A finales del año pasado, las autoridades argelinas comenzaron una persecución masiva de migrantes en todo el territorio del país, incluidas mujeres embarazadas y niños. La Liga Argelina de los Derechos Humanos denuncia que el pasado día 2 de diciembre, en veinticuatro horas, 1.400 personas negras –y precisamente por eso, por ser negras- fueron detenidas en diferentes distritos de Argel y forzadas, violentamente, a subir a autobuses y camiones que ya estaban preparados para la operación y deportadas en unos pocos días, sin tiempo para recoger sus pertenencias o ponerlas a resguardo, hacia la frontera con Níger.
Cuando se interrogó a los testigos, una vez expulsados de Argelia, sobre “si el trato recibido se debió al hecho racial, por ser negros, en efecto, respondieron que ese factor fue determinante”.
Los deportados procedían, en su gran mayoría, de países subsaharianos como Guinea Conakry, Burkina Faso y Senegal. Estas deportaciones masivas se realizaron a conciencia, con el conocimiento e intencionalidad propios de un Estado en que el director de la Comisión Nacional Consultiva para la Promoción de la Protección de los Derechos Humanos de Argelia había manifestado, poco tiempo atrás, que los migrantes propagaban «enfermedades como el SIDA» y que no tenían «un futuro en Argelia«. El Sindicato Independiente de Administración de Personal (SNAPAP) habló abiertamente de la “caza del hombre negro“.
Los derechos fundamentales de los refugiados y migrantes, deportados sumariamente, fueron denegados e ignorados, vulnerando el derecho de asilo, que incluye la posibilidad de que cada situación sea estudiada y valorada de forma individual, así como a recurrir ante la autoridad competente, encontrándonos ante una flagrante violación de otra serie de derechos interrelacionados. Estos incluyen el derecho a un proceso justo, el derecho a no ser detenido arbitrariamente y a no ser víctima de trato inhumano y degradante. Y, respecto al trato recibido por los deportados con un arraigo más o menos reconocido, este traslado forzoso podría afectar al derecho a la vida privada y familiar, así como a sus derechos socioeconómicos y culturales. Además, dado que dichas deportaciones se realizan con evidentes motivos raciales, se podría incurrir en una grave vulneración del derecho a no ser discriminado.
El 28 de diciembre pasado, se convocó una concentración en Madrid por diversas asociaciones de migrantes africanos. En un comunicado leído, estas asociaciones recuerdan el deber de todos los Estados de respetar los derechos y la dignidad de los seres humanos, de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que condena el «comportamiento oficial del Estado argelino que, olvidando los orígenes de la lucha por la independencia, viola los derechos y la dignidad de las personas africanas«. También sumaron sus voces varios organismos internacionales que han expresado su condena frente a estas deportaciones, llamando a la comunidad internacional a actuar para poner fin a esta situación.
Esta deriva racista del régimen dictatorial argelino viene a unirse a la continua represión desde la independencia que sobre el pueblo amazigh de la Kabylia viene realizando el Estado de los militares argelinos. La persecución de su cultura y el asesinato y/o encarcelamiento de intelectuales, artistas y cantantes han sido moneda frecuente. Este mismo 2 de enero,estallaron en Bugía choques violentos. La ciudad fue el escenario de una llamada a una huelga general que paralizó gran parte de la Kabylia.
Todo comenzó con una llamada anónima, transmitida en las redes sociales, a los comerciantes y se les instaba a observar una huelga general. La huelga de inmediato «se convirtió en un motín«, como tituló el diario argelino Liberté. «Los comerciantes que siguieron a la convocatoria de huelga masivamente a pesar de la ausencia de cualquier organización para supervisar, querían protestar pacíficamente contra el alto costo de vida y el aumento de los impuestos de acuerdo con las leyes estatales«. Pero los enfrentamientos no tardaron en estallar. Unos enfrentamientos que duraron hasta altas horas de la noche y que se extendieron a otros lugares de la región considerada rebelde como Tichy, Amizour, Tazmalt, y Bouira Chorfa donde los manifestantes apedrearon las brigadas de la policía y entonaron esloganes anti-Buteflika.
El Movimiento para la Autodeterminación de la Kabylia, que organiza, cada año, las Marchas del 20 de abril que conmemoran los sucesos trágicos de la “Primavera Negra” (2001-2003), que causaron alrededor de 130 víctimas y miles de heridos, han pedido su protección a los organismos internacionales porque consideran los hechos de enero como un avance a la represión del Estado argelino para la Marcha del próximo día 20: “Es debido a la gravedad de la situación que el Movimiento pide que la ONU garantice el respeto de los derechos humanos en la Kabylia y evite los peligros que pesan sobre los manifestantes”.
