Pocas cosas revelan más sobre los dirigentes políticos y sus sistemas que el modo en que se vienen abajo o los medios que utilizan para mantenerse en el poder. Franco, por ejemplo, dejó todo atado y bien atado. Además de un ejército completo para preservar su legado. Inclusive toda una estructura de represión que se han mantenido a lo largo de estas décadas. Tampoco se pueden olvidar dos factores de poder: el económico y el religioso. En ambos, todavía le sobrevivieron muchos de los apellidos que destacan hoy, por motivos diversos, en las portadas de algunos medios y en los folios de muchos procesos. Lo verdaderamente trágico en España es la contumaz práctica en ignorar el bien común por favorecer el interés del colectivo de pertenencia. La concesión del perdón como práctica es una verdadera demostración de las grietas de este sistema.

Debe saberse que el Gobierno de Mariano Rajoy, en materia de políticas de conmutación de penas del Gobierno, ha concedido 873 indultos desde 2011 de los que el 54% contaba con un informe contrario de la Fiscalía, de la sala del tribunal o de ambas instancias judiciales. Es el periodo con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia en el que más conmutaciones de pena se aplican y cuando hay un mayor desfase entre las concesiones y los informes contrarios al perdón por parte de jueces y fiscales. El ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que afirmaba no haber concedido “… un solo indulto por corrupción…”, mentía. Fueron varios los cargos, incluidos miembros del Partido Popular, los indultados en los poco más de dos años de Gobierno de Rajoy.

En especial, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha concedido 47 indultos a pesar de que fiscales y jueces coincidían en que no se tendía que aprobar dicha medida de gracia a esos condenados. Curiosamente, la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán afirma que “No se ha concedido ningún indulto por corrupción política”. Esta funcionaria del Gobierno sostiene que Rajoy no ha concedido ningún indulto a condenados por delitos de corrupción, violencia de género, seguridad vial ni contra la Hacienda Pública en 2016 y el primer semestre de 2017. Sin embargo, de las 20 medidas de gracia, sobre 1.943 peticiones, concedidas por el ministerio de Justicia bajo la dirección de Rafael Catalá en 2017, seis están consideradas por el Consejo General del Poder Judicial como corrupción. ¿Otro caso de postverdad?

El Gobierno llevaba sin informar sobre la concesión y denegación de indultos en el Congreso desde 2015. Tal opacidad supuso incumplir la Ley de Indultos, que obligaba a que cada seis meses un representante del ministerio de Justicia a cargo de un personaje reprobado por el parlamento, informase acerca de las razones para conceder o denegar el perdón a los convictos y entregar un informe sobre este asunto. Solo Ciudadanos y Unidos Podemos criticaron en su momento el retraso en la presentación de la información por parte del ministerio de Justicia. El PSOE y el PP tienen, además, repleto el Senado, cámara que tramitará el artículo 155 para intervenir en Cataluña, de políticos propios sospechados en causas de corrupción.

Las lealtades de grupo, como con todas las camarillas, prevalecen por encima de las que le corresponde a los cargos para los que son electos o designados. Esas prácticas, con mayor o menor pudor, fueron las que consolidaron un modo de gestionar los recursos del Estado. Dentro de ese estilo se fue dando con el tiempo, un retraimiento de la función de contralor que debe regular las decisiones y compromisos que afecten a los fondos de todos. No obstante, esos organismos, fueron socavados en recursos y en las normas dictadas al efecto de limitar sus funciones, a favor de las andanzas de las camarillas. Es así que, en la actualidad, la estructura normativa que deben administrar los jueces y fiscales honestos, se ve limitada o se ha ido modificando con consecuencias anfibióticas para la función reguladora de las normas. Ya no hay “imputados”, hay “investigados”. La propia figura de la prevaricación se sumerge en un mar de confusiones. Al público ya le parece que prevaricar es algo que va con el puesto.

El mantener el poder para ocultar las vergüenzas propias es característico del PP y del PSOE. Obviemos a los nuevos actores… aún. Esta gente que nos gobierna desde la muerte del dictador ha capturado a España y se resiste a dejarla en libertad. Esta gente, responsable de la situación en la que estamos, cometerá la abusiva imprudencia de impedir que seamos libres.

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