La Guardia Civil en un comunicado ha anunciado que “la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Las Palmas, ha culminado el pasado día 28 de marzo la operación Atino, en la que se ha procedido a la detención de 17 personas en las provincias de Las Palmas, Ávila y Baleares, por los delitos de Estafa, falsedad documental, integración en grupo criminal, blanqueo de capitales, coacciones, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho.

La colaboración de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda en todo momento ha sido clave en la operación Atino, en la que se han detectado diversos expedientes con numerosas propiedades afectadas que están valoradas en más de 13.000.000 de euros.

Todos los detenidos, once varones y seis mujeres, han sido puestos en libertad a disposición de la Autoridad Judicial. En su mayoría están relacionados con el ámbito profesional y jurídico del sector inmobiliario: abogados, notarios, gestores inmobiliarios y funcionarios del Catastro.

 

El origen de la operación Atino

A raíz de la denuncia de un ciudadano, que supo del desarrollo de la operación “Lindes”, comunicando a la Guardia Civil una tentativa de usurpación de una propiedad ubicada en la isla de Fuerteventura mediante la alteración de la titularidad catastral en el pasado mes de noviembre de 2015 comienza la operación “Atino”.

“El Equipo de Patrimonio de la UOPJ comenzó una investigación basada en la inspección de expedientes catastrales iniciados para el cambio de titulares catastral de las propiedades, encontrando una serie de indicios basados en irregularidades cometidas todas ellas por el mismo funcionario del Catastro de la Provincia de las Palmas”, documenta la Guardia Civil.

 

Procedimiento y forma de actuación

“Del estudio de la actividad delictiva del funcionario citado, se descubrió la colaboración de una gestoría dirigida por otro funcionario del catastro, pero en situación de excedencia, y a su vez dos ramificaciones – en las islas de Lanzarote y Fuerteventura- de esta actividad, que actuaban de forma autónoma” sostiene el comunicado en el que explica “la manera de actuar principalmente era la redacción de documentos compra-venta privadas y notariales fraudulentos, al objeto de arrebatar las propiedades inmuebles (fincas rústicas en su mayor parte y también urbanas) a sus legítimos propietarios para incorporarlos al patrimonio de los integrantes o venderlos a terceros. Para la selección de las propiedades, se estima que el grupo manejaba información privilegiada obtenida ilícitamente de bases de datos catastrales”.

Entre los perjudicados localizados se encuentran 23 colectivos tanto instituciones como asociaciones (familiares o del ámbito privado) y 21 particulares o personas individuales, no descartando la Guardia Civil que hayan más perjudicados dado a lo dilatado en el tiempo de la actividad delictiva, al menos desde el año 2.005.

En la Primera fase de la operación realizada en Fuerteventura, se inició la fase de explotación de la operación Atino realizándose un total de seis registros, dos de ellos en viviendas, otros dos en oficinas inmobiliarias y otras dos en almacenes relacionados con los detenidos.

En este caso se detuvieron cuatro integrantes de la trama, uno en el municipio de La Oliva y los tres restantes en el municipio de Puerto del Rosario, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, integración en grupo criminal, blanqueo de capitales y coacciones, interviniéndose documentación probatoria, material informático, 4.000 euros en metálico y dos vehículos.

Durante la Segunda fase en Las Palmas, siguiendo con la operación, la Guardia Civil registró la oficina del Área de Rústica del Catastro de Las Palmas procediendo en este caso a la detención de un funcionario del Catastro en activo. Paralelamente se procedía al registro de una gestoría ubicada en la misma calle que llevó a la detención de dos trabajadores de la misma, siendo uno de ellos funcionario del Catastro en excedencia y el otro abogado, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, integración en grupo criminal, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho.

En ambos registros se intervino diversa documentación probatoria, material informático y tres vehículos.

Posteriormente, la Guardia Civil durante la Tercera fase de explotación en Lanzarote, realizó cinco detenciones, ubicando una de ellas en la localidad de Costa Teguise y las cuatro restantes en la localidad de Las Palmas de Gran Canaria, todas ellas directamente relacionadas con este tipo de irregularidades en la isla de Lanzarote por los delitos de estafa, falsedad documental, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales.

Se inició con la detención de una persona el pasado día 15 de marzo en la localidad de Palma de Mallorca la Cuarta y última fase de explotación por los delitos de estafa, falsedad documental, integración en grupo criminal, relacionada con la rama de Fuerteventura la cual había cambiado previamente su residencia. 

El 21 de marzo se procedió a la detención del primer notario implicado en la trama, en la Provincia de Ávila el cual había ejercido previamente su labor en la isla de Fuerteventura. De manera inmediata, el pasado 23 de marzo la Guardia Civil detuvo al segundo notario implicado en la trama en la isla de Lanzarote y finalmente el pasado 28 de marzo se realizó la tercera detención en la localidad de Las Palmas de Gran Canaria. A los referidos se les imputa la presunta autoría de los delitos de estafa, falsedad documental, integración en grupo criminal.

Las Unidades actuantes que han participado en la operación Atino, que ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, son el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Las Palmas, los respectivos Equipos Territoriales de Policía Judicial ( ETPJ) de Puerto del Rosario y Costa Teguise, el Núcleo de Reserva de la Comandancia, el Servicio Cinológico de la Guardia Civil, la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Baleares, y el Grupo IV de Inteligencia Financiera de la Unidad Técnica de Policía Judicial de Madrid.

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