La Generalitat de Cataluña se hará cargo de la defensa de los derechos laborales de los más de 500 funcionarios de la administración catalana que fueron despedidos tras la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. En el día de hoy se ha convocado un acto en la localidad belga de Waterloo, lugar de residencia del president Carles Puigdemont, en el que se anunciará las medidas que se adoptarán en este sentido.

La mayoría de los funcionarios despedidos pertenecían a las Consellerias de Cultura, Educación, Sanidad y Exteriores y prestaban servicios como personal administrativo, secretarias o auxiliares.

Fuentes cercanas a Puigdemont consultadas por Diario16 aseguran que la Generalitat ha adoptado esta decisión porque estos despidos se produjeron por aplicación de un real decreto. Las mismas fuentes confirman que se han mantenido reuniones en Bruselas con diferentes representantes sindicales europeos para evaluar el daño causado a los trabajadores despedidos.

El equipo del president Puigdemont considera que, de consolidarse una jurisprudencia sobre las medidas aprobadas en el real decreto, se podría llegar a despedir a cualquier funcionario con independencia de la administración ‒central, local o autonómica‒ en la que preste sus servicios. “Se pasaron tantos pueblos con la aplicación del 155 que les salió la vena ultraliberal”, aseguran las mismas fuentes. “A partir de aquí, y viendo que además el Tribunal Supremo ha apoyado el decreto ley del anterior Gobierno que supone una vulneración de los derechos humanos, la jurisprudencia que queda es que cualquier funcionario puede ser despedido sin más”, añaden. Por esta razón los servicios jurídicos de la Generalitat intentarán coadyuvar a la defensa de los afectados “frente al despropósito de lo que ha pasado”.

Está previsto que el anuncio se realice hoy a las 13.00 posiblemente por el propio Carles Puigdemont durante su comparecencia ante los medios de comunicación internacionales que han sido citados.

Cabe recordar que el artículo 155 de la Constitución ampara a los funcionarios y empleados públicos, a los que garantiza seguridad jurídica en el caso de que se llegue a una confrontación institucional entre la legislación estatal y la de la Generalitat. Además, la carta magna establece sanciones disciplinarias para todos aquellos empleados públicos que incumplan la ley.

Por otro lado, tras la declaración unilateral de independencia del pasado año, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) impartió una serie de recomendaciones a todos los funcionarios para que, “ante los cambios políticos que se avecinan”, supieran a qué atenerse.

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