Tal y como informamos en Diario16, la Audiencia Provincial de Oviedo estimó que no está probada la falsedad contable en el lanzamiento de la ampliación de 2016. «No es posible reputar acreditado que los datos económicos y financieros recogidos en el folleto contengan inexactitudes», indicaba la sentencia en referencia a la falsedad contable. Sin embargo, esta sentencia tiene otra lectura desde el punto de vista procesal, sobre todo si nos referimos a la instrucción que el juez Andreu está haciendo del Caso Banco Popular. En la actualidad hay dos vías importantes de investigación: la relacionada con las querellas presentadas contra la ampliación de capital y las que van contra la gestión de Emilio Saracho y el papel jugado por el Banco Santander. La Audiencia Provincial de Oviedo, en su sentencia, indica a Andreu hacia dónde debería apuntar sus esfuerzos, además de dejarle en mal lugar tras la admisión a trámite de querellas orientadas a culpar de la caída del Popular a una presunta falsedad contable que quienes, por una razón u otra, pretenden centrar la búsqueda de responsabilidades en los gestores que lanzaron la ampliación de capital de 2016.

Tanto el BCE, la JUR, Deloitte, el Banco de España, la CNMV o el propio Santander han dejado claro que la caída del Popular fue causada por una grave crisis de liquidez iniciada en el segundo trimestre de 2017, es decir, durante la gestión de Emilio Saracho. ¿Esto no lo está teniendo en cuenta Andreu? La Audiencia de Oviedo se lo ha dejado claro. ¿A qué está esperando el juez de la Audiencia Nacional para llamar a declarar a Emilio Saracho? Su instrucción está generando que se ponga en duda a la propia Justicia española que ya está bastante tocada por la actuación del Tribunal Supremo con el Procés, algo que está poniendo en peligro a la propia democracia española porque los ciudadanos tienen al tercer poder como el lugar donde protegerse de los abusos del poder. Un ejemplo de las dudas en la Justicia lo tenemos en Andorra, un pequeño país que va a procesar a los ex ministros venezolanos que se enriquecieron con la corrupción de PDVSA, mientras en España se les protege cuando están realizando grandes inversiones, comprando empresas de todos los sectores, con el dinero procedente del expolio al pueblo venezolano o se les llena de prebendas políticas y empresariales, tal y como ocurre en Ávila cada vez que Rafael Ramírez se hospeda en el mejor hotel de la capital abulense. ¿Cuándo va a actuar la Justicia contra estos venezolanos corruptos que, por cierto, están perseguidos por países como Estados Unidos?

Por otro lado, sentencia del máximo órgano judicial asturiano deja también en mal lugar tanto a algunos despachos de abogados como a algunas plataformas lideradas por grandes accionistas que han perdido mucho dinero, como el señor Revuelta.

En referencia a los despachos de abogados, nos encontramos a dos tipos que quedan en evidencia con la sentencia de la Audiencia de Oviedo. En primer lugar, los que tienen conflicto de interés con el Santander y se lo ocultaron a las decenas de miles de afectados que acudieron a ellos. El caso más significativo de este tipo de bufetes es Cremades & Calvo Sotelo quien creó una plataforma con gran aceptación entre los arruinados del Popular por el prestigio del despacho, pero ocultándoles que tenía conflicto de interés con el Santander, algo que reconoció en Almería. Esto podría ser calificado de una presunta irregularidad y, según ha podido saber Diario16, varios afectados están planteándose demandar a Cremades por este motivo. Esta ocultación podría ser lícita pero, desde luego, no es ética porque se jugó con la desesperación de quienes lo perdieron todo en la madrugada del 7 de junio. Por cierto, ¿es casualidad que sea Cremades quien defienda los casos espurios de los bolichicos venezolanos que viven en Madrid y que son socios tanto del ex presidente de PDVSA como de sus familiares corruptos y que, igualmente, están cercanos, incluso, al Banco Santander? No existen casualidades de esta índole y tendremos tiempo de demostrarlo publica y jurídicamente.

En segundo término, nos encontramos con ciertas plataformas encabezadas por grandes accionistas que han perdido varios millones de euros por la resolución del Popular que han pretendido captar a afectados con el argumento de la falsedad contable y la ampliación de capital de 2016. La sentencia de la Audiencia de Oviedo ha destrozado su estrategia, no sólo por dejar muy claro que esa presunta falsedad no está demostrada, sino en que el paralelismo que pretendieron realizar con el Caso Bankia está injustificado. El caso de la plataforma de Félix Revuelta es significativo. Pretendieron llenar los juzgados de demandas civiles para que el Gobierno se sintiera presionado como ocurrió con Bankia. La Audiencia de Oviedo ha destrozado esta estrategia. Además, deja en evidencia las plataformas de accionistas minoritarios lideradas por grandes accionistas. Estas uniones de afectados deben estar encabezadas por iguales porque, en proporción, el señor Revuelta ha perdido menos que un pequeño empresario, un trabajador del banco o un pensionista.

Caso Banco Popular: la Justicia da la razón a Diario16

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7 Comentarios

  1. De momento, hasta que no se ponga el sello final al peritaje que están haciendo los inspectores del BdE a las cuentas de popular en la Audiencia Nacional, no se puede decir mucho, no se puede asegurar desde ya que no van a dictaminar que hubo falsedad en las cuentas. Félix Revuelta y su plataforma han tirado por ahí, pero también han tirado a la denuncia penal en la Audiencia Nacional, están personados, lo uno no quita lo otro, y dudo que este señor haya actuado con su plataforma de mala fé, lleva muchos años como accionista del popular y algo sabrá para sondear también esa vía. Otra cosa es que Diario16 tiene razón en los verdaderos culpables que señala, está clarísimo y cada día más, con el aplastante informe de S&P más claro, santander sabía que lo iban a resolver oficialmente desde el 22 de mayo, eso en papel, lo cual quiere decir que lo sabía bastante antes, de ahí la campaña mediática, los ataques brutales cuando se recuperaba algo la cotización, etc…sabían que entre todos lo iban a hundir y que era para ellos, con la ayuda interna de saracho y uría y menéndez….eso es una realidad clarísima, pero yo creo que los peritos del BdE por diferentes razones, pueden fictaminar finalmente falsedad, y entonces ya se verá…lo que dice esta sentencia de Oviedo es que por el momento no se puede dictaminar falsedad, con un dictamen de los peritos del BdE no podría decir eso esta sentencia…y eso, teniendo razón muy clara Diario16 y habiendo caido popular por ataque interior y exterior planeado.

  2. Literal, sacado de la página web de AEMEC.
    Les suena el nombre que figura en octavo lugar.

    Comité Científico
    D.Blas Calzada Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
    Ex -Director del servicio de estudios de la Bolsa de Madrid.
    D. Javier Cremades Secretario General de AEMEC. Presidente de CREMADES & CALVO SOTELO
    D Juan Fernández Armesto Ex Presidente de la Comisión Nacional del mercado de valores. Catedrático de Derecho Mercantil.
    D. Iñigo Gómez Jordana Socio director ALLEN & OVERY.
    D. Luís Martí Mingarro Ex-Decano del Colegio de Abogados de Madrid. Presidente de la Unión Iberoamericana De Colegio de Abogados (UIBA).
    D. Juan Ignacio Peinado. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga.

    D. Sebastián Albella Socio de LINKLATERS.

    D. Óscar Alzaga Villamil Socio de IBERFORO.
    D. Javier Juste Mencía Consejero de GÓMEZ-ACEBO & POMBO. Catedrático de Derecho Mercantil.
    D Juan Sánchez Calero. Catedrático de Derecho Mercantil. Socio del ESTUDIO JURÍDICO SÁNCHEZ-CALERO.
    D. Juan García Muñoz Socio de STAFF LEGAL ABOGADOS.
    D. Ángel Fernández-Albor. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela. Socio de CREMADES & CALVO-SOTELO.

  3. Santander, a la espera de un trámite interno de Economía para completar la fusión jurídica de Popular

    Inmediatamente después iniciará la integración tecnológica, la etapa más delicada de cualquier fusión bancaria.
    Banco Santander se mantiene a la espera de un trámite interno del Ministerio de Economía y Empresa para proceder a hacer efectiva la fusión jurídica con Banco Popular, proceso iniciado hace ya cinco meses, y que se espera que se complete “pronto”, según fuentes gubernamentales.
    “El proceso está muy avanzado, en principio no tiene por qué haber ningún problema para proceder a otorgar la autorización”, han precisado las mismas fuentes.
    De igual modo, según la información que manejan sindicatos, la integración jurídica se hará efectiva esta misma semana, mientras que la tecnológica, que incluye la migración de clientes, se iniciará posteriormente a la legal, y finalizará en febrero de 2019.
    Los consejos de administración de Santander y Popular acordaron el pasado 23 de abril aprobar y suscribir el proyecto común de fusión por absorción de este último por la entidad que preside Ana Botín. Una vez se ejecute, Santander adquirirá, por sucesión universal, la totalidad de los derechos y obligaciones de Popular.
    La Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, establece que la cartera económica del Gobierno es la institución encargada de dar ‘luz verde’ al proceso de integración legal tras una fusión.
    Desde que Santander presentó la escritura de fusión, el Ministerio de Economía y Empresa, actualmente bajo el mandato de Nadia Calviño, ha debido recabar una serie de informes de organismos como el Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), antes de proceder a dar el visto bueno a la operación.
    Integración tecnológica
    El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, aseguró en la última junta de accionistas que la entidad se encontrará “lista” para acometer la integración tecnológica de Santander y Popular en España “inmediatamente” después de que termine el proceso de fusión legal.
    Esta etapa de la integración, que supone la más delicada y crítica de cualquier fusión bancaria dada su elevada complejidad, se hará oficina por oficina y de forma progresiva.
    Cabe recordar en este sentido la migración del sistema llevado a cabo por Banco Sabadell en su filial británica, TSB Bank, la cual se inició el pasado mes de marzo y seis meses después continúa dando problemas.
    La crisis causada en la entidad presidida por Josep Oliu a raíz de los problemas derivados por la integración tecnológica se ha hecho notar incluso sobre sus cuentas semestrales. El consejero delegado del banco, Jaime Guardiola, aseguró en la presentación de los resultados que el impacto ha ascendido a 226 millones de euros, de los que 92,4 millones de euros son provisiones para futuras compensaciones a clientes.
    Santander, no obstante, además de que ha asegurado en repetidas ocasiones que será una migración progresiva, cuenta con varios precedentes en lo que se refiere al acople de sistemas, como la integración de Banesto y Banif, lo que en principio le otorga la experiencia suficiente como para no incurrir en fallos.
    El grupo bancario con sede en Boadilla del Monte contaba con 32.398 empleados en España a cierre de junio de este año, distribuidos en casi 4.500 oficinas. En todo el mundo, la entidad cántabra tenía al término del periodo apuntado una plantilla de más de 200.000 trabajadores en casi 13.500 sucursales.

  4. La Audiencia zanja la polémica del Popular: los peritos no investigarán las cuentas de 2012
    La sección cuarta de la sala de lo penal considera que ampliar los hechos investigados haría del caso Popular un “caos procesal” y convertiría en procedimiento en una “causa general”

    Los Audiencia Nacional ha zanjado la polémica. Los peritos del Banco de España cedidos a la causa solo investigarán el periodo comprendido entre 2015 y 2017, según un auto de la sección cuarta de la sala de lo Penal al que ha tenido acceso Vozpópuli que rechaza los recursos de apelación interpuestos por la OCU y otras acusaciones particulares.
    Los magistrados que componen la sala, presidida por la magistrada Ángela Murillo, consideran que ampliar la causa hasta 2012, como habían pedido las acusaciones en sus recursos, convertiría el procedimiento en una “causa general” que haría del caso Popular un “caos procesal” de consecuencias “imprevisibles”.
    “El recurso de apelación formulado no puede prosperar, pues suscribe este Tribunal los razonamientos del Instructor y del Ministerio Fiscal acerca de la falta de necesidad, inutilidad y reiteración que conlleva la práctica extensiva de la diligencia de investigación pericial”, reza el auto.
    Los dos peritos que trabajan para Fernando Andreu, instructor de la causa, son Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo. Ambos son cercanos a la cúpula del Banco de España y se pronunciarán sobre tres cuestiones: si el folleto de la ampliación de capital ofrecía la imagen fiel; el análisis de todas las cuentas de 2016 y la reexpresión de 2017; y el precio en la venta de sociedades participadas.
    “No hay motivos relevantes”
    En concreto, los peritos tendrán que profundizar principalmente en tres aspectos: si el ladrillo estaba correctamente provisionado a comienzos de 2016, cuando se amplió capital; las últimas cuentas de Ángel Ron al frente del banco, de finales del año pasado; y si Emilio Saracho actuó correctamente al reexpresar estos estados financieros.
    La sala considera que no existen “motivos relevantes” que conduzcan a la pretendida ampliación de la investigación de los peritos, ya que creen que los márgenes del caso son lo “suficientemente amplios” para conceder a los inspectores del Banco de España “libertad de criterio”. De hecho, reiteran que los peritos disponen de un “amplio margen de actuación”.
    En cualquier caso, a pesar de la decisión de la Audiencia Nacional de limitar la investigación de los inspectores del Banco de España, todos aquellos perjudicados que eran titulares de acciones o bonos de Populardurante los hechos investigados, independientemente del momento en el que suscribieran los títulos, podrán personarse en la causa.
    Desde Unive Abogados, cuestionados por el alcance de la decisión, recuerdan que “todos los afectados que mantuvieran acciones, bonos u obligaciones subordinadas durante el período investigado son posibles perjudicados, puesto que estos hechos también pudieron causar un perjuicio en el valor de sus títulos, independientemente de la fecha de adquisición o de si adquirieron dichos títulos en la ampliación de capital o no”.
    Prolonga el secreto de los papeles del BCE
    Además, el juez Andreu ha decidido este viernes prorrogar por segunda vez, y por el plazo de un mes, el secreto de sumario respecto a la pieza separada que investiga la documentación remitida por el Banco Central Europeo (BCE).
    En esta documentación se encuentra el informe resultante del Programa de Supervisión Ordinaria por el que el organismo que preside Mario Draghi detectó un agujero de más de 3.700 millones de euros en Banco Popular.
    Estas inspecciones pusieron de manifiesto que la entidad no estaba lo suficientemente saneada tras la ampliación de capital de junio de 2016, el objeto central de la investigación, por lo que son clave para el devenir del caso. El empresario mexicano Antonio del Valleestá presionando para que esta documentación salga a la luz lo antes posible

  5. Hola,buyenos dias,si las cosas estan muy claras ya estaban desde un principio.pero cuando y quien toma las medidas necesarias para que nos,compensen de lo que nos han robado,es que no hay organismo que mueva esto,si no lo mueven nunca que va a pasar,por lo que estamos viendo aqui nadie se mueve,MOVILIZEMONOS,A QUE ESTAMOS ESPERANDO,vayamos a madrid,mas de un millon de personas y paralicemos la actividad ciudadana,para que sepan que estamos AHI,ESPERO RESPUESTAS POSITIVAS

    • Hay que poner día y hora y que den apoyo al acto y propaganda del mismo las asociaciones y bufetes que aglutinan a afectados. Es super loable y muy de agradecer y si yo viviera en Madrid y pudiera ahí estaba, pero bo se puede pretender poner una manifestación/concentración un día entre semana y sin apoyo explicito de plataformas y pretender que vayan 100.000, así es imposible juntar la máxima gente posible. Sin embargo un fin de semana y con el apoyo de las plataformas, autobuses concertados, etc…así sí que podríamos ir muchos. A ver si alguna plataforma se anima a lanzar la marcha.

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