Parece mentira que, en pleno siglo XXI, la blasfemia sea un delito en España. Muchos socialistas que hoy se indignan con la acusación al Gran Wyoming y Dani Mateo de blasfemia por cagarse en la cruz del Valle de los Caídos fueron los mismos que, en el año 1995, promulgaron-con la abstención electoralista del PP- el Código Penal que tipifica la blasfemia como delito y algunos, como Margarita Robles, celebraron la promulgación del código penal, al ritmo de salsa de Caco Senante, en una fiesta hortera que organizó, en el Palacio de Parcent de la calle San Bernardo de Madrid , el arrogante viceministro Belloch.
Ese código penal que celebraron, a ritmo de salsa, Belloch y Margarita Robles tuvo como resultado llenar las cárceles de presos, incluyendo a más de mil jóvenes que se negaron a realizar el servicio militar. En realidad no había nada que celebrar y así lo hicimos público varias personas en un manifiesto, encabezado por Gonzalo Martinez-Fresneda, publicado en EL PAIS el 8 de junio de 1996, donde denunciábamos el carácter reaccionario de ese Código Penal. En efecto, en ese manifiesto se decía lo siguiente:” Arrastrada una vez más al terreno de la polémica que le interesa a la derecha política, la izquierda en el gobierno no fue capaz de plantear el verdadero debate: qué penas, para qué conductas, con qué resultados y qué alternativas. Instalada en esa impotencia, la iniciativa legisladora se ha querido justificar con algunas pocas pinceladas progresistas, por las que además ha pagado su peaje(..) pero muchas disposiciones ominosas de este Código Penal se han colado en silencio,(..) . Mientras juzgar y condenar sea inevitable para la sociedad, la elección de los hechos considerados punibles y de su castigo implica una opción política fundamental que no se puede dar por sentada y que en este caso no diferencia sustancialmente al Código nuevo del Código viejo”.
Incluso, en algunos aspectos, en el Código Penal de 1995, se produjeron, en relación a la última reforma penal que realizó el franquismo en 1973, regresiones. Por ejemplo, mientras en la reforma del código penal franquista la blasfemia se circunscribía a los lugares y actos de culto, en el Código penal de la “democracia” la blasfemia- ahora escondida bajo el término de “ofensas a los sentimientos religiosos”-, se extendía a cualquier lugar o medio. En efecto, las penas por blasfemia en el código penal de la democracia son sorprendentes:
Articulo 525
“ 1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.”
La profanación-otro curiosísimo delito-, en los artículos 523 y 524 , incluso está más condenada que la blasfemia con penas de ¡seis meses a seis años!.
Estos socialistas que hoy se indignan con la acusación contra el Gran Wyoming ayer aplaudían a rabiar estas reaccionarias tipificaciones. El bipartidismo también ha funcionado en España para el ámbito de los derechos civiles y las libertades públicas. Si la blasfemia es un delito en España es porque nadie se ha atrevido a quitar esas tipificaciones en el código penal y además al mantener la blasfemia se mantiene la censura ya que los medios de comunicación se abstienen de hacer mofa de la religión. Cuando Dani Mateo declara que “no quería ofender a nadie” ya está censurándose. ¿Acaso no se puede criticar a una religión? ¿Acaso tenemos que comulgar, por ejemplo los no creyentes, con los dioses y sus encarnaciones? ¿Acaso no nos podemos reír de Mahoma, de Jesús o de Buda?
El decoro con la religión en España es ridículo; hasta el alcalde de Cádiz, José María González, de Podemos, ya tiene previsto condecorar a una Virgen. La comisión de honores del ayuntamiento de Cádiz aprobó la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a la Virgen del Rosario, patrona de Cádiz. Los votos de Podemos se unieron a los de PP, PSOE y Ciudadanos, con la única abstención de IU. Juan Carlos Monedero, con la buena fe de apoyar a su compañero, lo ha justificado, desde el diario Publico, con argumentos de una beatería popular que roza la ñoñería social-falangista (“Porque la Virgen de los humildes, aun siendo cierto que trabaja más tiempo para los poderosos que para los pobres, ayuda a que los golpeados imaginen la vida un poco menos miserable. Y eso, nos guste más o menos, hay que respetarlo”). No, querido Monedero, de ninguna manera. Las instituciones públicas deben mantener un laicismo sin más. No reconocer a las religiones es el elemento esencial del laicismo y los nuevos ayuntamientos lo que deben impulsar es el laicismo y no la beatería. Lo mismo hace Carmena desde el Ayuntamiento de Madrid apoyando a la religión católica siempre que tiene ocasión y participando en sus liturgias con el cardenal Osoro.
Algunos alcaldes, como el de Santiago, mostrando un coraje fuera de lo común, y ¡en una ciudad como Santiago! se ha adherido a la Red de municipios laicos , iniciativa de Europa Laica, que busca crear una red de municipios en apoyo del laicismo en los ayuntamientos. Lo mismo se puede decir de Mónica Oltra que se ha enfrentado a las monjas capuchinas y está exigiendo que la gestión de los centros de menores tutelados sean de gestión pública y no como ahora que están cedidos a las organizaciones religiosas y a las sectas. Esta actitud contrasta con el ayuntamiento de Madrid que, en este mismo mes de enero, ha dado al Padre Ángel 600.000 euros para arreglar, eso dice él, colegios en Haití.
En España vivimos un momento político de exigencia de democracia; el surgimiento y éxito de alianzas electorales como Unidos Podemos y otras además del proceso constituyente en Cataluña, todo ello presiona por algo nuevo pero cada vez que un ayuntamiento condecora a tal o cual virgen nos alejamos de ese anhelo popular de cambio y regresamos a la vieja política y al conservadurismo. El laicismo es esencial en los cambios por venir. No es algo secundario es algo esencial para la democracia como lo son las garantía de las libertades individuales o la separación de los poderes.
