La Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha ha archivado las denuncias presentadas por Ecologistas en Acción en torno a los llamados “Caso Serra”, “Caso Talavera” y “Caso Golf” en uno de los cuales, el Caso Talavera, estaba presuntamente implicado el fiscal Ángel Demetrio de la Cruz. No obstante, el Ministerio Público deja la puerta abierta a la presentación “de la oportuna querella criminal” respecto a las personas denunciadas en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.

El denominado “Caso Serra” tiene que ver con la construcción de una residencia para el ex ministro, Eduardo Serra, en un terreno catalogado como suelo rústico de protección natural, en el valle del Tiétar, en el término municipal de Navalcán. La Fiscalía Superior estima que hay que archivar las diligencias porque la actuación de la jueza a la que apuntaba Ecologistas en Acción en su denuncia “carece manifiestamente de relevancia penal”.

El “Caso Talavera” tiene que ver con la construcción en la localidad de Pepino de un chalet para el fiscal-jefe del partido judicial de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz, en el lecho de un río, “algo prohibido por la Confederación Hidrográfica del Tajo”. En este asunto intervino, en primer lugar, el juez Fernando Presencia, quien admitió a trámite la denuncia de Ecologistas en Acción. Presencia acabó siendo condenado por prevaricación por tal asunto, y, por lo tanto, apartado del caso. La actuación del juez que se hizo cargo posteriormente, “no es constitutiva de infracción penal alguna”, según Fiscalía. Por ello, también procede su archivo.

Y por último, el “Caso Golf”, donde Ecologistas en Acción denuncia la falta de diligencia del fiscal de Toledo, José Muncharanz, quien tardó catorce meses en elaborar un informe sobre la actuación de una posible “trama de corrupción” en torno a la recalificación de unos terrenos para la construcción de un campo de golf. “La denunciante no aporta dato alguno del que quepa deducir fundadamente la comisión por parte del fiscal denunciado de un ilícito penal, por lo que resulta obligado acordar el archivo de diligencias respecto a aquél”, señala la Fiscalía Superior.

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