La elección del Fiscal General de la República hará que la crítica arrecie en contra de Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que propuso a gente de probada autoridad, juristas inobjetables que si bien es cierto guardan relación estrecha con él de ninguna manera podría presumirse sumisión o dependencia.

Entre los tres que podrán ser designados por el senado especial mención merece el maestro Bernardo Bátiz un militante de la lucha democrática que entre las objeciones además de su cercanía con el presidente electo está la de su avanzada edad, sin embargo, sus años en realidad son más una garantía de experiencia.

La condición de no intervención del presidente de la República en el nombramiento del Fiscal se acabó junto con el mandato de Enrique Peña, es él en realidad quien estaba éticamente desautorizado para proponer, la crítica del fiscal carnal o una fiscalía que sirva ha quedado sin materia.

La justicia como instrumento político en su más perversa manifestación de impunidad es una práctica que llegó al escándalo, la llamada casa blanca puso al descubierto cómo la corrupción más corriente se ejercía desde la máxima posición de poder.

El miedo a cambiarlo todo para que todo siga igual permitió a la crítica escalar a grado tal de frustrar la justicia a modo basada en la lógica de los incondicionales, lógica que llegó al extremo del nombramiento de Virgilio Andrade al que el presidente instruyó investigarlo bajo la expresa condición de la exonerarlo.

Ese es el México que se convirtió en el paraíso de la impunidad, un país en el que las cárceles están llenas de inocentes mientras los delincuentes operan desde el poder, esa es la contradicción que sufre un pueblo que clama justicia.

Detrás de la crítica en contra de las ternas está el poder de la oligarquía que ante el público reconocimiento de la corrupción de las instituciones ganó terreno disfrazada de organizaciones civiles, cierto es que hay ciudadanía organizada, pero es innegable que su espacio está copado por el poder económico.

Mexicanos contra la corrupción son los mismos de mexicanos primero, intereses privados encubiertos de indiscutibles causas como la educación y la lucha contra la corrupción, en realidad buscan acabar con la educación pública e institucionalizar la corrupción.

Así que la decisión de llevar a la procuración de justicia a perfiles plenamente identificados con la lucha democrática es un acierto, mil veces mejor que sean militantes de la causa democrática a que guarden cercanía con los poderes fácticos.

Si la oligarquía pudiera nombraría a Miguel Ángel Mancera Fiscal General, a Juan Pardinas Fiscal anticorrupción y a Moreno Valle Fiscal electoral, la iglesia en manos de Lutero, esos serían los perfiles surgidos de la supuesta sociedad civil.

México quiere justicia, con todo y que el perdón anida en el corazón de las víctimas, hay conciencia en que el fin de la impunidad atraviesa por la aplicación de la ley, es el Estado Derecho el que puede acabar con la corrupción.

Hay Ley y hay crimen lo que hacía falta es quien tenga el valor de aplicarla, quienes tengan el coraje de ser honestos como los son los juristas que se perfilan en las fiscalías.

El cuadro por la justicia lo completa Alejandro Encinas como encargado de acompañar las investigaciones sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa y probablemente Santiago Nieto como encargado especial del caso Odebrecht.

La justicia de la esperanza no actuará para la nota, el régimen hizo de la justicia el espectáculo de la persecución, eso pasó con casos como el de: Andrés Granier, Guillermo Padrés, Elba Esther, los Duarte y con Roberto Borge.

La justicia sólo puede ser resultado de la recta aplicación de la Ley y sólo será posible sin líneas ni consignas, sin fobias ni filias, la esperanza de la justicia es el respeto: al debido proceso, a sus formalidades esenciales, a los derechos humanos y a la presunción de inocencia.

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