La CUP no es Batasuna

En los últimos días, Pablo Casado se ha mostrado abiertamente partidario de promover la ilegalización de la CUP por alentar la violencia callejera en Cataluña y en aplicación de la ley de partidos políticos, según han informado fuentes de la dirección general en Génova 13. La última ocurrencia del líder popular para resolver el problema de la secesión de Cataluña se produce poco después de que Casado haya acusado a Pedro Sánchez de “arrodillarse” ante el independentismo catalán y de no querer aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución. “O Sánchez decide estar del lado de los constitucionalistas o está inhabilitado para seguir un día más en La Moncloa”, ha asegurado en un nuevo ataque al Gobierno socialista.

Más allá del calentón de Casado, dispuesto a prohibirlo todo en Cataluña (las ideas soberanistas, TV3 y hasta la educación en catalán) la beligerancia que muestra el líder del PP con el Ejecutivo de Sánchez en este asunto contrasta con la lealtad que demostró el líder socialista con Mariano Rajoy cuando se produjo la ofensiva independentista que culminó en el referéndum de autodeterminación del 1-O del pasado año y en la declaración unilateral de independencia. En aquella ocasión el PSOE, en la oposición, dio su apoyo incondicional a Rajoy para que pudiera aplicar el polémico artículo 155 e intervenir las instituciones autonómicas catalanas. Sin embargo, una vez más, como corresponde a todo líder del PP que se precie, Casado parece haber dejado a un lado el sentido de Estado y ya trabaja en clave de campaña electoral, puesto que cada día se encarga de presionar un poco más al presidente del Gobierno para que convoque elecciones cuanto antes.

En ese clima de acoso y derribo a Sánchez se enmarca la última propuesta de Casado de ilegalizar la CUP, una medida que entrañaría no pocos riesgos judiciales. En primer lugar, cuando Baltasar Garzón ilegalizó Batasuna en 2002 y ordenó clausurar sus sedes oficiales y su página web ‒con la prohibición expresa de efectuar cualquier acto político o de propaganda‒, la violencia de ETA golpeaba con fuerza a la sociedad española. Ese año se cometieron cinco atentados importantes, entre ellos el que costó la vida a Juan Priede, concejal del PSOE en Orio, el que acabó con la vida del agente Antonio Molina en Collado Villalba, y la explosión de un coche bomba colocado junto a la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, que mató a un jubilado y a una niña de 6 años. Entonces la lacra de la violencia amenazaba con no tener fin. No parece que la situación de la CUP en Cataluña sea comparable ni de lejos. Primero porque no estamos hablando de una organización criminal con financiación económica y estructura militar, sino de un movimiento ciudadano que aunque de extrema izquierda no tiene entre sus principales objetivos la lucha armada para acabar con el orden constitucional. Es más bien al contrario: lo pretende por la vía pacífica, aunque con una presión que por momentos sea insoportable y pueda romper la cuerda. Por lo general, la CUP (también los famosos Comités de Defensa de la República) están formados por jóvenes activistas que provienen del mundo de los grupos antisistema especializados en acciones de protesta y movilizaciones donde la resistencia pasiva juega el papel más importante. Otra cosa es que durante esas operaciones de lucha cívica y manifestaciones en la vía pública algunos de sus elementos más radicales puedan cometer algún delito contra la seguridad de las personas o el mobiliario urbano. Levantar por la fuerza las barreras de los peajes de las autopistas, cortar una estación del AVE o arrojar huevos y harina contra las fuerzas de seguridad puede ser cualquier cosa tipificada en el Código Penal menos terrorismo.

El 16 de enero de 2004 el Tribunal Constitucional confirmó por unanimidad la ilegalización de Batasuna. Cuesta mucho trabajo creer que los argumentos que los magistrados utilizaron en su día para dictar aquella histórica sentencia, en la que quedó probado que Batasuna era el brazo político de ETA, pueda aplicarse también a un movimiento ciudadano que ni por asomo emplea el grado de violencia y crueldad que en su día mostraron los etarras abertzales.

Pero es que además de los serios obstáculos jurídicos que se plantearían para llevar a cabo esta medida política, Casado debería tener en cuenta que condenar a la CUP a la marginalidad, promover su ilegalización y a la vez su demonización, solo contribuiría a victimizar aún más al mundo radical independentista catalán. Y esa victimización es precisamente el principal alimento del que viven estas organizaciones minoritarias. La ilegalización daría aún más argumentos a los radicales en su intento de denunciar que España es un estado fascista y represor que no respeta los derechos humanos. “¿Veis como tenemos razón? ¿Veis como son los españoles y no nosotros quienes practican el terrorismo de Estado cortando nuestras libertades?”, dirían sus líderes llegado el momento.

De modo que Casado puede seguir empeñándose en equiparar a la CUP con la kale borroka y hasta con ETA o con Estado Islámico si así lo cree oportuno, pero sus elucubraciones desmesuradas y sus tesis jurídicas erróneas ‒bastante de andar por casa por cierto‒, tendrían poco recorrido en los tribunales españoles (y en cualquier caso la Justicia europea nunca admitiría tal ilegalización). Más bien parece que el líder del PP, un partido que nos tiene acostumbrados a jugar alegremente a la estrategia política cortoplacista con cuestiones de Estado tan graves y delicadas como el terrorismo, está tratando de sacar rédito electoral con una ocurrencia apresurada y poco meditada que da para un titular en el telediario de mediodía y poco más. La historia reciente nos enseña qué pasos podemos dar y cuáles no en la defensa de la democracia, una defensa en la que no todo vale porque entraríamos en el peligroso territorio de la restricción de los derechos fundamentales de las personas, como son el derecho de participación política, el derecho de asociación y el de manifestación. Conquistas sociales de los ciudadanos españoles que el Tribunal Constitucional siempre ha amparado y protegido frente a las agresiones externas de los Gobiernos de turno.