Fue el origen de todos los males del juez Fernando Presencia. Este, cuando era decano de los jueces de Talavera de la Reina, denunció los casos de corrupción urbanística que le habían puesto encima de la mesa Ecologistas en Acción. Ahora, cuando Presencia se encuentra apartado de su juzgado a la espera de que se resuelva el recurso de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que le inhabilita por diez años, la Fiscalía Autonómica ha decidido abrir diligencias de investigación para lo cual ha pedido a los denunciantes que “aporten cuanta documentación obre en su poder, o, en su defecto, facilite los datos que permitan la correcta identificación de los procedimientos judiciales en que los hechos denunciados habrían sido cometidos”.
No se sabe bien lo que ha ocurrido en el seno de la Fiscalía de Castilla-La Mancha pero lo que sí parece cierto es que la denuncia que enviaron Ecologistas en Acción a la Asociación Independiente de Fiscales ha surtido efecto. Dos son los casos que expone Ecologistas en Acción en lo que al partido judicial de Talavera de la Reina se refiere. “El primero de ellos, dicen en la denuncia-, es la construcción de la mansión del ex ministro de Defensa, Eduardo Serra, en un terreno catalogado como suelo rústico de protección natural (ZEPA y LIC de la Red Natura 2000 y área crítica de especies en peligro de extinción) en Navalcán, en el centro del Valle del Tiétar”.
En este caso, la Fiscalía acusó de prevaricación urbanística a dos funcionarios del Ayuntamiento de Navalcán, término municipal donde se encuentra la finca. Ecologistas en Acción, además de destacar que se construyó en zona de especial protección, con el daño al medio ambiente que ello supuso, se hizo para “una persona pública que debería haber dado ejemplo de cumplimiento de la normativa”.
Para Ecologistas en Acción, resulta “increíble que una persona de la formación y medios de que dispone un ex ministro, construyera una vivienda ilegal de esa forma”.
Pero el caso más emblemático y en el cual se ha insistido por todos los medios, es la presencia de un chalet propiedad del Fiscal-Jefe de Talavera de la Reina, Angel Demetrio Cruz Andrade, “construido en la zona de policía de un lecho fluvial prohibido por la Confederación Hidrográfica del Tajo, situado en el término municipal de Pepino, a escasos kilómetros de Talavera”. Este hecho fue denunciado, en su momento, por el arquitecto municipal que alertó de un “pelotazo urbanístico bajo la sospecha de sobornos”.
Ecologistas en Acción presentaron la oportuna querella criminal. La instrucción se llevó a cabo en el juzgado nº 4 de Talavera. El juez llegó a cuestionar la legitimación de la asociación querellante para el ejercicio de la acción popular contra el Fiscal. Y, por el contrario, se abstuvo al presentarse una denuncia por la distribución de unos pasquines repartidos durante una manifestación en apoyo del fiscal Cruz Andrade. El propio juez reconoció ser uno de los firmantes de dicho pasquín. El asunto ahí sigue sin resolverse. Eso sí, al juez decano, Fernando Presencia, al cual se insultó y se pidió su traslado en dicha manifestación, se encuentra inhabilitado.
Hay un tercer caso que denuncia Ecologistas en Acción. Se trata del Caso Palomeros Golf que tiene paralizado, según ellos, la Fiscalía de Toledo. La denuncia original ante el juzgado nº 1 de Talavera de la Reina la presentó el sindicato Manos Limpias porque dicho campo de golf no realizaba las más de 8 hectáreas en cesiones correspondientes al cambio de calificación del suelo a zona campo de golf, las cuales no fueron exigidas por la administración competente.
Tres presuntos casos de corrupción en Talavera paralizados que ya se han cobrado “daños colaterales” como es la inhabilitación de un juez que parece haberse convertido en la bestia negra de un sistema judicial, el de Castilla-La Mancha, que se encuentra bajo sospecha a pesar de que el presidente de su Tribunal Superior de Justicia, Vicente Rouco, aspira a un alto cargo si Mariano Rajoy es, finalmente, investido presidente del Gobierno.
