Los Mossos d’Esquadra han detenido al presidente de la Diputación de Lleida y alcalde de Fondarella, Joan Reñé, por presunta corrupción. También han sido arrestados varios altos cargos de la diputación y otros responsables de las empresas investigadas como M y J Gruas o Enginyeria Inalba por pagar mordidas a cambio de concesiones de obras irregulares.

Entre los detenidos están dos altos cargos de la Sección de Conservación de Carreteras de la Generalitat. Una treintena de policías han registrando la sede de la Diputación junto a su presidente que se encuentra, dicen fuentes consultadas a Diario16, aparentemente tranquilo.

Joan Reñé es el presidente de  Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en Lleida y uno de los detenidos.

Las detenciones responden a cuatro años de indagaciones por parte de la Fiscalía Provincial de Lleida

Están previstas más detenciones y una decena de registros en busca de documentación para acusar a los detenidos por cohecho, malversación de caudales públicos, soborno, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, delitos societarios, delitos de corrupción en los negocios o fraude a la Administración Pública, entre otros.

La ‘Operación Boreas’, la está dirigiendo el Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida, tras cuatro años de indagaciones por parte de la Fiscalía Provincial de Lleida. Hay tienen indicios de que Reñé y la jefa de organización y Gestión de la Presidencia de la Diputación, habrían cobrado durante años, comisiones ilegales en metálico a cambio de montar un sistema de reparto de adjudicaciones de obras irregulares.

El importe de lo supuestamente cobrado en la ‘Operación podría ascender a 11.000 euros en metálico de manera bimensual durante años, para su lucro personal. También se investiga la entrega de donaciones a CatDem por parte de las empresas beneficiadas como pago para el partido. Algunas de las prácticas analizadas se siguen desarrollando en la actualidad.

La investigación se inició en 2014 con la apertura de unas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía tras una denuncia que alertaba del presunto pago por parte de la constructora catalana M y J Grúas de comisiones al presidente de la Diputación de Lleida, a cambio de la adjudicación en marzo del 2010, a través de la UTE Depurpla 2, del mantenimiento durante 15 años de seis depuradoras en la comarca del Pla d’Urgell. La constructora y la UTE han sido donantes de fondos a CatDem, la fundación de CDC.

El contrato de 22,5 millones de euros era para gestionar las plantas de tratamiento de aguas residuales de Fondarella, Linyola, Bell-lloc, Barbens-Ivars d’Urgell, Bellvís y Juneda-Torregrosa.

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