La Portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz Correas, ha anunciado la notificación en la que “la Fiscalía tras estudiar la denuncia interpuesta por Ciudadanos contra el Grupo de Gobierno PSOE-NC-Las Palmas de Gran Canaria Puede por presunta administración desleal y prevaricación en octubre de 2016, por la gestión del saneamiento con la empresa EMALSA, ha decidido denunciar de oficio al Ayuntamiento por la citada gestión pública, sustanciándose el procedimiento en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Las Palmas de Gran Canaria”.
Según el auto remitido por la Fiscalía al Grupo Ciudadanos sostiene: “De la documentación recibida y de las diligencias de investigación acordadas se deducen los siguientes hechos: el día 21 de septiembre de 2016 se celebró pleno del Ayuntamiento de Las Palmas, en el que se aprobó expediente de modificación de crédito para atender el pago de las facturas que por el contrato de saneamiento se habían emitido por EMALSA en los años 2013 a 2015, cuando el pago al que se había allanado la Corporación al decidir no recurrir la sentencia dictada por el Juzgado de los Contencioso-Administrativo Nº4, se refería a las facturas emitidas desde enero de 2013 a abril de 2014, ascendiendo el importe de las mismas a 6.635.856 euros, mientras que el importe del crédito extraordinario aprobado asciende a la cantidad de 14.488.854 euros. Pese a ello, aún no se ha realizado el abono aún por estar retenido el pago por la Intervención General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
De estos hechos se deduce un posible delito de administración desleal del artículo 252 del Código Penal, por lo que procede a remitir la correspondiente denuncia al Juzgado de Instrucción”, señala el auto.
Beatriz Correas (Cs) en declaraciones a Diario 16 explica que “el problema del contrato del ayuntamiento con EMALSA que gestiona el saneamiento de alcantarillado, viene desde 1998 por el modelo de gestión, contando esta empresa con un 66% de capital privado y el consistorio con el 34% restante. El ayuntamiento se comprometió a pagar del día 1 al 5 de mes una cantidad fija, pero para ello hay que verificar las actuaciones realizadas por la empresa contratada. EMALSA realizó una subcontratación con la empresa Sercanarias, constituida por los accionistas de EMALSA, perdiendo el consistorio gran capacidad de control. Al solicitar el municipio justificantes de la gestión de saneamiento, y no presentar acreditación de sus actuaciones, se dejó de pagar a EMALSA. Por ello, esta empresa demandó cantidades adeudadas desde enero de 2013 hasta abril de 2014, ganando en el juzgado al ayuntamiento, que nunca recurrió, y decidió pagar la cantidad de 6 millones de euros dictada en la sentencia”.
“La controversia se suscita cuando en un pleno extraordinario celebrado en el ayuntamiento de Las Palmas en septiembre de 2016, el Grupo de Gobierno aprobó la modificación de crédito para hacer frente al pago de la deuda con EMALSA de 6 millones de euros acreditados por sentencia judicial, pero en esta ficha económica incluyeron deudas de mayo de 2014 hasta diciembre de 2015, ascendiendo a 14 millones de euros el pago. Desde Ciudadanos nos negamos rotundamente, nos rechazaron todas las alegaciones presentadas, advertimos de denuncia en la Fiscalía, que formalizamos después de este pleno municipal. Había un grupo de expertos municipales estudiando estos expedientes, hasta que se filtró un informe en marzo de 2017 reconociendo irregularidades…Por tanto hay que hacer bien las cosas con anterioridad al Grupo de Gobierno actual, y desde aquí en adelante”, sostiene la edil de Ciudadanos.
Ciudadanos informa que la interventora anterior admitió los pagos a EMALSA, pero la actual Intervención General del consistorio paralizó el abono de las facturas a esta empresa. Por otra parte, Beatriz Correas (Cs) también ha denunciado al Grupo de Gobierno por obstaculizar el acceso a la información.
En declaraciones del alcalde Augusto Hidalgo Macario (PSOE) sobre las actuaciones judiciales sostiene que “como no hemos pagado a EMALSA, no hay delito” según relata la edil de Ciudadanos, que replica “no se ha pagado porque la Intervención paralizó los pagos, pero son quince concejales del Grupo de Gobierno los que serán llamados a declarar ante el Juez, porque el presunto delito se aprobó en el pleno”.
“Deberían dimitir los concejales, o dar explicaciones de su actuación el alcalde socialista. Podemos ha llegado como un abanderado de preguntas, pero ¿dónde está su transparencia y el acceso a la información? Seguramente el tripartito en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se romperá por Nueva Canarias (NC), no creo que después de esta noticia se mantenga mucho tiempo este pacto de gobierno”, argumenta finalmente Beatriz Correas (Cs), que considera que cumple con su deber al denunciar estos hechos.
