República Dominicana

En República Dominicana, la ideología racista y xenófoba vertida sobre el tema de los/as inmigrantes haitianos/as, a los estigmas de “invasores” y supuesta “carga para el país” -pese a su condición de población trabajadora que aporta a la economía mucho más de lo que recibe- suma el calificativo de “ilegales” contra la mayoría indocumentada que reside aquí.

 

INSTRUMENTO CRIMINALIZADOR

La ilegalidad es un delito y los delitos se reprimen y castigan, pero resulta que emigrar a otro país por razones de sobrevivencia jamás puede ser considerado como un delito.

Es realmente un drama social motivado por la negación del derecho a la vida.

Es, incluso, un fenómeno con ribetes de tragedia social.

Porque no es verdad que grandes contingentes humanos abandonan su patria, su familia, su entorno…por maldad. Lo hacen para sobrevivir, auto-protegerse y tratar de superar una vida de calamidades.

Calificarlos de “ilegales” conduce a criminalizar la migración, a hacerle la guerra, a militarizar el problema, a considerarlo asunto de seguridad nacional (asignado a las Fuerzas Armadas).

Conduce necesariamente a criminalizar un tema que requiere ser tratado de otra manera, respetando siempre la dignidad humana y los derechos esenciales de ambos pueblos.

La miseria no se combate ni apresándola ni matándola, sino erradicando sus causas.

Esa modalidad represiva e inhumana de abordar los flujos migratorios es propia de Estados y poderes opresores.

En la actualidad mundial, en términos generales, el imperialismo estadounidense está llevando esa modal9idad represiva a niveles paranoicos y aberrantes, considerándola “delito mayor” junto al terrorismo y al tráfico de armas, drogas y bandas gansteriles, e incluyéndolo en la agenda de sus nefastos programas de “seguridad nacional” y de “combate a la delincuencia” a escala internacional.

 

Un abordaje imperialista peculiar para el caso dominico-haitiano

En este tema EEUU trata a nuestra República Dominicana con una cierta singularidad que tiende a confundir: frente al problema migratorio en nuestra isla, sus autoridades políticas y militares hipócritamente se presentan como defensores de los derechos de la migración haitiana y de los dominico-haitianos/as, por tratarse de un fenómeno fuera de su territorio que le permite simular sin pagar costo y ganando “prestigio”.

Contrasta, sin embargo, que sus voceros no dicen eso ni actúan en forma similar cuando se trata de la migración haitiana, dominicana, colombiana mexicana, salvadoreña, árabe-islamita… que intenta entrar o está establecida en el territorio de esa súper-potencia.

Porque la verdad es que en el pasado y en la actualidad ese poder imperial impone las causas de grandes flujos migratorios, incluido el empobreciendo de estos y otros países; al tiempo que discrimina a los/as emigrantes de los países dependientes, los sobre-explota, acosa, persigue y reprime en su territorio y en la ruta hacia él; llegando al extremo de considerar esas migraciones como blanco de ataque de una guerra global supuestamente destinada a preservar su seguridad.

 

El neofascismo como de la criminalización, el acoso racista y la sobre-explotación

Los estigmas y específicamente la criminalización está alimentando un intenso programa comunicacional que procura en el plano político conformar corrientes y agrupamientos neofascistas a nivel de medios masivos, redes sociales, cuerpos castrense y policiales, viejos matriculas partidos políticos y nuevos agrupamientos de extrema derecha y de vocación para-policial, lo que incluye una rehabilitación de la herencia anti-haitiana de corte trujillista y balagueristas.

El partido oficial opera como facilitador de esa avalancha y la cúpula empresarial, junto al partido-estado, opera con una doble moral: al tiempo que asumen el mal llamado “peligro haitiano”, convierten la frontera terrestre en un gran negocio y estimulan el flujo migratorio como componente precarizado de la esclavitud asalariada y factor depresor de salarios y sueldos internos.

Así, la supuesta “carga” que supuestamente le ha impuesto a nuestro país la inmigración haitiana es muy singular cuando se comparan sus aportes históricos a la industria azucarera en el infernal corte de caña; sus aportes en la recolección del café, su trabajo en las fincas arroceras, bananeras y otras unidades agrícolas y pecuarias, sus servicios domésticos y sus enormes y recientes contribuciones a la industria de la construcción, extremadamente mal pagados.

Portentosas obras de infraestructuras, hospitales, escuelas, torres, programas de viviendas, carreteras, calles, aceras…han sido construidas con la contribución de estos emigrantes sometidos a precarias condiciones laborales y a pésimas condiciones de vida.

Los enormes montos de las ganancias empresariales por ese concepto contrastan con la mínima parte del producto que reciben los abnegados trabajadores/as haitianos/as por sus duros trabajos.

Pasa también con grandes contingente de la clase obrera dominicana, pero ciertamente en el caso de la población haitiana, o de origen haitiana, es peor; sin contar otros maltratos y sinsabores producto de la discriminación y los prejuicios racistas.

Así, gran parte de las riquezas que produce el trabajo de la migración no va ni a sus bolsillos ni a los del pueblo humilde de nuestro país, sino a engrosar las fortunas de altos funcionarios, dueños de ingenios, latifundistas, burgueses agrarios, generales, ministros, carteles de la construcción, grandes hoteles e impenitentes traficantes de seres humanos.

Es enorme el monto anual de las voluminosas cuotas de plusvalía correspondiente a esa labor, el aporte anual de esa sobre-explotación al PBI, y su entrada a las arcas de la alta burguesía y del funcionariado corrupto. Y más escandaloso y dramático es el tema si esto se compara con el total de los deprimidos ingresos y el costo de los malos servicios que reciben los trabajadores haitianos/as radicados aquí, junto a los detalles de las condiciones de trabajo y de vida.

La verdad debe florecer para ponerle fin a esta terrible y peligrosa campaña de odios y mentiras vertidas para envenenar las relaciones entre dos pueblos que deben solidarse entre sí para enfrentar a sus verdaderos enemigos locales y transnacionales.

Y parte importante de esa verdad es que el racismo, la xenofobia y los esfuerzos por crear un corriente política neofascista usan el paragua anti-haitiano y fomentan el odio entre ambos pueblos, apoyándose en la cuestión histórica de que nuestra independencia se proclamó a raíz de la separación de ambas identidades nacionales y también en el fuerte flujo migratorio en el marco de una frontera terrestre que ha devenido un enorme y multifacético para el lucro

La frontera como negocio favorece a las mafias políticas, empresariales y militares-policiales en pleno ejercicio de poder.

 

Muro y paramilitarismo

La propuesta de un muro fronterizo, a lo Trump, y la gestación de grupos paramilitares aparecen recientemente como recursos del nazi-racismo criollo, a contrapelo de que ninguna de esas iniciativas perversas podrían remediar el flujo migratorio y de que no operarían contra el negocio fronterizo, sino que más bien tendería a encarecerlo, elevando las ganancias de las mafias burocráticas, militares y políticas.

Los muros no han sido ha sido solución en ninguna parte, porque los enormes flujos migratorios a través de fronteras terrestres tienen que ver con las búsquedas de formas de sobrevivencias de pueblos empobrecidos, y esos flujos son facilitados por la corruptela y los negocios fronterizos.

Ni siquiera los mares frenan ese fenómeno social.

El paramilitarismo, dirigido contra quienes enfrentamos esta modalidad neofascista, persigue, sembrar terror y reimplantar los asesinatos selectivos contra activistas sociales, comunicadores y dirigentes de izquierda enfrentados/as no solo al racismo anti-haitiano sino al propio régimen que lo engendra

La solución de fondo a este fenómeno social está en garantizar en cada territorio el derecho a una vida digna; y mientras existan fronteras y naciones no integradas, habría que agregarle regulaciones migratorias, elevación de los niveles de vida en ambos lado de las fronteras terrestre y cese de la impunidad de los delitos derivados.

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