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La declaración universal de los Derechos Humanos y la administración local

Rosana Arques Vicente
Rosana Arques Vicente
Secretaría Nuevos Derechos y Laicidad 2017 Comisión Ejecutiva Nacional PSPV-PSOE Coordinadora Izquierda Socialista Alicante y Provincia 2014-2017 Presidenta Asociación Cultural Femenina Itaca 2009-2017 Miembro de la Plataforma Feminista de Alicante 2012-2017
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análisis

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La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un acuerdo documental y plural adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de que no se volvieran a repetir las atrocidades cometidas durante los conflictos de la primera mitad del siglo XX. Estos derechos son la base de toda democracia, y deberían mantenerse continuamente supervisados y revisados, pero tal y como avanza la sociedad, van apareciendo nuevos derechos, que del mismo modo resaltan la razón primaria, el reconocimiento de la persona y su dignidad.

Los encargados de velar por el cumplimiento de todos los derechos incluidos en dicha declaración, y todos los derechos aparecidos posteriormente son Los tribunales Internacionales, Los Estados, Las organizaciones gubernamentales y la sociedad civil. Por esa razón, la administración más cercana a la sociedad, debe comprometerse de igual modo que el resto de actores, en llevar a cabo el cumplimiento de los mismos. En su organigrama, los ayuntamientos disponen de medios que pueden procurar la mejora y la dignidad de las personas, poner al alcance de la ciudadanía los medios suficientes y adaptados a cada necesidad, y cualquier tipo de ayuda para conseguir la igualdad y la no discriminación, entre otros derechos.

La evolución de la sociedad y sus necesidades hacen que el catálogo de Derechos Humanos enumerados globalmente, se atomicen en derechos más concretos ligados a identidades especificas, a situaciones temporales. Cuando una causa continua vigente, significa que aun no ha sido resuelta, y por esa razón, la defensa de los derechos humanos, sigue evolucionando y debemos ser persistentes en la acción real.

Las políticas del partido socialista han surgido de la inspiración en los valores de igualdad, solidaridad y libertad, por esta razón estamos comprometidos en la libertad de expresión, en la libertad de decisión personal, en la libertad de conciencia, en la libre elección de las creencias de cada cual, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, en el derecho al empleo, a la vivienda, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro del concepto más amplio de la libertad; a la sanidad universal pública y gratuita, en la educación en los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas.

Los y las socialistas somos de la opinión de que todos los consejos y órganos de participación de las ciudades, si estuvieran inspirados en la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y protegieran las libertades que infunde esta declaración, y por supuesto tal y como fueron redactadas en 1948, deben estar compuestos por una pluralidad generosa, pues nadie sobra en un marco de la defensa de igualdades y libertades.

La aceptación de la existencia de unos Derechos Humanos universales iguales e inalienables, debe entrar en la vida directa de las personas, y deben ser transmitidos desde la mas temprana edad, y es por ello que consideramos que debe hacerse extensible a todos los ámbitos, por lo que los ayuntamientos deberían ser los promotores en centros educativos, espacios cívicos y organizaciones sociales, y hay motivos suficientes para considerarlo así.

Los Ayuntamientos tienen competencias en asuntos que afectan directamente a los derechos humanos como la educación, policía, sanidad, servicios sociales, medidas frente a la violencia de género, protección de menores, etc. Las víctimas, cuando buscan protección o justicia, a menudo se encuentran con que su interlocutor no es la administración central, sino la autonómica o la local. De ahí de la importancia y papel de las corporaciones locales en la defensa de de los Derechos Humanos.

La próxima conmemoración de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos no debe quedar en un acto protocolario e institucional en los ayuntamientos, si no que ha de alcanzar todos los rincones de nuestras ciudades para quedarse, para permanecer, para ser la norma de convivencia. Porque el municipio es el espacio más directo para hacer ciudadanía comprometida con sus derechos y hacerlos respetar, en unos tiempos donde los populismos y el retorno de la ultraderecha ponen en riesgo su integridad.

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