La Operación Nazarí que ha liquidado la carrera política de Pepe Torres Hurtado, abriendo una brecha interna considerable en el PP andaluz y granadino, sigue envuelta en un halo de misterio conspirativo mientras que permanecen secretas las actuaciones por orden de la Juez del número 2 de Instrucción de Granada.

Y en ese ambiente de conspiración del que hablan y no paran quienes rodean a Pepe Torres, (Pepeto), entra todo quisque. Desde un empresario resentido y arruinado que denunció el primero, a las más altas instancias del Ministerio del Interior, pasando por el mismísimo Fiscal Superior de Andalucía, el PSOE que se personó en la causa, el empresario Tomás Olivo en venganza por lo que le hicieron los del PP con el Centro Nevada y perjudicado por dar vía libre a un centro comercial en competencia, encima plagado de ilegalidades como el Serrallo y  finalmente al diario Ideal que fue el periódico que primero se hizo eco del arranque del Caso Serrallo. Toda esa gente, según cuentan los más cercanos al alcalde, estarían en la macro conspiración contra Pepe Torres.

Ha sido una gran terremoto interno el que se ha vivido, se vive aún, en el PP tras el paseo del alcalde de Granada, conducido en un coche de camuflaje de la Udef, desnudándole en sucesivos registros. En su casa encontraron 1.600 euros y un iPad con fotos de sus nietos que viven en Dubai.

Esos temblores internos en el PP han tenido dos epicentros, uno político y otro judicial, en este último obligando a intervenir a la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, en una nota que más que aclarar ha venido a aportar más confusión. Y lo que es peor, echa leña a la hoguera conspiranoica.

Bajo el argumento de que Fiscalía no estaba por la detención y registro de Pepe Torres, cosa cierta, por ser aún prematuro en esta fase de las investigaciones, fue la tesis policial la que finalmente se impuso porque la aceptó la Juez instructora. La operación, por tanto, ha sido autorizada por quien debe y puede, no por quien propone como acusación.
Fuentes de Fiscalía han confirmado, punto por punto, que el procedimiento seguido se ha ajustado cien por cien a la legalidad  “como no podía ser de otra manera”.

La nota de la Sra Madrigal, obligada a todas luces por la catarsis interna que ha supuesto lo de Granada en el PP, ha sido interpretada por los investigados justo como la confirmación de que las detenciones y registros han sido ilegales.

La Fiscal General en ningún momento dice en su nota que la Juez Instructora no haya avalado las actuaciones, cuestión sin duda clave para determinar la legalidad o no de la operación policial.

Y en esos términos contestó la Dirección General de la Policía en otra nota donde aclaraban que las detenciones se efectuaron “conforme a la Ley y la Constitución”. En esa misma línea tuvo que salir a la palestra Antonio Sanz quien, en calidad de Delegado del Gobierno y responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad en Andalucía, dejó claro que la actuación de los agentes estuvo autorizada por la Juez y coordinada por la Fiscalía.

quienes ahora ven fantasmas por todos lados que opinen cuando se levante el secreto de las actuaciones

En Granada, no obstante, se insiste desde Fiscalía: “Este es un asunto que lleva más de un año investigando el Juzgado Nº 2 de Granada; ha intervenido el Fiscal de Medio Ambiente quien, lógicamente, ha estado coordinado con el Fiscal Jefe provincial de Granada y en todo momento la autoridad judicial es quien ha dirigido la Instrucción, cumpliendo con nuestros papeles respectivos tanto la Policía como nosotros”. Y añaden algo más estas fuentes, “quienes ahora ven fantasmas por todos lados que opinen cuando se levante el secreto de las actuaciones”.

El Fiscal Superior, Jesús García Calderón, al que los defensores de la tesis conspirativa otorgan un papel clave como acusador en este procedimiento, se asegura que ha estado informado del caso por el Fiscal Jefe provincial y que en cumplimiento de sus responsabilidades ha supervisado la actuación de Fiscalia, dando su visto bueno al trabajo realizado “correcto y legal en todo momento”.

En el plano político, se obtiene la impresión hablando con personas diversas del PP granadino, que los efectos están siendo devastadores. Que Ciudadanos, el partido que tiene la llave del gobierno y la alcaldía de Granada, se conforme con levantar a Pepeto y sentar en el sillón de la alcaldía a Sebastián Pérez, numero dos de Torres y presidente provincial del partido, es responsabilizar directamente en términos políticos a José Torres Hurtado y no a su partido, el PP. Como si la labor en Urbanismo durante años por el PP en Granada hubiese sido conocida sólo por el alcalde y su concejal de turno.

Echar toda la culpa sobre las espaldas de alguien que se siente más inocente que una espuerta de gatos recién nacidos, no parece que sea un plato que el alcalde esté dispuesto a tomarse así como así. Entre otras razones porque al considerarse inocente y no saber de qué se le acusa exactamente, su partido, el PP, al que tantos sacrificios ha dedicado desde que se llamaba AP, le ha metido directamente en la picadora de carne judicial maloliente. Ni siquiera su viejo amigo Javier Arenas ha salido a su defensa interna, cuando los lobos renovadores de Génova 13 inclinaban el dedo hacia abajo. Tiene su explicación, cuentan los arenólogos que “Pepe Torres y Javier Arenas no se hablan hace años, esa relación se rompió y ellos sabrán por qué” aseguran. La versión más creíble que circula sobre los motivos del alejamiento habla de intentos de manejos granadinos por el de Olvera, no aceptados por ‘Pepe el tractorista’.

Ni siquiera su viejo amigo Javier Arenas ha salido a su defensa interna

De momento hasta el día 12 de mayo no veremos públicamente nuevas escenas relacionadas con esta causa que promete poner patas arriba la gestión urbanística de Granada en estos últimos años. Ese día esta convocado Pepe Torres y el resto de implicados a sede judicial donde se les tomará declaración.

Pasarán semanas seguramente antes de que se levante el secreto de las actuaciones, pero los investigados (o no) ya sabrán algo más de lo que hoy se conoce por macutazos periodísticos. Una de las especulaciones que más ha circulado apunta a que los agentes de la Udef buscan posible conexión de intereses de Pepe Torres con empresas constructoras y promotoras de Granada, beneficiadas irregularmente por su Administración.

La policía está convencida de que están haciendo sus deberes correctamente, a las órdenes de una Magistrada, supervisados por la Fiscalía y que, cuando se conozca a fondo lo que hay tres la Operación Nazarí, algún dirigente político “les tendrá que pedir disculpas”.

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