, una vez que se recuperara, pasara a formar parte de la siguiente Promoción que es, además, lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La Permanente, con Carlos Lesmes a la cabeza, dio el visto bueno, acordando que se respetara su número de aprobado. Hasta ahora todo normal.

Así llegamos al mes de julio de este año cuando la Comisión de Selección decidió sin ningún apoyo legal que Sofía pudiera en la convocatoria siguiente pasar de la carrera judicial a la carrera fiscal a pesar de no estar presupuestada esa plaza de más (con lo que en la convocatoria siguiente saldrá una plaza de fiscales de menos) todo ello para que la hija de Marchena pudiera pasar su convalecencia en Madrid, teniendo en cuenta que el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid previsto para los fiscales dura solo unos meses mientras que la escuela judicial de Barcelona exige más formación y se prolonga varios años más.

El problema no es solo que exista una laguna en la ley como se justifica desde la Comisión de Selección, sino que, además de no existir ningún apoyo legal para crear una plaza más de las previstas en la convocatoria de oposiciones para la carrera fiscal, dicha práctica está prohibida por las normas de la convocatoria y contraviene lo que dispone el artículo 301 de la LOPJ, que obliga a la Comisión de Selección a distribuir a los candidatos aprobados de acuerdo con las plazas convocadas para una y otra carrera, sin que esté autorizada a redistribuir entre las dos carreras las plazas previamente asignadas.

Esta forma de proceder por parte de la Comisión de Selección podría constituir un delito de nombramiento ilegal de funcionario público por el artículo 405 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello.

La importancia de todo este asunto estriba en el hecho de que la mujer del Juez Pablo Llarena, Gema Espinosa Conde, forma parte de esa Comisión de Selección en su condición de directora de la Escuela Judicial. La sospecha de la comisión por su parte de un presunto delito de nombramiento ilegal de funcionario público para supuestamente favorecer a la hija del presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, coloca tanto a su marido como a Manuel Marchena en una difícil tesitura de cara a los procesados por el asunto catalán, al establecerse entre los dos magistrados una línea de connivencia que resulta incompatible con la independencia y neutralidad que ambos jueces deben de mantener entre sí, dado que uno de ellos es el instructor de la causa del Procés y el otro va a ser llamado para presidir la Sala de enjuiciamiento y dictado de la resolución definitiva.

Pero además la propia mujer del juez Llarena , ella sola, se ha colocado también en una situación profesional muy difícil ya que ha sido propuesta por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura como candidata a una de las vocalías del Consejo General del Poder Judicial, para la próxima renovación de este organismo.

Mucho nos tememos que, hasta que no se aclare este asunto, Gema Espinosa Conde tendrá que olvidarse por ahora de formar parte del máximo órgano de gobierno de los jueces.

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