La fiebre de la que hablo en tiene su origen en 1912, cuando la sociedad Macary y Viadier, propiedad del ingeniero barcelonés Emili Viader (administrador de la mina de Cardona propiedad de la casa ducal de Dénia y Tarifa), y el comerciante francés René Macary (exportador de la sal de Cardona al África subsahariana), pusieron en marcha el primer yacimiento de potasa de la Península Ibérica en El Salí de Súria.
Este “descubrimiento”, que suponía acabar con el monopolio de la potasa que desde 1851 (fecha en la que se encuentra potasa en Stassfurt), estaba en manos del capital alemán, revolucionó el sector de la minería europea hasta tal punto que, ya desde entonces, comenzó a denominarse al fenómeno de la transformación del entorno, el efecto llamada de capital y mano de obra, como “fiebre de la potasa”.
El interés que había entonces, al igual que en el presente, por hacerse con el control de este recurso estriba en su aplicación (aunque posteriormente encontraron un mayor número), en la agroindustria como fertilizante. De manera que, en apenas un siglo, aparte de los yacimientos de Alemania y la Cuenca Potásica Catalana, fueron identificándose otros tantos en Argentina, Canadá, China, Estados Unidos de América, Francia, Irán, Israel y Rusia.
A día de hoy, el conjunto de todos estos yacimientos producen cerca de 60 millones de T/año, de los que el 2% (1,17 millones de T/año), corresponde a lo que ICL-Iberpotash (filial de la compañía israelí ICL que, con una facturación de 6.300 millones de euros, es líder en producción de fertilizantes y sexto productor mundial de potasa), extrae de las actuales minas de Cabanasses en Súria y Vilafruns en Balsareny. Unas cifras nada desdeñables, pues coloca al sector catalán cerrando el top ten mundial.
Pero pertenecer al exclusivo grupo top de la potasa, en un sistema económico donde las máximas son rentabilidad y generación de riqueza en torno al mito del crecimiento indefinido, acarrea una serie de externalidades con graves consecuencias socioambientales y económicas para la Comarca del Bages.
En este caso la fiebre que enriquece a ICL-Iberpotash y, a la vez, amenaza el territorio, tiene forma de residuo salino procedente del procesado de la silvinita pues, por cada tonelada de potasa se obtienen tres de halita que no necesitan. En el caso que nos ocupa, el de los residuos procedentes de la mina de Cabanasses, han sido depositados 50 millones de toneladas (desde 1998 a 1,3 T/año), en el entorno de la montaña de sal del Cogulló.
El impacto visual que acarrea todos estos vertidos, hace que se hable del Cogulló más como escombrera que como paisaje natural. Pero al margen del valor estético, que ya de por sí es algo a tener en cuenta, está el valor socioambiental de los recursos hídricos del acuífero y río Llobregat. Estas aguas están siendo potencialmente contaminadas por las filtraciones de sal común que incrementan de forma tóxica la salinidad del ecosistema.
Pero además, para aquellos que piensan en clave económica, el esfuerzo que supone desalar las aguas para su uso doméstico y agrícola está acarreando un sobrecoste de 300 millones para la Agencia Catalana del Agua y, eso sí, repercute en los bolsillos de los usuarios.
Como suele ser habitual la cordura partió de la sociedad civil, en este caso de la Asociación de Vecinos de La Rampiya, quienes denunciaron la situación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), hasta lograr en 2013 una sentencia favorable en la que se insta al cierre de la mina y reparación de los daños. Así mismo, la Comisión Europea también abrió una investigación contra el Estado español por presuntos tratos de favor económicos y medioambientales hacia la multinacional.
No obstante, y gracias a una moratoria excepcional vinculada a la construcción de dos plantas para la revalorización de los residuos vinculado al Plan Phoenix (que consiste en la construcción de nuevas instalaciones que permitirán obtener sal vacuum de los desechos), ICL-Iberpotash ha logrado que la actividad continúe hasta julio de 2019.
Además, la empresa cuenta con el apoyo de sindicatos, partidos políticos y trabajadores porque, como suele ser habitual, en favor de las multinacionales siempre juega la capacidad que tienen de hacer absolutamente dependientes de ellas a cualquier territorio sobre el que dejan caer sus garras y, las instituciones y sus habitantes, se agarran creyendo que más que un peligro son una bendición.
Frente a los cómos y populistas discursos favorables al mantenimiento de la actividad, cueste lo que cueste, se encuentra la plataforma “ProuSal” y grupos como Ecologistas en Acción o CUP. Éstos no solo plantean denuncias a la actividad en sí, sino que también promueven la concienciación y el debate para, a través de un espíritu crítico y reflexivo, plantear alternativas socioeconómicas de futuro que no pasen por la destrucción de su tierra en beneficio de una multinacional y sus accionistas. Pero… ¿quién puede contra el discurso de la globalización y la sociedad posmoderna?
En resumidas cuentas, la explotación de la mina de Cabanasses, contraviniendo normativas medioambientales y sentencias judiciales, continúa activa porque, como el tiempo ha demostrado, los intereses de ICL-Iberpotash están por encima del general. Y es que, en un sistema económico donde las máximas son rentabilidad y generación de riqueza (en torno al mito del crecimiento o desarrollo), las externalidades socioambientales son males menores que bien valen 1.200 puestos de trabajo y millones de euros para la multinacional.
La explotación de la potasa en Catalunya es una fiebre del pasado que amenaza el territorio presente.
