El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar en calidad de Investigada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, , “por su participación en el proceso de licitación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid del año 2009”.

Se trata de la adjudicación de un contrato de cafetería al grupo Cantoblanco en el año 2009 por parte de la Asamblea de Madrid cuando ella era la presidenta de la mesa de contratación y el presidente del grupo era Arturo Fernández, expresidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM)

En una providencia fechada este miércoles el magistrado también cita a declarar en calidad de investigada para el próximo 18 de octubre a la entonces responsable de los servicios jurídicos de la Asamblea madrileña, Tatiana Sonsoles Recoder, “por su participación en el proceso de licitación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid del año 2009”.

Después de que el pasado 27 de marzo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga el ‘caso Púnica’, emitiera un informe señalando la posible comisión de dos delitos por parte de Cifuentes el juez no había adoptado ninguna medida al respecto.

En ese momento, el juez que llevaba el caso, Eloy Velasco, estaba a punto de abandonar el Juzgado Central de Instrucción número 6 para llegar como magistrado a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Olvidó el asunto. Además, el fiscal jefe de Anticorrupción era, Manuel Moix, quien no era muy favorable a investigar a Cifuentes.

Sin embargo, ahora hay un juez nuevo, Manuel García Castellón, y un fiscal jefe de Anticorrupción renovado, Alejandro Luzón y los investigadores han decidido reactivar la investigación por aquella por vincular al empresario, Arturo Fernández, a su vez investigado por financiar irregularmente al PP de Madrid.

La UCO llegó a realizar hasta dos informes señalando la presunta comisión de los delitos de prevaricación y cohecho por parte de Cifuentes. En sus escritos, los investigadores explican que hay indicios que indican que la adjudicación de los contratos del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011, “pudo ser decidida de antemano”.

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