Una veintena de organizaciones civiles, entre las que se encuentran los sindicatos Comisiones Obreras, UGT o CGT, o también organizaciones de consumidores como Facua-Consumidores en Acción, han iniciado una campaña a nivel nacional contra los cortes de luz a familias sin recursos y contra las tarifas abusivas del sector eléctrico.
A través de la web nomascortesdeluz.org, los ciudadanos se pueden suscribir a esta iniciativa ciudadana que pretende poner fin a los abusos de las compañías eléctricas y a los cortes de luz indiscriminados por pobreza energética.
En la actualidad, más de cinco millones de españoles sufren pobreza energética y reconocen que no pueden sufragar el gasto para mantener caldeadas sus viviendas durante los meses de frío invernal. El reciente caso de la muerte de una anciana en la localidad de Reus que se alumbraba con velas al tener cortada la luz desde dos meses antes sin que ninguna administración pública ni tampoco la compañía eléctrica se hagan responsables de este trágico suceso ha elevado considerablemente el malestar en numerosas organizaciones sociales. También Podemos ha emprendido acciones de distinto tipo para visibilizar este problema.
Las organizaciones que han impulsado esta iniciativa son: Alianza contra la Pobreza Energética, Amigos de la Tierra, Asgeco, Attac, CCOO, CGT, Ecologistas en Acción, FACUA-Consumidores en Acción, Frente Cívico Somos Mayoría, Fundación Internacional de Derechos Humanos, Greenpeace, InspirAction, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Red de Solidaridad Popular, Somos, UGT, Unccue, USO y WWF.
A través de la web nomascortesdeluz.org los impulsores de esta iniciativa pretenden recoger firmas para remitirlas a los partidos políticos, que han sido invitados al proyecto ciudadano.
MANIFIESTO #NOMÁSCORTESDELUZ
Reclamamos la paralización de los cortes de luz a familias con problemas económicos. Queremos poner fin a los abusos que afectan a un servicio esencial, por lo que exigimos al Gobierno que regule una tarifa asequible a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos y una auténtica tarifa social para familias con bajos niveles de renta.
Desde el estallido de la crisis en 2007 la pobreza energética se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos en España, al haberse sumado al desempleo y a la reducción de salarios una escandalosa subida de la tarifa eléctrica.
7 millones de personas tienen dificultades para pagar la factura de la luz y más de 5 millones se quedarán sin calefacción durante este invierno. Aunque cada año mueren en España más personas por falta de suministros en sus hogares que por accidentes de tráfico, los afectados por la pobreza energética siguen siendo invisibles.
Causa importante de esta grave situación se encuentra en los aumentos indiscriminados de las tarifas de la luz. Tan sólo en los últimos seis meses, el recibo se encareció en un 25%. Las grandes compañías se niegan sistemáticamente a realizar una auditoría que permita determinar los costes reales de la producción eléctrica y promueven un sistema que favorece la especulación. Es imprescindible que haya mayor transparencia para poder acabar con los abusos en la factura eléctrica.
Las tres mayores eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios desde el inicio de la crisis, mientras sostienen una deuda millonaria con la ciudadanía. Entre 1998 y 2006, las grandes eléctricas cobraron ilegalmente más de 3.500 millones de dinero público en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
Las dos sentencias dictadas el pasado octubre por el Tribunal Supremo por las que se anula el sistema de financiación del bono social evidencian el fracaso del actual modelo energético, obligando a los usuarios a indemnizar a las eléctricas con más de 500 millones.
Además, el actual bono social no soluciona el problema de la pobreza energética, ya que sigue suponiendo una tarifa muy elevada y ni siquiera se aplica por criterios de renta. Se trata de una medida meramente cosmética que ha dejado fuera a dos terceras partes de las personas afectadas, a la vez que subvenciona a hogares con rentas altas.
Por su parte el oligopolio eléctrico ha abusado de su situación de privilegio vulnerando los derechos de los consumidores. Necesitamos acabar con la dramática situación de pobreza energética que viven millones de personas en nuestro país.
Resulta urgente que España respete los compromisos adquiridos en el marco internacional y garantice el cumplimiento del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Observación general Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según las cuales un nivel de vida digno requiere de una vivienda adecuada con acceso a suministros básicos como luz, agua y calefacción.
Del mismo modo necesitamos que se cumpla la legislación europea sobre suministro eléctrico, que obliga a los Estados miembros a proteger a los usuarios vulnerables y a prohibir los cortes de luz en periodos críticos (artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009).
Por lo expuesto reclamamos:
- Prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.
- Fin a los abusos tarifarios. Aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.
- Creación de una auténtica tarifa social. Sustitución del actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.
- Reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
- Auditoría al sistema eléctrico. Realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas.
- Aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.
Las electricas son unas chupasamgres ,No crean contadores aténticos para que sepamos lo que consumimos porque no les interesa y nos roban a mansalva,.
Por si fuera poco los grades partidos lo consienten y, por eso luego les ofrecen puestos de trabajo como cosejeros delegados y, si tienen que echar a 100 personas para pagarles se las echa . Este es un motivo entre otros muchos, por lo que ya no podemos confiar en el PSOE que de honradez ya le queda poco y cuado hay alguno que quiera limpiar al partido –y no lo digo por el señor Sanchez-o bien le echan con malas artes o, le dan un puesto donde no moleste.
Es una pena como van quedando España estos buitre desalmados, avariciosos e insaciables con la ayuda de esos traidores que estan destrzando lo poco que queda de progresismo en el PSOE, empezado por el tridor del señor Gonzales