El expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y Manuel Sánchez Ortega, exconsejero delegado de la multinacional con sede en Sevilla, serán llamados a declarar por la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras ser acusados de administración desleal y uso de información privilegiada. Apenas unos días antes de que la compañía anunciara el preconcurso de acreedores en el que se halla inmersa la empresa desde el pasado noviembre, ambos directivos cobraron suculentas indemnizaciones al dejar sus cargos. Benjumea recibió 11,4 millones tras ser relevado como presidente, precisamente cuando la situación de insolvencia de la empresa era ya un clamor.

La denuncia ha sido presentada por el abogado Felipe Izquierdo, quien acusa a los antiguos dirigentes de Abengoa de sólo buscar su “propio beneficio y lucro personal” al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de “salvar a sus miles de inversores”.

La Fiscalía ha reclamado a los querellados que presten la fianza por las mismas cantidades que cada uno ha cobrado como consecuencia de las indemnizaciones. En el caso de Benjumea esta cantidad asciende a 11,4 millones de euros y en el caso de Sánchez a 4,4 millones.

La denuncia basa sus argumentos en que tanto Benjumea como Sánchez Ortega fueron “conocedores” en todo momento “de la auténtica realidad económica-financiera” de la empresa y que con su salida apresurada buscaron su enriquecimiento “en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate”.

Según la denuncia, la empresa podría tener una deuda de 25.000 millones de euros, y que sus acciones A y B, que llegaron a cotizar a 3,570 y 3,299 euros, se desplomaron el 27 de noviembre a 0,440 y 0,292 euros respectivamente.

Muy poco antes de que Abengoa acudiera a un juzgado mercantil de Sevilla para solicitar el preconcurso oficial de acreedores, Benjumea salió por la puerta de atrás de la compañía con una indemnización “descomunal” según los denunciantes.

También el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega abandonó la empresa en mayo pasado recibiendo como “contraprestación post-contractual la cantidad de 4.480.000 euros, a los que se sumaron otros 3,3 millones en concepto de “bonus variable”. Se da la circunstancia de que en pocos días pasó a trabajar para el fondo de inversión Blackrock, que apenas un mes después tomó “fuertes posiciones bajistas” a la hora de calibrar los valores de la compañía de la que era consejero delegado hasta semanas atrás.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional resume los hechos en “una gestión de las empresa que los querellantes califican de ‘horrible’”, al tiempo que los querellados, máximos gestores de la empresa, “han abandonado la misma poco antes de que se presente la situación concursal y han cobrado unas indemnizaciones o contraprestaciones contractuales millonarias cuando conocían la auténtica realidad económico financiera de la empresa”.

Por todo ello, la Fiscalía solicita a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que practique las diligencias solicitadas por los querellantes. Además de reclamar la información de que dispongan sobre los pagos al presidente y al consejero delegado, solicita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores información sobre los mismos así como sobre operaciones de compraventa de acciones de Abengoa desde el 1 de agosto, efectuados por el fondo Blackrock. Por último, reclama a la auditoría Deloitte que le remita el último informe sobre las cuentas de la compañía.

La quiebra de Abengoa podría hacer perder al Estado unos 800 millones de euros. Esta cifra resulta de sumar el “riesgo directo” para las arcas públicas de 415 millones admitido por el ministro de Economía, Luis de Guindos, más la exposición de otros 582 millones de euros de Bankia, de la que el Estado sigue teniendo el 64% del capital. De hecho, la empresa aún tiene que comunicar si pagará las nóminas. 

 

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