En el escrito de acusación, el fiscal reclama para el cabecilla de la banda, Osaro James Bush, una pena de 46 años de prisión, por contactar en 2009 a través de uno de sus colaboradores con la testigo protegido nº 25. La mujer buscaba la forma de salir de la precaria situación económica en la que convivía con sus padres y nueve hermanos. El acusado le ofreció ayuda para venir a España a estudiar y poder trabajar mientras tanto como azafata o camarera.

Antes de llegar a España la mujer entregó su pasaporte al acusado y, una vez en Madrid, fue trasladada a un domicilio de la calle Pavones donde se encontraba la pareja del acusado, Amenze Vivian Omoruyi, para quien el fiscal reclama 43 años de prisión, junto con otras jóvenes en la misma situación que la testigo protegido. En el domicilio fue informada por Amenze de las condiciones reales de su estancia: le retiraron el pasaporte, el teléfono y la agenda y le prohibieron contactar con su familia salvo que fuera delante de su presencia y con el dispositivo manos libres activado.

Tras ser golpeada le hicieron creer a raíz de un ritual de vudú que si no cumplía con sus exigencias podría morir ella o alguien de su familia. A continuación le informaron de que había contraído una deuda de 50.000 euros por sus gastos de desplazamiento a España y que para saldar dicha deuda tenía que trabajar ejerciendo la prostitución.

Kingsley Omoruyi, para quien el fiscal pide 37 años de prisión, instruyó a la testigo protegida sobre el relato que tenía que contar en la oficina de Asilo para conseguir la correspondiente tarjeta y regularizar así su situación. Ya con la tarjeta, Amenze Vivian viajó con la testigo protegida a Lucena (Córdoba) para que ejerciera la prostitución en el club Los Santos. La mujer se vio obligada a trabajar todos los días de la semana, desde las 17:00 horas a las 00:04 horas, y además tenía que pagar al club una cantidad diaria de dinero en concepto de estancia y mil euros semanales a Osaro.

Durante dos años la testigo protegida nº 25 se vio obligada a prostituirse alternando con otro club de La Carlota (Córdoba), llegando a saldar con creces la supuesta deuda de 50.000 euros. Como consecuencia de estos hechos se ha visto afectada psicológicamente “con afecciones de sueños. Conductas de evitación, sentimientos de temor, irritabilidad y distanciamiento afectivo”, según relata el Fiscal.

El caso de las otras tres testigos protegidas es prácticamente similar, salvo en el caso de una de ellas que era menor cuando ocurrieron los hechos. Todas ellas prestaron servicios sexuales a cambio de dinero en el club Los Santos, cuyo titular es la Sociedad Lualca 2009 SL, y su administrador único y titular del capital social era José María Muñoz Balsera con quien colaboraban de forma directa otros tres acusados: Ángel Solano Alcaide, Antonio Cohen de la Torre y José Antonio Rodríguez Lagoa. Para todos ellos el fiscal reclama dos años de prisión por el delito de explotación lucrativa de la prostitución.

Las otras personas que se sentarán en el banquillo de los acusados son Friday Eghobamen, encargado de llevar en coche a las víctimas al club donde eran obligadas a prostituirse o de abrir cuentas bancarias para recibir los ingresos de sus víctimas, y Kate John Obazuwaye encargada de atemorizar a las víctimas con represalias hacia sus familias si no cumplían las órdenes dadas. Para cada uno de ellos la Fiscalía solicita 37 y 11 años de prisión, respectivamente

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