Los expertos son rotundos. La Generalitat no está en condiciones de recaudar el IRPF sin una base de datos ya que las empresas, por sí solas, no tienen toda la información que se requiere. Lluís Salvadó, secretario de Hacienda de la Generalitat, manifestó que la Agencia Tributaria de Catalunya será capaz de gestionar grandes impuestos, como el IRPF, antes del 1 de septiembre. “Si llega el día, las empresas facilitarán el pago de los impuestos”, según Salvadó, quien cree que no será necesario confeccionar una base de datos. La razón por la que el secretario de Hacienda de la Generalitat estima que las empresas se pueden convertir en agentes recaudadores es porque “llevan a cabo las retenciones de sus trabajadores”.

Dejando a un lado el que los empresarios catalanes estén por la labor de facilitar esos datos, – sobre las retenciones del IRPF hay una vieja controversia porque los empresarios consideran ésta es una tarea que no les incumbe-, lo cierto es que el IRPF tiene muchos otros componentes. Están los rendimientos del capital. El mobiliario. Las entidades financieras, podrían colaborar en las retenciones que llevan a cabo por rendimientos en cuentas corrientes, de ahorro y similares. Pero hay ciertos productos en los que la banca guarda reserva absoluta y que la Agencia Estatal, la AEAT, averigua mediante otros sistemas de investigación. Sobre todo los datos cruzados.

Los rendimientos de capital mobiliario, en la gran mayoría de los casos, dependen de particulares. Y muchos de ellos pueden llegar a ocultarlos ante la seguridad de que no existen medios materiales ni humanos capaces de llevar a cabo las “pequeñas comprobaciones”.

Los rendimientos de actividades profesionales pueden ser comprobados mediante las retenciones efectuadas en las facturas. Pero aquí existe otro problema que es el IVA. Como Las facturas deben cargarse con este impuesto y el mismo debe ser deducido a la hora de hacer la declaración del IRPF, si no existen medios humanos suficientes para llevar a cabo la comprobación en la que, además, es necesaria una base de datos rigurosa, lo más probable es que se extienda el fraude.

Las actividades agrícolas, los incrementos y disminuciones patrimoniales, la compra y venta de viviendas, y las deducciones son otros problemas que, de no existir datos que se puedan cruzar, con toda seguridad, provocarán fraude generalizado.

Volviendo a las rentas del trabajo, en este capítulo se incluyen las pensiones. Y aquí se deriva un nuevo problema. La Generalitat habla de que de ese tipo de prestaciones deberá hacerse cargo Madrid. Pero el gobierno central no va a facilitar información y más si, como se pretende, el “procès” se lleva a cabo de manera unilateral. La Seguridad Social sigue siendo hermética en este sentido, casi con toda seguridad porque sus gestores son conscientes de que es un “arma política” en conflictos como el que se está generando.

Y lo último y tal vez lo más importante. La gestión de los grandes impuestos por parte de la Generalitat, desmoronaría todo el actual sistema de financiación con la totalidad de las comunidades autónomas. Los grandes impuestos no cedidos se recaudan por la Administración Central que, a su vez, los reparte entre los distintos territorios en función de una serie de parámetros. La gestión exclusiva por parte de Catalunya de esos grandes impuestos rompería este sistema de reparto.

Se podría argumentar que ya existen dos territorios, la Comunidad Vasca y la Foral Navarra que, en función de los conciertos económicos, gestionan exclusivamente estos impuestos. Sí, pero está lo que se llaman “los cupos”. Las cantidades que deben aportar al Estado para que este, a su vez, lo reparta para cubrir las necesidades de otras comunidades.

 

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