La larga duración de la crisis, junto a un sistema de protección por desempleo no previsto para ciclos de esta duración, hace que la protección de las personas desempleadas y de sus familias se vaya agotando día a día.

El artículo 35.1 de la Constitución consagra el derecho y la obligación de trabajar al establecer que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

Según la Encuesta de Población Activa en 2016, hay 4.473.844 personas menores de 65 años en situación de desempleo, de las cuales sólo 1.221.829 perciben algún tipo de prestación, el 27,3%

Para las personas desempleadas que, pese a su voluntad, se ven impedidas de poder ejercer el derecho constitucional al trabajo, el artículo 41 de la Constitución dispone que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.”

Según la Encuesta de Población Activa referida, hay 3.252.014 personas desempleadas que carecen de todo tipo de protección. A estas personas, además del derecho al trabajo, también se les conculca el derecho a su protección en caso de desempleo. Esta situación supone una grave injusticia social, más aún cuando sabemos que muchas de ellas son personas en desempleo de larga duración con responsabilidades familiares y sin ningún tipo de ingreso económico.

Casi la mitad de los parados superan los dos años en esa situación

Conculcar el derecho constitucional a la protección por desempleo está provocando, además, que esta pobreza tan severa y sobrevenida la estén padeciendo de forma muy directa los niños y niñas con sus progenitores en paro. Los organismos internacionales como UNICEF estima en más de dos millones el número de niños y niñas españoles en situación de pobreza.

La última Encuesta de calidad de vida referida a 2015 constataba que el 40,1% de las personas paradas estaban en situación de riesgo de pobreza. Esta situación está, obviamente, derivada de la falta de percepción de prestaciones por desempleo. Hay 2.022.422 personas paradas de larga duración y que no perciben ninguna prestación. Son personas que, además de negárseles el derecho al trabajo, se les está negando su derecho constitucional a una prestación por desempleo suficiente; los poderes públicos, de acuerdo con el inequívoco mandato del art. 41 de la Constitución, tienen ante sí la obligación de garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante la situación de desempleo.

Llevamos diez años de profunda crisis y, según las previsiones de organismos internacionales y del propio Gobierno, ni tan siquiera en 2020 se habrá recuperado el volumen de trabajo existente en 2007. Según las personas expertas en este ámbito, con las políticas actuales, se tardará una década en recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis. Además, los recientes acontecimientos en el ámbito de la Unión Europea hacen presagiar una ralentización del crecimiento en todo el conjunto de estados miembros.

La tasa de protección por paro entre quienes llevan más de dos años es del 21,7%.

En 2016 el gasto en prestaciones ha disminuido en 11.481 millones de euros sobre 2011. Ya son plenamente eficaces los graves recortes que el Gobierno asestó a la protección por desempleo a través del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y del Real Decreto-ley 23/2012, de 23 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. La protección por desempleo apenas alcanza a un 27,3% por ciento de las personas desempleadas.

En 2016 el gasto se ha reducido un 38,2% sobre 2011. Todo ello a pesar de que hay 159.356 personas más en desempleo de larga duración que en 2011 y las familias con todos sus miembros en paro continúa en niveles intolerables.

La cronificación del desempleo ha llevado a que seis de cada diez personas paradas lleven más de un año en esa situación y, casi una de cada dos, más de dos años. La tasa de protección por paro entre quienes llevan más de dos años es del 21,7%.

Los Presupuestos de 2017 continúan con el recorte: se destinan mil quinientos millones menos que en 2016, una reducción del 7,6%, y 14.237 millones menos que en 2011, un 43,7% de disminución. Estos presupuestos, una vez más, tampoco se ejecutarán. El cálculo del gasto anual en función de lo gastado en los cuatro primeros meses, rondará los 17 mil millones, mil millones menos de lo presupuestado.

Contrasta este gasto estimado, con la recaudación de la cuota por desempleo. La recaudación prevista para 2017 es de 19.415 millones de euros, casi dos mil quinientos millones más que lo que se gastará. Este dato supone pone en evidencia el contenido del recorte: pese a que tres de cada cuatro personas paradas no perciben ninguna prestación, se produce este excedente.

La portavoz socialista de Empleo, Rocío de Frutos, ha recordado que en el año 2010 la cobertura por desempleo alcanzaba a más del 78% de los parados, lo que supone 24 puntos más que ahora: “¿Qué explicación tiene el Gobierno para que la mitad de las personas paradas no reciba ninguna prestación, ni subsidio del Estado?”.

A pesar de la complacencia del gobierno, los trabajadores ni son, ni viven de datos estadísticos y los que consiguen un empleo, trabajan en condiciones absolutamente precarias, por el efecto demoledor de la reforma laboral. El empleo temporal supone más del 90% de la contratación total y la destrucción de la negociación colectiva junto a la excesiva generalización y uso fraudulento de la contratación a tiempo parcial ha llevado a un deterioro extremo de los salarios.

La diputada por Ourense, Rocío de Frutos; ha expresado su convencimiento de que se puede mejorar la situación del casi un millón de hogares sin ingresos: “En esa línea se inscribe el Ingreso Mínimo Vital que proponemos, una nueva prestación por situación de necesidad, por carencia de ingresos, que pueda satisfacer las necesidades básicas, acorde con la dignidad humana, acompañada de un incremento de la prestación por hijo a cargo destinada a combatir la pobreza infantil en general y erradicar específicamente la pobreza infantil severa”, ha dicho, y ha añadido: “Así lo hemos aprobado recientemente en el Congreso de nuestro partido. Estos objetivos deberían avanzar hacia una renta de naturaleza estructural y tener posibilidades de progresar en el futuro hacia una Renta Básica, que fijará, de acuerdo con el nivel de pobreza existente en ese momento, un objetivo de renta mínima para todos los ciudadanos, a modo de los beneficios fiscales que operan como transferencias de renta indirectas de las que están privadas ahora las personas y familias de ingresos más bajos”.

Considerando además que para el PSOE es una preocupación y una prioridad tomar medidas para paliar los efectos de la expulsión del mercado de trabajo de las personas mayores de 50 años, entendiendo que es uno de los dramas actuales que ponen de manifiesto por un lado la indefendible flexibilización del despido, y por otro el fracaso estrepitoso de las políticas activas de empleo de este gobierno, que más allá de abaratar los costes empresariales del trabajo y vaciar la caja de la Seguridad Social no sirven para dar oportunidades a las personas con largas carreras de cotización pero expulsadas prematuramente del mercado de trabajo y que tienen más dificultades para acceder a un empleo digno.

Es inasumible que a pesar de que se conoce esta situación, se suprimiera por el Partido Popular la protección para mayores de 52 años, incrementando la edad de acceso a los 55 años y vinculando su acceso al nivel de rentas de la unidad familiar. Uno de los objetivos del Grupo Parlamentario Socialista es recuperar el subsidio de desempleo desempleo para mayores de 52 años, según manifestó la portavoz socialista.

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