Un informe oficial de la Cámara de Cuentas concluye que la Sanidad privada no supone ahorro ni mejora de las prestaciones. Los dirigentes políticos que defendían la privatización de la sanidad pública incidiendo en el ahorro de costes se quedan sin argumento. Entre otros, Esperanza Aguirre y su sucesor, Ignacio González.

La Cámara de Cuentas asegura que “se desconoce en base a qué criterios se tomaron estas decisiones  ni el supuesto ahorro o mejora de la prestación de la cobertura sanitaria”. La Comunidad de Madrid no ha aportado en una década ningún informe o estudio con datos que avale su principal tesis para llevar a cabo la privatización sanitaria: una mayor eficiencia en el gasto público

El mismo informe, certifica que estos hospitales derivan a los pacientes que requieren hospitalización a centros públicos. En Madrid hay cuatro hospitales de gestión privada, un modelo que se importó de la Comunidad Valenciana, el llamado modelo Alzira. Los cuatro centros están en régimen de concesión, es decir gestionados por empresas a las que paga la Consejería de Sanidad por prestar el servicio. Son el Infanta Elena (Valdemoro), el de Torrejón, el de Villalba y el Rey Juan Carlos (Móstoles); todos impulsados cuando dirigía la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

Además, otros seis se montaron con un sistema de semiprivatización en el que se cedió la gestión no sanitaria del centro a la concesionaria que levanta el edificio a cambio de un canon anual. En diez años se ha pagado más de 1.550 millones a esas concesionarias en concepto de este canon, según datos recogidos por la Cámara de Cuentas.

La Cámara de Cuentas insiste en que, además de no haber pruebas de ahorro ni eficiencia de este modelo, la gestión por concesionarias y el canon comprometido con las sociedades que construyeron los seis hospitales que se pretendían privatizar genera unos gastos a la administración pública difíciles de calcular y, por tanto, existe “incertidumbre” sobre los costes finales. Al inicial se deben añadir los modificados, sumas obligadas por sentencia judicial o conceptos como las bonificaciones por ahorro energético (casi cuatro millones de euros).

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