Vayan por delante dos cosas, para que los matices y objeciones razonables no impidan el desarrollo del argumento principal. La primera es que, hipotéticamente, la derecha política no merece calificativos morales por el mero hecho de serlo. Pueden ser merecedoras de juicios morales algunas de sus opiniones, tesis y compromisos, pero ese mérito, de adquirirlo, deviene de su ideario o de su programa, no necesariamente de su ubicación en el tablero político. Conviene separar los juicios políticos y morales, y que si se cruzan sea más bien por voluntad propia, no por presunción del que interpreta.
La segunda cuestión a considerar es que los islamo-nazis de Daesh (o ISIS) no necesitan excusas particulares para cometer sus atrocidades y asesinatos. Ya lo he mencionado más veces, establecer una relación causal directa entre un atentado terrorista y una determinada política es un sinsentido y ayuda a cultivar el miedo y la resignación.
Dicho lo anterior, no deberíamos cometer otro error como el de ignorar el contexto que se ha producido en Oriente Medio después de la inventada guerra de occidente contra Irak. Recordemos el espectáculo bochornoso de cuando el por entonces Secretario de Estado de EE.UU., Colin Powell, mostraba (¡con unos dibujitos!) en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los arsenales y argumentaba el posible uso de armas de destrucción masiva por parte del régimen de Sadam Hussein. Armas que hoy sabemos que nunca se encontraron. Pero también las decisiones posteriores del gobernador estadounidense de Irak, Paul Bremer, que se convirtió -incumpliendo toda la legislación internacional- en el artífice del expolio económico de ese país a favor de empresas estadounidenses, británicas y europeas, y cuyas decisiones políticas irresponsables (prohibir trabajar a los militantes del partido Baaz, por ejemplo) atizaron el odio y la confrontación entre iraquíes y de una parte de éstos contra ese occidente que había arruinado su existencia. El incumplimiento sistemático de la legislación internacional, el conocimiento del uso de la tortura en prisiones como Abu Ghraib y el hecho de que el uso de la fuerza legitima cualquier causa han dejado un legado de odio y rencor que perdurará durante décadas.
Tampoco conviene perder de vista el apoyo que occidente y Europa han dado a lo peor de cada casa: en Libia o Siria con el fin de cambiar el equilibrio estratégico en la región y, de paso, asegurarse el suministro estable de hidrocarburos en los años de la inevitable transición energética. Y no es menos importante recordar que Europa -y España de manera muy significada- apoyan directa e indirectamente a los países que se ha demostrado son los impulsores del crecimiento del islamismo radical en la zona, Arabia Saudí, Qatar y Omán. ¿Alguien que puede creer que esta suma de contundentes hechos no forma parte del problema? ¿Alguien puede creer que se puede abordar el problema del integrismo islámico en su versión terrorista sólo desde una perspectiva policial?
Unos investigadores manifestaban recientemente que cada vez que Aznar, Bush o Blair hablan sobre el terrorismo islámico contribuyen a seguir incrementando el odio de poblaciones devastadas por una guerra que este trío criminal inventó a sabiendas. Sus planes han producido desde entonces millones de víctimas, de desplazados, la destrucción de países enteros, su patrimonio, su cultura, su economía… Ignorar esta la evidencia es obviar la propia historia.
Los últimos acontecimientos sufridos en Barcelona y Cambrils, su legado de horror y tristeza, la desolación por una acción criminal tan absurda como incomprensible, se ha visto agravada por la constatación de que sectores de la “derecha indecente” querían usar el dolor para conseguir miserables réditos políticos. Y no es nuevo. La cúpula del Ministerio del Interior se ha aplicado con particular saña en la tarea de desplazar a los Mossos d’Esquadra la responsabilidad por los errores o deficiencias en la investigación o en el tratamiento de la información antiterrorista, a la par que se arrojaba los méritos del desmantelamiento de la célula yihadista y de la resolución del caso.
Y es que en esto de aplicar méritos, la cúpula de Interior, desde los tiempos del siervo de la orden Constantina Fernández Díaz y su “policía patriótica”, no tiene rival. Recordemos su medalla al mérito policial a la Virgen del Amor…
Pero lo más miserable del intento fallido ha sido poner bajo sospecha la actuación profesional y dedicada de los Mossos, intentando establecer un vínculo virtuoso de sospecha entre su supuesta incompetencia en materia de tan alta volatilidad política como el terrorismo y la pretensión de la Generalitat actual de culminar un proceso independentista. Dar como cierto ese puente daña la confianza y la credibilidad en las instituciones e incrementa el temor social ante la evidencia de que “ni siquiera en esto se ponen de acuerdo”. De manera consciente se limita el espacio de la política y se continúa por el sendero de la criminalización de la diversidad.
La infamia es mayúscula cuando hemos conocido que la cúpula de Interior y el CITCO (Centro de Investigación contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), dirigido por José Luis Olivera, mantiene a los Mossos fuera de la posibilidad de acceder a las bases de datos policiales, algo imprescindible para una acción eficaz en la lucha contra el terrorismo. Evidencia palmaria de que esta parte de la derecha cutre desprecia la idea de un estado plurinacional y la división de competencias que emana de nuestra constitución, la misma que les obliga y en el nombre de la cual suelen decir que hablan.
Hemos conocido también que tanto la CIA como otras fuentes policiales alertaron a la policía española del alto riesgo de atentados terroristas contra Barcelona y que esa información no fue conocida de modo oficial por los Mossos, como tampoco lo fue oficialmente el aviso de la policía belga de la peligrosidad del Imán que está en el centro de la trama del atentado. Sin embargo, de esa información sí disponía la policía española. Como apunte, conviene saber que “el Zar de la lucha antiterrorista” en España, el mencionado José Luis Olivera, tiene por mayor mérito y honra haber realizado un curso online en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) sobre Criminología.
La derecha que usa de las instituciones públicas o privadas para dividir, confrontar y descalificar lo hace esperando recibir réditos políticos e incomodar cuando menos al adversario. Que se hayan usado los atentados de Barcelona y Cambrils para atizar esta maquinaria constata que la derecha católico-neoliberal ha cruzado al lado oscuro de la indecencia política y moral.
Esa derecha se nutre de una base social que representan -entre otros- el Alcalde de Alcorcón, David Pérez (el mismo que llamó “mujeres frustradas” a las feministas), o Santiago Martín, el párroco de la Iglesia de María Virgen de Madrid, que ha señalado directamente a Ada Colau (y de paso a Carmena, la alcaldesa de Madrid) por su responsabilidad directa en los atentados. También los Pérez-Reverte, que consideran que “no tenemos cojones” para enfrentarnos al islamismo, y eso significa que si hay que saltarse el Estado de Derecho, hágase; o Isabel San Sebastián, que usó las redes para recordar a los árabes que ya fueron expulsados de España una vez. En esta lógica para iletrados, han dado por bueno que la ausencia parcial de bolardos en Las Ramblas generaba una complicidad criminal con el terrorismo islámico. El citado párroco madrileño llegaba al punto de invitar a presentar una demanda criminal contra Colau por ese hecho.
Una vez más, ha dado igual la verdad de los hechos y ha importado sobre todo la post-verdad de las interpretaciones. Llama la atención que el hilo que une los diferentes personajes tenga que ver con su acendrado ultra-catolicismo, acompañado en ocasiones de una activa militancia católico-partidaria.
No es momento para hablar sobre la división de la derecha española en función de criterios ideológicos, pero hay familias políticas articuladas alrededor del ideario ultraconservador y católico que comparten elementos fuertes: su confrontación militante contra la diversidad ideológica o cultural; la defensa rancia de la unidad de España; el neoliberalismo económico; su afirmación en valores morales integristas: no al aborto, no al matrimonio entre personas del mismo sexo, y el feminismo como portaestandarte de los males sociales relacionados con la liberación de la mujer. Es una derecha que desprecia la democracia y las instituciones mayoritarias y que condiciona su respeto a las reglas del juego a que éstas les sean favorables. Una derecha emparentada con el paradigma que Trump representa.
Están aquí, no viven en montañas lejanas ni en desiertos remotos, y seguirán armando ruido. No es toda la derecha, pero su voluntad es hegemónica y tiene posibilidades para conseguirlo. Advertidos quedamos.
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