La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por cinco magistrados y con el voto en contra de, José Ricardo de Prada, rechaza los recursos de apelación presentados por Sánchez y Cuixart y considera que existen riesgos de fuga y de reiteración delictiva, por lo que resulta necesario mantener la medida de prisión incondicional adoptada por la titular del Juzgado Central de Instrucción 3, Carmen Lamela, el pasado 16 de octubre.

En el auto relativo a Cuixart, la Sala rechaza que haya desaparecido el riesgo de fuga pese a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, tal y como sostenía el presidente de Omnium en su recurso. “No es ese el criterio del Tribunal, que, sin negar tal circunstancia, lo que no comparte es que ese riesgo de fuga haya desaparecido, por cuanto que el hecho de que parte de quienes tienen una presumible y muy relevante participación en el proceso sedicioso que nos ocupa, con quienes son innegables las afinidades del sr. Cuixart, se encuentren huidos en el extranjero, más que ser un factor que minimice ese riesgo de fuga, puede suponer una potenciación del mismo, en la medida que siempre le resultará más fácil encontrar refugio entre ellos, si decide abandonar España”.

Respecto al riesgo de reiteración delictiva, remarcan las escasas garantías de que puesto en libertad, Cuixart “no vaya a seguir en la misma actitud de franco y no pacífico enfrentamiento que hasta el momento ha venido mostrando, amparándose en la cobertura que le puede ofrecer la legalidad de esa asociación que preside, pero prestando su relevante colaboración en una hoja de ruta orientada hacia el mismo e ilegal proceso secesionista que constituye objeto principal de investigación en la presente causa”.

El auto relativo a Jordi Sánchez subraya el “minucioso” y “detallado” auto de prisión de la instructora, que, dice, no deja lugar a dudas respecto a la participación del investigado en los sucesos de los días 20 y 21 en los que su actuación estaba orientada a impedir la aplicación de la ley y las resoluciones judiciales dictadas por una autoridad en el seno de un procedimiento judicial, como medio para impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de un república catalana, independiente de España, contraviniendo con ello, la Constitución Española.

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