En la última semana, con el fin de crear un poco de distracción y despistar de la campaña electoral y de tapar la bronca que nos está cayendo de Bruselas, la Delegada del Gobierno en Madrid Concepción Dancausa pasó por el microondas el tema catalán y recalentó es suculento plato que siempre sirve a ambos bandos para llenar portadas y desviar nuestras miradas. No me pienso meter en el berenjenal del tema “independentismo”, porque no toca y no me lo dejo imponer por una señora cuyo cargo me parece digno de una breve reflexión.

Lo de prohibir las “esteladas” fue un tiro que salió por varias culatas, el juez del Juzgado de lo Contencioso 11 de Madrid decidió que las esteladas en un partido de fútbol no son un problema y dejó a la señora Dancausa y al Ministro de Justicia Rafael Catalá bastante feos en la foto. Por otro lado los independentistas perdieron la ocasión de ser pobres víctimas de un sistema opresor y de ingeniar vías y métodos para introducir calcetines y pañuelos estelados o incluso banderas en el estadio a pesar de la prohibición.
En principio estamos como estábamos solo que un poco más enfadados los unos con los otros.

El rio volverá a su cauce y cada uno llevará la bandera que le dé la gana.

No obstante merece la pena una pequeña reflexión sobre la figura político-jurídica de la “Delegación del Gobierno”. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Por qué no lo hace otro?

Las Delegaciónes del Gobierno dependen del Ministerio de Hacienda, sus titulares, los Delegados del Gobierno, dependen directamente de la Presidencia del Gobierno y tienen el rango de Subsecretario de Estado. En su función como jefes de las Fuerzas de Seguridad del Estado dependen funcionalmente del Ministerio del Interior. Aparte de ser jefes de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma para la que se les nombran, sus funciones son nombrar Subdelegados del Gobierno (los antiguos Gobernadores Civiles) y enviar informes al Ministerio de Administraciones Públicas.

Otra función es informar a los ciudadanos sobre la simplificación de estructuras del Estado (que también tiene gracia).


Según el artículo 22 de la Ley de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) “Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas representan al Gobierno en el territorio de aquéllas sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las Comunidades Autónomas a través de sus respectivos presidentes.” Es decir, son algo parecido a los antiguos virreyes en la época en la que no había teléfono y los intereses del Estado cruzaban océanos. Además “Los Delegados del Gobierno dependen de la Presidencia del Gobierno, correspondiendo al Ministro de Administraciones Públicas dictar las instrucciones precisas para la correcta coordinación de la Administración General del Estado en el territorio, y al Ministro del Interior, en el ámbito de las competencias del Estado, impartir las necesarias en materia de libertades públicas y seguridad ciudadana. Todo ello se entiende sin perjuicio de la competencia de los demás Ministros para dictar las instrucciones relativas a sus respectivas áreas de responsabilidad.“.


Este artículo 22 no carece de cierta gracia, porque crea problemas que no existen, para resolverlos acto seguido y añadir “sin perjuicio de”, lo que en el fondo significa que ya hay otra entidad de los gobiernos autonómicos o de los ministerios de la administración central, que están haciendo lo mismo. Da un poquito la sensación que se buscaba una figura para controlar a las Comunidades Autónomas y a la vez un puesto en el que se puedan colocar a los amigos que no quepan en el Senado o de “asesores de algo”. Desde la última campaña electoral, por fin, se puede hablar de la estructura y las instituciones del Estado y de repente se cuestiona todo sin debate. Yo prefiero analizar desde el punto de vista positivo. No quisiera decir lo que sobra, sino definir lo que a mi modo de ver hace falta (por defecto lo demás está de más y sobra).

Doy por hecho que las estructuras europeas están y no se pueden modificar unilateralmente desde España, aunque también podrían pasar por el gimnasio. Buena sobra tienen de burocracia y falta de legitimidad democrática, pero centrémonos en lo nacional.

Para definir las necesidades orgánicas hay que decidir el modelo de Estado que se desea. Habiendo cantidad de opciones y matices me limitaré al que a mí más me agradaría, un Estado federal en el que prime el principio de la subsidiaridad. La subsidiaridad consiste en resolver los problemas al más bajo nivel posible, es decir, si el problema se puede resolver en el ayuntamiento, no hace falta que intervenga la Comunidad Autónoma y si se puede arreglar a nivel autonómico, no hace falta que se meta el Estado central, lo que se pueda arreglar a nivel nacional no requiere intervención europea. Este método garantiza una cierta eficacia y competiticidad, fomenta la identificación directa del ciudadano con el órgano administrativo que trata su problema o necesidad y a la vez facilita el control de las instituciones por parte de los ciudadanos. Creo que un país como España debería de tener tres escalones administrativos, los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas y el Estado. En un Estado federal todas las competencias serían originariamente de las Comunidades Autónomas, salvo aquellas que la Constitución, refrendada por los ciudadanos y las propias Comunidades Autónomas, le otorgue al Estado o aquellas que la propia Comunidad Autónoma le transfiera a sus Ayuntamientos.

Lo importante sería definir claramente de donde manan las competencias y a quien la corresponden, para garantizar que no haya organismos paralelos o incluso opuestos. En este sistema de organización del Estado desde luego que no cabe un organismo que sea el delegado (vigilante) del Gobierno. No me importa mucho qué competencias cada uno, eso será fruto del debate político y la negociación, lo que si me interesa es que quede claro quien tiene cada competencia y los derechos y deberes que conlleva. No es de recibo es que haya estamentos que tengan el deber de ejercer ciertas competencias, pero no tengan el derecho de generar ni gestionar los recursos para ejercer esas competencias. Tampoco parece muy razonable que haya órganos que hagan lo mismo o se bloqueen mutuamente. Creo que las Comunidades Autónomas deberían de tener la posibilidad de otorgar y garantizar en sus Estatutos (Constituciones Autonómicas) las competencias que consideren oportunas a los Ayuntamientos y que estas no tienen que ser ni mucho menos las mismas en cada Comunidad Autónoma. Los Ayuntamientos deberían de tener la posibilidad de fusionar con Ayuntamientos vecinos o si no desean fusionar, si gestionar conjuntamente sus competencias o parte de ellas. Por otro lado, también las Comunidades Autónomas deberían de tener la posibilidad de coordinarse entre si en sus temas, para poder aprovechar sinergias, sin tener que ceder competencias al Estado. Una estructura clara y transparente es necesaria para la agilidad y eficacia de la gestión pública a la vez que ayuda a evitar la corrupción.

Reconozco que este tema parece muy seco y aburrido y que da menos portadas y broncas de si que las esteladas, los malvados opresores, los traidores egoístas y los choques de trenes, pero es un debate necesario y sobre todo es importante que se haga desde posiciones desenfadadas, abiertas y constructivas.

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