La Fiscalía acusa a los presos del ‘procés’ de un delito de rebelión y pide 25 años de cárcel para Oriol Junqueras y 25 de inhabilitación, 17 años para los Jordis y Forcadell, 16 años para los exconsejeros y 11 para Trapero
Ciñéndonos al escrito, para Junqueras solicita 25 años por rebelión agravada con malversación de caudales públicos. Para los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa, para quienes pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación absoluta por el delito de rebelión, sin malversación.
Para el que fuera líder de la ANC y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, la Fiscalía reclama 17 años solo por rebelión y otros 17 de inhabilitación absoluta.
El Ministerio fiscal también solicita 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos y un delito continuado de desobediencia grave, así como una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses, para los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila.
Por último, están los miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya de la anterior legislatura y la entonces presidenta del grupo parlamentario de la CUP.
En este caso, la Fiscalía requiere una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses para Mireia Boya, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.
El ministerio Publico acusa de un delito de rebelión al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero por su participación en el procés y le pide una pena de 11 años de cárcel, y agrava así la calificación que hizo la jueza Carmen Lamela, quien procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal por haber consentido la celebración del referéndum del 1-O y no haber frenado el asedio a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017.
En su escrito la Fiscalía de tribunal Supremo también pide 11 años de cárcel por rebelión para el exdirector de los Mossos, Pere Soler, y para el exsecretario general de Interior, César Puig, número dos de Joaquim Forn. Por último, la Fiscalía acusa solo de sedición a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, para la que pide 4 años de prisión.
La Abogacía del Estado acusará a los presos del procés por los delitos de sedición y malversación, unos hechos que conllevan penas más bajas que las que planteará la Fiscalía, que defenderá la acusación por rebelión. Se desmarca así de la Fiscalía, que siempre respaldó el criterio del Ministerio Público en relación a la violencia y el delito de rebelión, por lo que su decisión de acusar de sedición supone también un cambio en la estrategia que ha mantenido hasta la fecha.
