La elusión ética de la democracia

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De la misma manera que cualquier corporación puede fijar sus residencias en paraísos, según le convenga fiscalmente, también se le debería permitir a la clase media española constituir sociedades, diseñadas para eludir la carga impositiva que soporta. Sería un modo equitativo de considerar la libertad de trabajo y capitales en el marco de la UE. Pero el respeto ciudadano a las obligaciones pone de manifiesto que la sociedad española presenta una escasa moral tributaria.

también se le debería permitir a la clase media española constituir sociedades, diseñadas para eludir la carga impositiva que soporta.

La Elusión Fiscal consiste en evitar o retrasar el pago de determinados impuestos. Para ello se utilizan estrategias y procedimientos legales. Lo cual es posible porque los legisladores, al redactar las leyes, dejan “espacios” ambiguos en lugar de eliminarlos de manera adecuada. Sin embargo, como estas circunstancias no son conocidas por la mayoría de los ciudadanos, los textos legales admiten estas salvedades. La interpretación de las mismas puede producir interpretaciones que entren en conflicto con otras normas. Algo así se está visualizando en los casos de presunta, valga el eufemismo, corrupción al que se asiste. En ellos, se están dando situaciones nuevas que no estaban previstas ni reguladas. A esto se lo conoce como vacío legal. En materia penal y de otros aspectos del funcionamiento correcto del sistema democrático, se ha ido vaciando de contenido regulatorio a muchas funciones que están terminando de afectar la vida de los españoles. Va siendo hora de resolverlo. Por ello, como ejemplo de lo dicho, la Elusión Fiscal no es un delito. Pero es fácil de comprender que no es vista con agrado por los responsables de las inspecciones tributarias. Considérese que esa es la razón por la que se produce la pérdida de una parte importante de la recaudación. Y no es de recibo que se atienda a recortar en otros ítems del presupuesto, más sensibles a la seguridad de los ciudadanos, en lugar de acabar con estas prácticas.

La evasión fiscal en España maneja cifras espectaculares: 107.350 millones de dólares, más de 81.000 millones de euros (…) permitiría al Gobierno español cubrir el 84,7% de la factura sanitaria del país, que asciende hasta los 126.666 millones de euros (…) el 9% del PIB nacional

Consideremos una cifra que deja unos efectos colaterales de indudable repercusión social. La evasión fiscal en España maneja cifras espectaculares: 107.350 millones de dólares, más de 81.000 millones de euros. Según un estudio de TaxJustice Networkmás del doble del ajuste reclamado por las agencias de calificación de riegos a España para ejercicios recientes o el triple exactamente de los recortes presupuestarios finalmente aprobados. Si bien, reiteramos, no es delito, se le reclama en cambio el terminar con el acoso a las clases medias y bajas. El informe de esta institución, sitúa a España como décima nación con mayores ratios de fugas impositivas. Deja claro que la recaudación de estos ingresos tributarios permitiría al Gobierno español cubrir el 84,7% de la factura sanitaria del país, que asciende hasta los 126.666 millones de euros. Nada menos que el 9% del PIB nacional.

El Santander acaba de obtener en torno a los 4000 millones de euros en 2013. Además, la sede global de Santander Asset Management estará en la capital británica. La estructura central del holding en Londres empleará a unas cincuenta personas, apenas un 10% respecto a los 600 trabajadores de la gestora. Recordemos que es cuando el que el equipo económico del Ejecutivo sigue recortando el acceso a los servicios médicos, educativos, pensiones y de protección social. Esa evasión cubriría el coste del saneamiento del sector financiero. De esto nada dicen nuestro dúo económico, De Guindos y Montoro. Son directos delegados ejecutivos de los grupos corporativos. Cada vez les cuesta más reprimir su estilo y sus lealtades.

En esta parodia democrática en la que este gobierno ha introducido a España, se sigue eludiendo la responsabilidad del buen gobierno. Así, se llega a discutir la correcta acción ciudadana de denunciar lo incorrecto. Mientras Albert Rivera debuta ante el Club Bilderberg de la mano de Ana Botín y de Juan Luis Cebrián, el Gobierno culpa directamente a los fiscales rebeldes de la filtración sobre la sociedad offshore de Moix.

Pedro Sánchez se ha marcado como principal objetivo sacar adelante el congreso federal de junio con el mayor apoyo posible a su propuesta de ejecutiva. No obstante, ya empieza a mirar, por el rabillo del ojo, los procesos regionales que vendrán después. Y, aunque quiere evitar una nueva crisis interna, sí intentará derrocar a líderes autonómicos que, a su juicio, pueden erosionar al PSOE. España le queda aún lejos.

No sólo Catalá y Maza están en una posición cada vez más insostenible. En la línea del código ético del PP, el nuevo fichaje del ministro Zoido cobró un millón por dos obras que nunca terminó y que aparecen en la Púnica. Otro de los emprendedores del Partido Popular. Pareciera ser que preocupan las lealtades de grupo por encima de las responsabilidades en la gestión de los asuntos públicos. Siendo las responsabilidades el conjunto de obligaciones propias de cada función de gobierno o de administración.

Entonces tenemos finalmente el núcleo de la cuestión: no se entienden como responsabilidades las obligaciones de la función. Sólo se asumen las que se derivan de los compromisos de grupo, los intereses particulares o el latrocinio convenido. Eso no es gobernar. Pero explica el relato oficial. Defienden más allá del interés público todo comportamiento que lo agrede, si este protege a las lealtades menores y antipatrióticas. Porque esta gente que actúa así, de patriota poco o nada.

“Donde hay poca justicia es grave tener razón”

Desde el punto de vista de practicar la transparencia, España se está convirtiendo en un territorio de riesgo para quienes lo intentan. Ya lo decía Francisco de Quevedo: “Donde hay poca justicia es grave tener razón”. Esto supone una elusión ética de la democracia.

 

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