No hay dinero, se acabó la fiesta. Ese es el principal argumento que los gobiernos ultraconservadores de toda Europa repiten de forma insistente, como un pesado mantra, para tratar de justificar el más que evidente desmantelamiento del Estado de Bienestar que se ha iniciado tras el estallido de la grave crisis de 2008. ¿Es cierto que ya no hay recursos para seguir manteniendo el modelo basado en la cobertura y protección social de la población o estamos ante un plan preconcebido y perfectamente diseñado por los “fundamentalistas del libre mercado”, tal como han insinuado importantes economistas de la talla de Joseph Stiglitz? Tal vez nunca consigamos averiguar si existió una gran conspiración mundial para acabar con los derechos sociales y económicos conquistados a lo largo de varios siglos de lucha obrera, pero lo cierto es que todos los indicios apuntan a que el Estado de Bienestar, tal como lo conocemos hoy en día, es decir, el modelo caracterizado por las transferencias de dinero estatal a los ciudadanos, se encuentra en trámites de liquidación.

Son malos tiempos para los subsidios por desempleo, pensiones de vejez y viudedad y ayudas a la dependencia; para la asistencia sanitaria pública y universal; para la escuela y universidad gratuitas que garanticen el acceso a la educación y al conocimiento de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones; y para la provisión estatal de ciertos servicios básicos como la vivienda de protección oficial, el transporte, la Justicia y los servicios de Policía y protección civil.

Todas las conquistas sociales que parecían consolidadas en Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial se desmoronan ahora por influencia de las ideologías ultraliberales que se iniciaron con Margaret Thatcher, fueron continuadas por Ronald Reagan, los Bush y el tea party y culminadas por Angela Merkel, el Bundesbank, la troika comunitaria con sus políticas de austeridad y rescates de países supuestamente en quiebra y el neofascismo económico propugnado por Donald Trump.

Hoy toda esa ideología que cree ciegamente en las bondades del “capitalismo salvaje” y que privilegia al libre mercado sin cortapisas ni limitaciones, al egoísmo más radical, al dinero como dueño y señor de las relaciones humanas y al viejo eslogan darwinista de que “los más fuertes sobreviven, los más débiles perecen” se extiende imparable por todo el planeta. Aquel que necesite un médico que se lo pague; aquel que quiera un maestro que se lo busque; todo el que sueñe con una pensión para los años de vejez que se la costee con su propio bolsillo. Esos son los nuevos dogmas imperantes, la nueva filosofía económica que parece imponerse en estos tiempos convulsos y que está más cerca de la ley de la jungla y del sálvese quien pueda que del sistema asistencial que parecía consolidado tras setenta años de indudable éxito del Estado de Bienestar.

En España el influjo de las nuevas corrientes económicas ultraliberales basadas en el comportamiento azaroso del mercado libérrimo y desbocado, en la austeridad y en los recortes a destajo de servicios públicos esenciales fueron implantadas progresivamente, desde que estalló la gran crisis financiera de 2008, por el Gobierno de Mariano Rajoy (sin duda siguiendo las directrices de Bruselas y en última instancia de Merkel). Las cifras demoledoras revelan que en la última década España ha retrocedido en casi todos los ámbitos del Estado de Bienestar.

En prestaciones por desempleo, los 32.240 millones de gasto público invertidos en el año 2010 cayeron bruscamente hasta los 18.638 millones de 2016. Mientras tanto, las ayudas establecidas por la ley de dependencia siguen llegando con cuentagotas a las personas con discapacidad y enfermos crónicos (el recorte en esta partida desde 2011 ha sido superior a 3.000 millones de euros y cientos de afectados mueren antes de cobrar la paga) mientras las pensiones (congeladas durante años o con subidas insignificantes y hasta humillantes, como la del 0,25% del año actual) corren serio riesgo a medio plazo, lo que ha provocado la indignación de miles de jubilados que se han echado a las calles en manifestaciones casi diarias y movilizaciones sin precedentes.

Los recortes en departamentos tan importantes como Educación han sido feroces, con 7.000 millones de euros dejados de invertir entre 2009 y 2015. En los presupuestos de 2017 la ratio de Educación fue la más baja desde el año 1995 y también la de Sanidad desde 2011. Nada del Estado de Bienestar ha quedado a salvo de los rigurosos tijeretazos, desde las políticas de protección a la vivienda –1.000 millones de euros menos en los últimos 8 años–, hasta los servicios públicos, pasando por los transportes, la Justicia y las fuerzas de seguridad, sectores que se han visto seriamente afectados en su funcionamiento merced a la política de privatizaciones y ajustes (glorioso eufemismo tras el que se esconde la defunción de todo un sistema) puesta en marcha por el Gobierno popular.

Diario 16 inicia en este número una serie de entregas en las que veremos cómo el Gobierno del PP ha ido desmantelando −poco a poco, discretamente y a fuerza de recortes y disminuciones drásticas de la inversión pública−, los pilares básicos del Estado de Bienestar. El primer capítulo lo dedicaremos a la Sanidad pública, hasta hace poco una de las pocas cosas de las que aún podíamos presumir los españoles y hoy en estado crítico. La luz roja hace tiempo que se ha encendido en nuestro modelo de salud, al que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha recortado la espeluznante cifra de 12.000 millones de euros desde que comenzó la crisis, según los últimos informes de la Comisión Europea, que advierten de que si seguimos por ese camino existe un riesgo “potencialmente elevado” de que en el futuro no podamos asegurar tampoco la sostenibilidad del sistema sanitario gratuito y universal.

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